Comienza noviembre y nos encontramos con que Canal 9, la radio televisión valenciana (RTVV), se convulsiona: críticas sin tapujos a los tejemanejes del PP valenciano, disculpas de varios/as periodistas por el tratamiento que dieron a algunas noticias como el accidente del metro de Valencia de 2006, autogestión de los informativos por parte los/as trabajadores/as…; y todo ello en el seno de una de las cadenas autonómicas más rancias del Estado. La curiosidad que sentimos es importante. Pero el conflicto viene ya de largo. En diciembre de 2012, y a pesar de los diversos paros realizados, protestas e interrupciones de la emisión, se ejecuta un Expediente de Regulación de Empleo que deja fuera de la cadena a alrededor de 1000 trabajadores/as, más de la mitad de la plantilla.
Por otro lado, la manipulación informativa de la cadena también ha sido motivo de rechazo de una parte de la plantilla, y pueden destacarse la creación en 1997 de un Comité de Redacción que ponía de manifiesto la deriva de la cadena o los varios expedientes sancionadores que siguieron a las críticas de algunos/as trabajadores/as a la cobertura de las protestas estudiantiles de Valencia de principios de 2012. Pero toda esta situación termina por explotar el pasado 5 noviembre, día en que se hace pública la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que declara nulo el ERE realizado por RTVV, y por tanto obliga a la readmisión de todas las personas despedidas. Las reacciones no se hacen esperar, y esa misma noche el periódico El Mundo publica que el gobierno de la Generalitat planea el cierre de Canal 9. Ante esta noticia, el personal de la radio televisión pública interrumpen el informativo de la noche para leer un comunicado contra el cierre. Al día siguiente, tras la rueda de prensa en la que el presidente Fabra anuncia su intención de llevar a cabo un ERE de extinción que liquide RTVV y carga gran parte de la responsabilidad de la situación sobre la dirección de la cadena, esta misma directora y todos los/as consejeros/as de la cadena nombrados/ as por el PP deciden dimitir en bloque, descabezando la cúpula de Canal 9. Al mismo tiempo, los/as trabajadores/as pasan a autogestionar la parrilla televisiva, centrando la emisión de ese día (y los siguientes) en una crítica durísima a la gestión del gobierno del PP, y organizan numerosos actos de protesta contra el cierre de RTVV. Pasa el tiempo, y mientras llega el día 27 de noviembre (día en que, por decreto, el gobierno valenciano pretende cerrar el ente público en las cortes –nuestra edición cierra antes de esta fecha-), Fabra trata de recuperar el control de la situación nombrando a un nuevo director (una persona sin ninguna experiencia en medios de comunicación, aunque sí en gestionar EREs en empresas públicas autonómicas). Para finalizar, un simple dato: durante esos días se triplicó la audiencia de Canal 9.
Un nuevo modelo de televisión
Esta es, a grandes rasgos, la historia de la que todos/as fuimos testigos durante esas semanas. Pero una vez en este punto, cabe preguntarse ¿cómo se ha llegado hasta aquí? ¿De qué manera se atesora una deuda de 1.300 millones de euros? ¿Cómo se llega a que un gobierno autonómico “tenga” que cerrar su medio de información propio, más si cabe cuando lo ha convertido en un mero apéndice propagandístico de sus políticas? Pues en gran medida por eso mismo, por haber creado su cortijo privado donde todo vale. Y una vez se ha exprimido del todo, pues no queda más que tirarlo a la basura. Si se hace un rápido análisis del recorrido de RTVV se pueden señalar una serie de pautas del desastre. Lo primero es lo más evidente, la televisión pública es entendida por el gobierno regional de turno como una oportunidad de tener a su servicio un medio de propaganda propio y no subvencionado por el partido, sino por el heraldo público. A partir de ahí, y para poder gobernar la nave, comienza una contratación a dedo de personal, amiguismo puro y duro, que lleva a engordar sin límites la plantilla, que alcanza los 1.770 trabajadores/as durante los años de Camps en la Generalitat. También destacan los despidos de quienes más problemas ponen (no hay más que ver cómo en el ERE de diciembre pasado caen gran parte del personal más crítico y de trabajadores/as sindicados/as).
Pero eso no es todo, la enorme deuda que atesora este medio de comunicación no es fruto exclusivo de los grandes costes laborales. A esto hay que sumar el despilfarro del fútbol (235 millones), de la fórmula 1 (22 millones) o la visita del Papa (11 millones). Y cómo no, la subcontratación o externalización de servicios. En vez de generar trabajo propio, se compra programación a agencias privadas (como Vértice 360 o Secuoya), en muchos casos relacionadas personal o familiarmente con los diversos directores de la cadena, a precios exorbitados. Así, el que entra a mandar acaba sacando su tajada, y como denuncian los propios trabajadores “exdirectivos de esta empresa están implicados en casos de corrupción ligados al caso Gürtel, exdirectivos también que están imputados en casos de abusos sexuales a trabajadoras de esta casa, y exdirectivos de esta televisión que han hecho un ERE ilegal y ahora los trabajadores hemos de pagar los platos rotos y renunciar a un servicio público”. Al final, los gastos del ente son inmensos, y por el contrario, los ingresos disminuyen: ya han pasado los años de las vacas gordas, los ingresos por publicidad descienden a medida que la audiencia decrece (como consecuencia lógica de una cadena tan cutremente manipulada que no hay quien la aguante) y las propias administraciones públicas están hasta arriba de deudas. Y de esta forma, se acaba llegando al punto de no retorno: al cierre de las cadenas o a la privatización del sector (pues la tajada que ofrece la publicidad aún es rentable si se compagina con más precariedad laboral). Aquí sólo nos queda recordar todas las similitudes que este caso guarda con el de Telemadrid, por lo que cualquier cosa puede esperarse en este sentido.
Algunas reflexiones para finalizar
Antes de dar por terminado este artículo, nos gustaría poner la lupa sobre una de las cuestiones que nos parecen más enriquecedoras de toda esta situación, esto es, la autogestión de la cadena por parte de los/as trabajadores/as. En este ámbito se puede poner el ejemplo de la Radio Televisión Pública Griega, que fue cerrada por decreto gubernamental el pasado 11 de junio (para en su lugar crear un nuevo ente sin apenas personal ni audiencia, a la vez que se vendían a precio de ganga parte de sus licencias a cadenas privadas gestionadas por grandes empresarios/as griegos/as). Desde el cierre, parte de los/as trabajadores/as (unos/as 300) decidieron ocupar la antigua sede de la cadena y proseguir con la emisión 24h por internet de una programación propia. El pasado 7 de noviembre fueron desalojados de esta sede por la policía, lo que no ha impedido que prosigan con su actividad. Ante esta situación, ante esta posibilidad que se abre como consecuencia del actual contexto y de nuestra paupérrima fuerza como clase, nos surgen numerosas cuestiones a resolver: ¿la autogestión, en estos casos, implica únicamente una forma de lucha contra el cierre patronal o tiene un recorrido más amplio? ¿Son capaces estos proyectos de generar unas formas organizativas y unos mecanismos económicos que les posibiliten una estabilidad en el tiempo? ¿Supondrán estos intentos de autogestión comunicativos un cambio en las formas y el contenido de estos medios? Como veis, somos capaces de dar con más preguntas que respuestas, pues estas últimas sólo se van encontrando por el camino que se recorre.