Cada día se producen alrededor de veinte desahucios en Madrid. Muchas veces las cifras son frías y despersonalizan y no nos damos cuenta de que cada desahucio no es solo un número más de una estadística criminal, sino que es una vecina menos y una puerta tapiada más. Centenares de familias que cada año son expulsadas de su hogar por no poder pagar su alquiler o hipoteca y que se ven obligadas a dormir en la calle, en un albergue municipal (con mucha suerte) o a okupar una nueva vivienda de donde serán expulsadas de nuevo pasado un tiempo. El caso de Sumbal no es más, ni menos, que lo que sufren a diario tantas personas, pero queremos visibilizarlo porque vuelve a demostrar que ante la inacción de las instituciones, solo las asambleas de vivienda garantizan un techo. Os dejamos con un extracto del comunicado emitido por PAH Vallekas.
El 5 de noviembre Sumbal y su hijo, que tras su reciente separación no podía pagar el alquiler, tuvieron un primer intento de desahucio que se paró con ayuda de la PAH Vallekas y la Coordinadora de Vivienda de Madrid. El día 12 de diciembre la familia fue desahuciada, ofreciéndoles quedarse en lista de espera para una futura residencia para personas sin hogar en Rivas. Una solución no inmediata y que alejaba al hijo de su colegio, en el que recibe apoyos educativos y sociosanitarios.
Hasta que se produjera el realojo en el albergue, Cruz Roja “ofreció” a la familia dormir en un polideportivo durante unos meses. La PAH no puede aceptar alternativas como esta, por lo que la Obra Social PAH, que realoja a familias desahuciadas en casas de entidades financieras y grandes tenedores para después negociar un alquiler social se pone en marcha. La familia se alojó en una habitación de una compañera de PAH Vallekas, mientras se buscaba una nueva vivienda.
Más tarde, la PAH entró junto a Sumbal en una de las muchas viviendas vacías en Vallekas, propiedad de CaixaBank y que llevaba vacío casi un año, tras el desahucio de sus inquilinas. Tras realojarse en la vivienda comenzamos el procedimiento para presionar a CaixaBank, y pagar un alquiler social justo y asumible. Sin poder pagar un piso al precio de mercado, y sin ninguna alternativa institucional, una vez más tuvieron que ser las personas de la PAH y la Coordinadora de Vivienda de Madrid las encargadas de que en una familia no pasara otra noche más en la calle.
Pero las administraciones no sólo no dan alternativas, también impiden las pocas con las que contamos. El 12 de enero, la policía entró en la casa que la Obra Social PAH había recuperado y se llevó detenidas a Sumbal y las 5 compañeras que la acompañaban, que pasaron la noche en comisaría y fueron puestas en libertad acusadas de usurpación.
Lamentablemente, el caso de Sumbal no es un caso aislado. No ha habido un error en los protocolos, ni han fallado las derivaciones, ni se trata de una saturación puntual del sistema. Las posibles soluciones que ha encontrado Sumbal tras su desahucio son las mismas -ninguna- que se ofrecen a las 15 familias que son desahuciadas cada día en nuestra ciudad. Nosotras seguiremos defendiendo el derecho a la vivienda, aunque pueda implicar riesgos, para garantizar que toda familia tenga un techo para vivir en condiciones dignas.