Correos es un servicio público que lleva funcionando algo más de 300 años. Es ese carácter de servicio público lo que se está queriendo cambiar de un tiempo a esta parte, por medio de diferentes jugadas. Primero hay que dejar claro que el sector postal está inmerso en un proceso de privatización a nivel europeo desde la década de los 60. Diferentes áreas del sector se han ido liberalizando, primero con timidez y actualmente sin tapujo alguno.
En el Estado español los hitos fundamentales de este proceso, que aún sigue abierto, serían los siguientes:
– En 1992 pasa de ser la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones a transformarse en un Organismo Autónomo de carácter comercial, es decir, queda sustituido en sus cimientos el principio de servicio público por el principio de rentabilidad económica.
– Cinco años después, en 1997, pasa a considerarse “entidad pública empresarial”.
– En junio de 2001, por medio de la Ley 14/2000 de 29 de diciembre, estrena nueva forma de gestión y nuevo régimen jurídico: la Sociedad Estatal Mercantil, Sociedad Anónima.
¿Qué significa eso? Correos cuenta con financiación pública, y aunque la gestión sea autónoma el 100% de sus acciones pertenecen a la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, un órgano dedicado a rentabilizar las empresas públicas. Es una pieza clave en el proceso de privatización de empresas públicas y en la mayoría de ocasiones ese ha sido el resultado final de su gestión. Repsol, Telefónica, Endesa… la lista es bastante extensa y fácilmente accesible para quien quiera comprobarla. La SEPI está controlada por el Ministerio de Fomento.
– El siguiente paso en este proceso privatizador se da en 2008 con la aprobación de la Directiva 2008/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 20 de febrero. Esta directiva se transpone en el Estado español en 2011 mediante la aprobación de la Ley del Servicio Postal Universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal.
Correos pasará a llamarse Grupo Correos, e integrará las cuatro empresas que ya tenía: Correos como la matriz y Correos Express (paquetería), Nexea (publicidad) y Telecom (infraestructura para telecomunicaciones) como filiales. Desde entonces es evidente un giro en la comunicación interna y pública en Correos, utilizando una jerga puramente empresarial que refleja lo que los y las trabajadoras ya estaban viviendo: el cambio de paradigma, de servicio público que buscaba cubrir unas necesidades comunicativas básicas, a negocio que compite de formas variopintas por hacerse con el comercio electrónico.
Ese concepto del Servicio Postal Universal (SPU), regulado por la mencionada Ley, se define como “el conjunto de servicios postales básicos mínimos de calidad disponibles a todos los habitantes de un territorio estatal en todo momento, en cualquier lugar y a un valor asequible”. En el Estado español el SPU dice que toda persona debe tener garantizadas las comunicaciones postales a diario de lunes a viernes. Correos es el operador postal designado por el Estado para garantizar el SPU, y por ese motivo se le dan una serie de facilidades (por ejemplo, poner buzones en las aceras) y una cantidad de dinero cada año, ya que se entiende que hay zonas que no son rentables de repartir (por ejemplo, pueblos poco poblados). Esa designación de Correos se revisa periódicamente, estando vigente la actual hasta diciembre de 2025. Esto quiere decir que, llegada esa fecha, el Estado tendrá que decidir si amplía el plazo o cambia los términos del acuerdo, por ejemplo, designando a otro operador postal para realizar parte o todos los servicios postales básicos.
Desde hace unos años, los rumores y las declaraciones sobre la privatización de Correos han sido continuos. El sector postal se nos presenta en los medios como decadente, nos repiten mucho que la carta está en vías de extinción y la paquetería y el comercio electrónico parecen la única salida. Correos suele aparecer en prensa como un organismo obsoleto en descomposición. De hecho, aunque el propio Correos asume el discurso de que la paquetería es el único futuro posible, en vez de reforzar este servicio, deriva la mayor parte a Correos Express, cuya plantilla tiene unas condiciones laborales evidentemente más precarias.
Y como no podía ser de otra forma, todo este proceso viene acompañado de recortes en la plantilla de Correos y de precarización de sus condiciones. A día de hoy, un tercio de la plantilla de Correos está trabajando con contrato temporal, con contratos ridículos de uno o dos meses, o incluso semanas o días. También en los últimos años ha crecido la proporción de contratos a tiempo parcial, gente que hace 4 horas y a la que presionan y exprimen a tope.
