Defender el Mar Menor, construir poder popular

Durante este mes de agosto, el Mar Menor, una de las lagunas saladas más grandes de Europa, por fin ha tenido un especial protagonismo en telediarios y periódicos a pesar de que lo ocurrido no ha sido más que otra crisis dentro de un largo proceso de agónica destrucción de este hábitat. Una vez más, miles y miles de peces y otros animales acuáticos muertos por anoxia, falta de oxígeno, fueron arrastrados a la orilla de las playas del Mar Menor. El excesivo calor de aquellos días, como hace dos años lo fue la entrada de un elevado caudal de agua dulce procedente de las riadas formadas por la gota fría, fue la puntilla a una laguna cuyo equilibrio se rompió hace ya tiempo por la acción de la agroindustria. Y realizamos esta afirmación con rotundidad pues la evidencia científica no deja lugar a dudas, el actual estado de las cosas es resultado de la acción de determinados compuestos químicos provenientes de abonos y fertilizantes así como de los residuos generados por las desaladoras que plagan el Campo de Cartagena, por mucho que afirmen las múltiples campañas del lobby agrícola, capaz de comprar páginas enteras en los periódicos locales o de tratar de desviar la responsabilidad hacia el sector turístico, que a pesar de no ser el actor principal en el actual escenario, genera otros múltiples problemas a nivel social, laboral y también sobre el territorio. Si no estuviera en juego la vida de nuestro mar interior, podríamos sentarnos y disfrutar de cómo las diferentes patronales y capitales se enfrentan entre sí cuando sus intereses entran en conflicto.

El principal grupo de presión, con fachada de Fundación, centra también su discurso en repetir de forma reiterada el carácter sostenible de esta industria, algo imposible pues tantas hectáreas de regadíos son totalmente insostenible en un área tan seca, así como en tratar de esconder que gran parte de los operadores presentes en el Campo de Cartagena son multinacionales agrícolas con capital extranjero (inglés, alemán, etc.) que concentran cada vez más tierras. La imagen romantizada del pequeño agricultor no existe desde hace ya muchos años en el Campo de Cartagena. La Región exporta producciones enteras que inundan los supermercados de los países del norte y centro de Europa. Aun así, la importancia de la agroindustria en la economía local es reducida, las empresas asentadas en el Campo de Cartagena no generan ni el 1% del PIB de la Región, según datos de las organizaciones ecologistas, y los beneficios acaban concentrados en los caciques locales y los inversores extranjeros mientras que los trabajadores, la mayoría migrantes, sufren interminables jornadas a cambio de sueldos raquíticos. Durante este 2021 hemos visto como las inspecciones laborales han sancionado a empresas agrícolas que pagaban poco más de 1 euro la hora o imponían jornadas de 12 horas al día.

Pero hay otras consecuencias de este ecocidio que no son medibles. La generación de nuestras madres y padres aun recuerda como cogían el FEVE, el “tren minero” que une Cartagena con Los Nietos, para disfrutar de una jornada de baño en el Mar Menor, cuando los caballitos de mar llenaban la laguna. Aun sus hijos disfrutamos de los últimos coletazos de este entorno único pero, en las dos últimas décadas, se ha encaminado a toda velocidad a convertirse en un fangal tóxico. El shock emocional que muchos de nosotros hemos vivido al ver las playas de toda nuestra vida convertidas en un enorme cementerio debe transformarse en acción política para evitar la parálisis fatalista. Debemos defender el Mar Menor como parte intrínseca de nuestra cultura popular, de la vida social de los pueblos de la zona y de nosotras mismas.

Durante el verano también pudimos comprobar el consenso generalizado entre la clase política autonómica y nacional para no alterar los privilegios de la agroindustria, polemizando sobre medidas superficiales, escenificando una falta de acuerdo para sostener cierto rédito frente a su electorado pero también para justificar una situación de parálisis. Demasiadas promesas hemos oído desde agosto por parte de la Ministra de Transición Ecológica y del Presidente de la Región y seguimos exactamente en el mismo punto.

La imagen que proyectan al resto del país los últimos resultados electorales, ciertas declaraciones de políticos locales, etc., sumado a la versión caricaturesca que se presenta de la Región, no transmite mucha esperanza sobre las posibilidades de un cambio que revierta la situación. Pero en los últimos años, las gentes del sureste peninsular han mostrado su capacidad organizativa y de respuesta. La lucha por el soterramiento de las vías férreas, presente de forma diaria durante casi dos años, la contestación del antifascismo y del colectivo LGTBIQ+, las recientes protestas de #SOSMarMenor y el gran esfuerzo realizado para la recogida de firmas por la ILP, etc., es decir, el aumento de la presencia en la calle, junto a la experiencia acumulada más el impulso de las victorias que ha habido, plantean un escenario con las condiciones mínimas necesarias para la creación de un tejido asociativo autónomo con poder de transformación. Esperemos que se empiece a recorrer este camino.