El barco como síntoma

La imagen de la prisión flotante arrendada por el Gobierno británico a una compañía privada se ha reproducido un número incontable de veces en diferentes medios de comunicación y redes sociales. El impacto visual del barco-prisión es indudable, pues, cuando una piensa que a la política migratoria y de asilo europea no le queda ningún límite que traspasar, una gigantesca embarcación que recluirá a personas que soliciten protección internacional en Reino Unido, nos recuerda que la crueldad e inhumanidad de la clase política europea no parece tener fin.

Una vez más, nos reiteramos en lo manifestado en anteriores artículos: siendo conscientes de que los marcos normativos nacionales o internacionales son sostén de la realidad vigente y, por tanto, de la estructura que legitima y pone en práctica el racismo, no hay que dejar de evidenciar que las decisiones de los diferentes gobiernos no se ajustan ni a su propia legislación, vulnerando las mínimas garantías establecidas en ella. La normativa de asilo lleva años siendo torpedeada a través de todo tipo de triquiñuelas cuando las personas que buscan protección son población mayoritariamente árabe, negra, etc. Encerrar en un barco es una barbaridad porque, entre otras cuestiones, restringe la libertad de movimiento y otros muchos derechos, aleja y estigmatiza a la población desplazada frente a las comunidades locales, vulnera supuestos consensos internacionales establecidos hace más de medio siglo, y porque el encierro siempre va contra la vida y la dignidad de las personas, pero es que, además, en este caso, sobre este encierro, se levanta otro muro más, el propio mar.

Sin embargo, si bien el barco-prisión evidencia de una forma palpable la dinámica racista inserta en los gobiernos europeos, otras noticias no han adquirido tanta relevancia a pesar de que también tendrán importantes consecuencias en las vidas de las personas migrantes y refugiadas. La primera de ellas es el pacto migratorio con el gobierno de Túnez, un acuerdo que incluye la entrega de un cheque de casi mil millones de dólares por parte de la UE, de los cuales Túnez tendrá que destinar, como mínimo, 117 millones a la gestión de su frontera. La complicidad entre la UE y el gobierno tunecino, con la presidenta derechista italiana Meloni encabezando dicha relación, no sólo legitima sino que premia a un presidente que, entre otras cosas, ha criminalizado abiertamente a la población negro-africana desatando razzias contra ella, ha abandonado en el desierto a personas que trataban de alcanzar las costas europeas y ha puesto en práctica un régimen de persecución contra las disidencias políticas.

Por otro lado, también, dentro de la UE se está debatiendo y elaborando un nuevo pacto en relación al asilo y a las migraciones, un nuevo marco que tendrá importantes consecuencias pero cuyas negociaciones, como suele ser habitual, están siendo realmente opacas. Aun así no cabe albergar mucha esperanza por la propia dinámica de la UE de los últimos años y por el equilibrio de fuerzas decantado hacia el lado más reaccionario presente en las instituciones europeas. Por último, volviendo al barco británico, éste es sólo la punta más visible de una reforma legislativa que castiga duramente a aquellas personas que se encuentren en una situación administrativa irregular en la isla, basando dicha medida en un relato que no solo las fuerzas derechistas han sostenido sino que, por ejemplo, el ministro Marlaska ha manifestado de forma reiterada. En relación a la masacre de Melilla, sostuvo que fueron las propias personas quienes crearon la situación de peligro al colocarse en ese escenario o que no se debe “premiar” a aquellas personas que no utilizan vías legales para acceder a suelo europeo, obviando que, por ejemplo, es imposible solicitar asilo en la propia frontera y en las embajadas españolas, dejando como única alternativa para formalizar la solicitud las oficinas presentes en territorio español. El gobierno británico, en tal sentido, quiere castigar a las personas que lleguen de forma irregular limitando su acceso a la petición de asilo o a otras medidas de protección como las destinadas a las víctimas de trata.

Ante este panorama es recurrente preguntarnos qué podemos hacer. Confiar en las fuerzas políticas institucionales de carácter progresista ha demostrado no ser una herramienta que permita avanzar en la dignificación de la vida de las personas migrantes y en la eliminación de las dinámicas racistas insertas en el Estado, incluso, en más de una ocasión, estas fuerzas han sido las responsables de la legitimación de dicho racismo. Por ello, cabe pensar alternativas que inevitablemente deben ir en la línea de, por un lado, que en nuestras organizaciones y colectivos se realice autocrítica, se creen espacios de formación en dicha cuestión y se le dé el lugar que merece, y, por el otro lado, se pase a la acción para visibilizar y confrontar las importantes reformas que se están produciendo. A este respecto, siempre es positivo analizar la evolución de las diferentes luchas recientes, viendo cómo el ecologismo y el feminismo, tras un importante esfuerzo teórico y propagandístico, han adquirido relevancia en el espacio público a través de importantes y masivas movilizaciones o de acciones más minoritarias pero con gran impacto, respaldadas, unas y otras, por la creación de un tejido local coordinado en red, un sin fin de pequeños grupos con relaciones más o menos formales que posibilitan una acción en nuestros entornos más próximos pero también en escenarios más grandes. Aún queda mucho por hacer y todo pasa por cuestionar el sistema en conjunto, de forma interseccional. Vamos con ello.