“Sin ir más lejos, de cara al próximo examen de consolidación de empleo, alrededor de un 26% de las plazas ofertadas en Madrid, son a tiempo parcial (hablamos de jornadas de 4 y 5 horas diarias o para trabajar fines de semana y festivos), siendo en algunos puestos base muy superior la cifra de plazas parciales que a jornada completa. Una expansión de la precariedad destinada a degradar, cada vez más, las condiciones generales, dificultar la organización de los trabajadores y extender la división dentro de una plantilla empobrecida y con menor capacidad de autonomía”, denuncia Mario Murillo, trabajador de Correos, en lamayoria.online
Ahondando en este proceso de recortes y precarización, en 2016 y ahora en 2020 la directiva ha aplicado una “reestructuración” consistente en la reducción del número de secciones en las que se dividen los distritos, eliminando así puestos fijos y aumentando la carga de trabajo.
Comienzan las movilizaciones
Desde hace varios años y como consecuencia del deterioro de la calidad del reparto por parte de Correos, los trabajadores del distrito 38, en Puente de Vallecas, vienen reivindicando la contratación del personal necesario para ofrecer a los vecinos un servicio, como es el SPU, que obliga a Correos a efectuar la entrega de envíos de lunes a viernes y a la vez garantizar la seguridad de los carteros, tanto física como de custodia de envíos.
Hace unos años comenzaron a asignar a los trabajadores lo que llaman “contingencias”, esto es, partes de otras secciones que deberían cubrir además de su sección habitual. Esto supuso una sobrecarga de trabajo que imposibilitaba cumplir con el reparto diario completo (incumpliendo así el compromiso de Correos con los usuarios). Por otro lado, tras el comienzo del reparto de paquetería, Correos comenzó a hacer responsables a los trabajadores de los robos que hubiera, tanto a nivel laboral como económico.
Todo esto comenzó a crear un clima de protestas que derivó en 31 días de huelga en Majadahonda en el año 2015, apoyada por CGT y abandonada por los sindicatos mayoritarios, molestos por la auto-organización de los trabajadores. Este fue el punto de partida de varios paros convocados en numerosos distritos de Madrid, si bien solo tuvieron seguimiento masivo y de continuidad en dos o tres distritos, especialmente en el 38.
En el año 2016 la empresa llevó a cabo la primera de las mencionadas “restructuraciones”, eliminando 4 secciones en el distrito (que fueron absorbidas por el resto de las existentes), suprimiendo así 4 puestos de trabajo y sobrecargando al resto de trabajadoras, lo que hacía imposible poder repartir a diario la correspondencia a todos los vecinos.
Menos de un año después, volvieron a intentar asignar contingencias a los trabajadores, pero los paros en el 38 lograron durante un tiempo frenar las contingencias: la empresa sabía que si daba contingencias, habría paros, por lo que terminaban contratando personal para cubrirlas.
Sin embargo, al poco tiempo los sindicatos mayoritarios firmarían con la empresa un vergonzoso acuerdo por el cual la empresa se comprometía a cubrir solamente el 75% de las ausencias (por bajas, vacaciones, excedencias, etc.) en invierno y un 65% en verano. Este acuerdo dinamitó por completo las reivindicaciones de los trabajadores. Fue una traición absoluta hacia los trabajadores por parte de estos sindicatos.
El conflicto actual en el distrito 38
La asamblea autogestionada de trabajadoras del distrito 38 ha conseguido perdurar en el tiempo a pesar de los cambios en la plantilla y de las presiones de la jefatura, por lo que se han visto un poco mejor preparadas para enfrentarse al endurecimiento de las condiciones de trabajo que llegó con el comienzo de 2020.
Desde enero del año pasado, las contingencias comenzaron a ser diarias, con la orden directa de sacar absolutamente todo a reparto de su sección y de lo que les asignen de otras. Esta obligación responde a una estrategia de Correos de hacer estadística 0 a diario, que quede reflejado que cada día sale todo el correo a reparto para así justificar que la disminución de personal no afecta a la calidad del servicio.
Ante esta situación, comenzaron a convocarse nuevamente paros para exigir la contratación necesaria, que tuvieron como represalia las sanciones ejemplarizantes a dos trabajadores por, según la empresa, no repartir envíos considerados prioritarios, a pesar de que habían recibido órdenes contrarias a esto y de que otros compañeros tuvieron el mismo proceder.
Además de los paros, la asamblea comenzó a presentar numerosos escritos a la jefatura reclamando contrataciones y quejándose del trato recibido por los trabajadores, e incluso escritos colectivos a la Inspección de Trabajo.
A partir de entonces el clima de trabajo se volvió insostenible, recibiendo constantemente órdenes contradictorias entre los jefes y cambios continuos en la operativa de trabajo, dejando a la plantilla en una situación de indefensión ante otras posibles sanciones.
En marzo, cuando comenzó el estado de alarma, al ser Correos un servicio esencial, los paros tuvieron que dejar de hacerse. Correos aprovechó para presionar todavía más a las trabajadoras ante la falta de personal ocasionada por las cuarentenas y la ausencia del personal más vulnerable, llegando a estar al 40% de la plantilla y sin realizar contrataciones. Además, las medidas de seguridad dejaron mucho que desear desde el principio, siendo Correos uno de los colectivos laborales con más contagios en la primera ola de esta pandemia.
