Desde que en las últimas elecciones autonómicas en Catalunya el partido de extrema derecha independentista, Aliança Catalana, logró el 3,8% de los votos (lo cual supuso un importante crecimiento respecto de las municipales, en las que obtuvo el 0,06%), el resto de partidos catalanistas se han apresurado a intentar competir con el partido de Sílvia Orriols emulando su discurso contra la inmigración (que es idéntico al de Vox): “si no han venido a integrarse, no tienen cabida en nuestro país”, dijo Marc Buch (Junts); “los extranjeros multirreincidentes tienen inmunidad”, afirmó Jordi Turull (Junts); ERC culpó a la “sobrerrepresentación de migrantes” de los malos resultados en el informe PISA; y, recientemente, Anna Navarro (empresaria de varias multinacionales en California y número 2 de Junts), aseguró que tuvo problemas para ser atendida en un centro sanitario por “no ser inmigrante”. Al más puro estilo trumpista, una millonaria asegura que no es una privilegiada, sino que lo son las personas que han tenido que huir de su país y dejar atrás a su familia para escapar de alguna situación terrible y se aprovechan de nuestro sistema.
PSOE y Junts: traspaso de competencias de control fronterizo y CIEs
Durante el último año, coincidiendo con el aumento del apoyo a la ultraderecha xenófoba, hispanófoba e islamófoba en Catalunya, la delegación de competencias en materia de inmigración se ha convertido en una prioridad para Junts, que busca tranquilizar a su electorado con una política de mano dura. Y, a principios de marzo, el PSOE –ese partido que, junto a Sumar y Podemos, se presenta como último baluarte en defensa de la democracia frente a las embestidas del fascismo– pactó con el partido de Puigdemont ceder a Catalunya –donde actualmente gobierna el PSC de Illa– algunas competencias en materia de control fronterizo, gestión de CIEs, procedimientos de extranjería, contratación en origen y expulsiones.
El acuerdo se traducirá en la aprobación de una Ley Orgánica de delegación de competencias (aunque el Estado siempre conserva la titularidad de las competencias, de manera que podría revertirla e incluso reservarse formas de control).
En principio, que el Gobierno del PSOE y Sumar –los cuales no cuentan con una mayoría absoluta– ceda en sus postulados programáticos para sacar adelante su proyecto político y mantener el control del Gobierno y unos jugosos puestos de trabajo no sorprende a nadie. Ya vimos que ocurrió lo mismo con la Ley de Amnistía, a la que se había opuesto con vehemencia el PSOE y que luego se tuvo que tragar con patatas por la necesidad de investir a Sánchez, quien viró su discurso hacia la concordia, el perdón y la integración de quienes habían intentado romper España.
Sin embargo, que el PSOE haya cedido políticamente a la estrategia discursiva de la intolerancia que defiende de Junts es bien distinto. No porque, en términos prácticos, vaya a suponer una gran diferencia que los movimientos de entrada y salida vayan a ser controlados por la Comunidad Autónoma. Probablemente nada cambie, ya que actualmente la forma en que se gestiona la Extranjería en el Estado es muy poco garantista. Pero a nivel de discurso, de criminalización de la población extranjera, sí se trata de un hito importante. Y es que la decisión contribuye a dar la razón a quienes difunden discursos intiinmigración y a promover prácticas de intolerancia, xenofobia y racismo que sufren las personas migrantes. Un resultado alejado de lo que cabría esperar del Gobierno más progresista de la historia del Sistema Solar pero que, una vez más, no nos sorprende.
La descentralización se suele fundamentar en que favorece la proximidad de la gestión o la toma de decisiones. Pero, en este caso, se instrumentaliza como una suerte de botín competencial que permite exhibir el discurso antiinmigración. “Sin integración, no hay nación”, dijo Junts para anunciar el acuerdo.
La Exposición de Motivos del texto que han presentado ambos partidos es ilustrativa de la carencia de enfoque de derechos humanos de la propuesta. Por un lado, reproduce la retórica que estigmatiza a las personas migrantes, al relacionarlas con un riesgo para la convivencia. Por otro, las cosifica como mera fuerza de trabajo.
Una socialdemocracia que no propone alternativas a la ultraderecha
Cada vez que el PSOE y sus socios de izquierdas se ponen a legislar, o bien la situación empeora –como ocurrió cuando se reformó el Código Penal en 2022 con el pretexto de derogar el delito de sedición y se terminó por endurecer los delitos de desórdenes públicos– o se aprueban pequeñas chorradas que se presentan como grandes conquistas mientras se desaprovechan oportunidades para derogar de una vez por todas la reforma laboral de 2012 o la Ley Mordaza. Ahora, en materia de Extranjería, el PSOE y Sumar se han negado a apostar por la regularización, acabar con los CIEs, o reconocer la sanidad pública como derecho universal, por citar algunos ejemplos, y han acordado otorgarle una victoria política a la derecha catalana que terminarán por pagar las personas extranjeras que viven por todo el Estado.
Hace un año, la política socialdemócrata sueca y comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, aseguró que el Pacto Migratorio de la UE “quita argumentos a la extrema derecha”. Su razonamiento era que si los partidos socialdemócratas o conservadores moderados hacían suyas las políticas xenófobas, le comerían el terreno a las formaciones ultraderechistas hasta convertirlas en fuerzas irrelevantes. Sin embargo, unos meses después de la aprobación del Pacto Migratorio, la extrema derecha logró sus mejores resultados en las elecciones europeas y están tomando el control de varios países por el mundo. Y es que la mejor forma de hacer frente al fascismo no es legitimando sus ideas e imitándolas, sino confrontándolas, oponiéndonos a ellas y mostrando solidaridad con todas aquellas que sufren sus discursos de exclusión y odio.