A lo largo del mes de abril hemos visto en diversos medios de comunicación noticias sobre los nuevos cambios en la Ley de Costas (vigente desde 1988). A modo de introducción, explicaremos como esta ley, que tiene como objetivo la protección de nuestro litoral costero obliga a la Administración a hacerse cargo del deslinde del dominio público marítimo-terrestre, es decir, de separar la zona de mar y playa pública de la susceptible de pertenecer o ser gestionada de forma privada, garantizando siempre el uso público del mar y su ribera. Se entiende que la ley debe buscar la regularización de estos bienes acordes con su naturaleza y con el respeto al paisaje, al medio ambiente y al patrimonio histórico, y tiene que conseguir y mantener un nivel adecuado de calidad de las aguas y de la ribera marítima. 
En virtud de esta regulación, la zona pública se divide a su vez a través de servidumbres, habiendo tres: la de acceso al mar (puntos que garantizan el acceso gratuito a las playas), la de tránsito (permite la libre circulación a lo largo de la costa) y la de protección (es la más extensa y su labor es proteger la costa: recae sobre una franja de 100 metros medida tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar, aunque esta extensión puede ser ampliada en determinados casos hasta los 200 metros y se reduce a 20 metros en los terrenos ya clasificados como suelo urbano cuando la ley entró en vigor). Hasta aquí todo parece una ley más para protegernos de nosotros/as mismos/as y del daño que, con mayor o menos conocimiento de causa, hacemos a la tierra que nos sostiene. Si se aplicara correctamente tendríamos unas playas limpias, unas aguas sin vertidos y como consecuencia de las dos anteriores, unos ecosistemas envidiables. Pero todos/as los que hemos veraneado en la costa, sabemos que esta ley no se cumple. Que aquí el que no corre vuela, y que el clima mediterráneo hace de la costa española carne de cañón para el turismo, por lo que no podemos negar que gran parte del denominado “ladrillazo” tuvo lugar en nuestras costas en forma de apartamentos y hoteles en primera línea de playa y de enormes rascacielos que, años después, muchos están sin ni siquiera acabar.
No es ninguna novedad que las leyes enmarcadas en el contexto capitalista siempre favorecen a los/as mismos/as, así que los cambios que propone el PP, ya aceptados en el Congreso de los Diputados gracias a su mayoría absoluta, y en breve “propuestos” en el Senado traen consigo la amnistía a unas 10.000 viviendas de doce núcleos urbanos que invaden el dominio público en doce zonas y 75 años de moratoria a construcciones condenadas a demolerse en 2018 (que ya habían sido amnistiadas por el PSOE previamente). Decimos que favorecen a los/as de siempre porque, desde luego, ninguno/ a de nosotros/as tenemos una casa en primera línea de playa y, sin embargo, en casos como el del poblado pesquero de Cho Vito, en Candelaria, Tenerife, se han dado prisa por derruir todas las viviendas situadas dentro del linde público dejando en la calle a 21 personas. Además el Proyecto de Ley de Protección y uso sostenible del litoral del PP trae una enmienda que reduce la zona de servidumbre de protección de 100 metros a 20 metros, legalizando todas las construcciones que ocupan esos 80 metros (y que cumplan condiciones como tener acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica) y dejando en manos de los ayuntamientos la potestad de conceder licencias de obras en estos metros. Para justificarlo se ha amparado en la “mala imagen” de España que se crearía en el exterior si esas viviendas se derriban, ya que muchos/as de los/as propietarios/as de las viviendas son extranjeros/ as. Ahora, los/as propietarios/as de esas construcciones podrán venderlas, hacer obras o transmitirlas a sus herederos/as, algo que antes no estaba permitido.
Entre esas zonas salvadas está el barrio de pescadores de El Palo (Málaga), residencias de Oliva (Valencia), que fueron deslindadas en octubre de 1947, o la marina de Empuriabrava (Girona), construida con canales privados artificiales para extranjeros en los años setenta. También hemos podido saber que se abre la posibilidad de celebrar eventos en las playas amparándose en su “interés turístico”. Empieza a no parecer que la Ley de Costas pretenda proteger nuestro litoral, sino, más bien, que aspira a cederlo al mejor postor. Otro de los puntos calientes de esta reforma es que ha obviado el proceso de cambio climático, es decir, no ha tenido en cuenta las posibilidades de que, debido al retroceso de los polos aumente el nivel del mar, con las consecuentes inundaciones que se producirían en las costas, poniendo en riesgo a los/as habitantes de estas propiedades. Hasta aquí todo es información recogida en distintas webs de noticiarios. Pero ahora dejamos espacio a una reflexión sobre estas situaciones. Desde esta publicación hablamos a menudo de leyes, de algunas nuevas y de otras que son reformadas. Esto sugiere que tenemos claro que estamos anclados/as en una sociedad que se rige en todo momento por este tipo de normas. Leyes que salen desde el poder, que supuestamente son beneficiosas para la sociedad y que, al final, nunca son iguales para todos/as. Parece increíble que las personas nos hayamos corrompido hasta el punto de necesitar que otros/as legislen sobre el total de nuestras vidas. Que necesitemos de amenazas económicas y/o penales para que nos comportemos con respeto y sentido común hacia los/as demás y hacia el medio ambiente. Haría falta bastante autocrítica y mucha reflexión para encontrar la raíz de este problema.
Porque sí, es un problema que necesitemos tantas leyes, y sobre todo es un problema que necesitemos que otros/as las hagan por nosotros/as, porque quien hace la ley, hace la trampa. Pensando en este contexto concreto, sigue sorprendiendo que cada año veamos imágenes de casas inundadas, de bajos llenos de agua y barro, de gente que de un día para otro lo pierde todo. Y, quitando casos concretos, la mayoría de las veces son casas cerca de ríos o construidas sobre ramblas. No necesitamos una ley para saber el riesgo que corremos viviendo en un sitio así. Igualmente, no debe ser la protección de playas de cara a un aumento de turismo una razón para dejar la playa tal y como la encontramos, sin latas ni colillas, todos/as deberíamos desear que ese paisaje del que nos gusta disfrutar se conserve para que nos acoja una o cien veces más. Y así con todo. Tenemos que volver a interiorizar el apego por la tierra, por nuestro territorio y por la vida. Volver a sentir que es nuestra labor cuidarlo y protegerlo. Dejar de defender las leyes tal y como eran para pensar, entre todos/as, como queremos que sea. Y esto no es aplicable sólo a los espacios naturales, sino a todo lo que necesitamos en la vida, como la educación o la sanidad. Si hay algo que necesitamos para vivir, ha de primar el sentido común en nosotros/as y las ganas de mejorar colectivamente para hallar las soluciones y el camino a recorrer hasta obtenerlo, lejos de las leyes de quienes solo piensan en ganar algo a costa de lo que pretenden proteger.