Con el fin del estado de alarma, se retomaron los paros, pero esta vez fueron automáticamente desactivados por la empresa, que traía personal eventual de otros centros en turno de tarde. Esquirolaje de toda la vida. Por esto y por la ausencia de compañeros que disfrutaban de vacaciones de verano, los paros se vieron muy mermados.
La situación en el propio centro de trabajo también fue recrudeciéndose, continuando la dinámica de emitir órdenes contradictorias, no comunicar las decisiones relevantes a la plantilla, ejerciendo presión y desgaste especialmente sobre algunas trabajadoras (mujeres), etc. Además, a las dos sanciones iniciales se ha sumado otra, en octubre, a uno de los trabajadores ya sancionados anteriormente, por una acción que, según la asamblea, estaba aprobada por su superior y que además también fue realizada por otras compañeras el mismo día.
En este punto la asamblea decidió comenzar a utilizar la vía de los escritos de forma recurrente e intensiva, ante cada agravio que ocurriera. No solamente ante la jefatura, sino que también se presentaron 16 denuncias individuales a la Inspección de Trabajo desde el mismo centro.
El 10 de noviembre comenzó la huelga de paros parciales, consistentes en dejar de trabajar durante 3 horas, entre las 10:30h y las 13:30h. Esas horas son precisamente las reservadas al reparto, por lo que no se llegaba a repartir nada de correspondencia ordinaria y, de la paquetería, que es lo prioritario, se quedaban cientos de paquetes al día sin repartir, atascándose en poco tiempo las secciones.
Sin embargo, la reacción inicial de Correos fue eliminar tres secciones más (y los correspondientes puestos de trabajo), dejando unos recorridos irrealizables que no permiten en ningún caso hacer el reparto diario como estipula el SPU. Como era de esperar, la empresa también hizo todo lo posible para desactivar los paros, trayendo trabajadoras de otros distritos, aumentando la presión hacia los trabajadores eventuales, más vulnerables, y ofreciendo horas extra para preparar el trabajo de las secciones en huelga y dejarla así sin efecto.
A día de hoy, el conflicto continúa en la UR 38, intentando implicar a otros distritos y recabar apoyo popular para sumar fuerzas y conseguir que Correos cumpla con el compromiso que le corresponde como operador postal público.
Y de hecho, no están solas. En el mes de diciembre, cuando el habitual aumento de trabajo de las Navidades se ha sumado al que ya suponía la crisis pandémica (tanto por haberse disparado las compras online como por las ausencias que suponen las cuarentenas y bajas por Covid-19), las trabajadoras de Correos se han movilizado también en la zona del Vallès (Barcelona), en las Islas Canarias y en Algeciras, entre otros, contra las reestructuraciones, la falta de contratación y una carga de trabajo inasumible.
¿Y cómo está afectando todo esto al SPU?
Quizás como “usuarios” de Correos nos cueste darnos cuenta de la importancia que tiene este servicio público, pero lo cierto es que la tiene, y mucha. Tanto para multitud de gestiones con las administraciones públicas que se facilitan desde Correos (solicitudes de prestaciones o cualquier tipo de gestión a través del correo administrativo, más aún a día de hoy cuando los trámites presenciales se han visto limitados por la pandemia), como para la recepción a tiempo de comunicaciones relevantes de entidades públicas, desde el recibo del IBI a otras aún más importantes.
Hace poco hemos tenido un ejemplo muy sangrante de esto. El Ministerio de Trabajo envió el 6 de noviembre cartas informativas sobre la ayuda de tres meses para personas en paro que hubieran agotado su prestación durante la pandemia. El plazo para solicitar esta prestación terminaba el 30 de noviembre, pero mucha gente recibió la carta pasada esa fecha y por tanto no pudo solicitarla, según denunciaba en diciembre Eldiario.es.
Más recientemente, Correos saltaba nuevamente a los medios con una muestra más de que los recortes y la precarización laboral no son imaginaciones de sus trabajadores. Tras una denuncia de CGT Madrid, la Inspección de Trabajo sancionó en enero a Correos por haber dado de baja a 722 trabajadores temporales durante las festividades de Navidades y Semana Santa para ahorrarse los salarios y las cotizaciones a la Seguridad Social. Si bien la sanción impuesta es ridícula (6.000€ además de las cotizaciones debidas), esta pequeña victoria al menos demuestra las lamentables prácticas de empresario pirata que Correos lleva tiempo haciendo suyas.
Puedes seguir el conflicto desde la cuenta de Twitter @correosenlucha
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