“El Partido soy yo”. El Partido Judicial se moviliza contra el Gobierno

En el último mes hemos sido testigos de una serie de maniobras judiciales perpetradas por una derecha judicial rabiosa y descontrolada. Dejando de lado el decoro, la pompa y la pretendida –y falsa– imagen de imparcialidad y razonabilidad de la que siempre han presumido, distintos jueces buscan socavar la legitimidad del Ejecutivo mediante persecuciones disparatadas. Todo ello con la finalidad indisimulada de hacerlo caer y que sea sustituido por un gobierno de PP y Vox.

La investigación contra la mujer del presidente

Un ejemplo nos lo brinda el madrileño juez Peinado, quien un mes antes de las elecciones europeas decidió imputar a Begoña Gómez (esposa del presidente Pedro Sánchez) en base a una querella interpuesta por la organización ultraderechista Manos Limpias que, a su vez, se basaba en simples recortes de prensa de medios digitales de escasa credibilidad, como The Objective. Estos medios, regados anualmente con cientos de miles de euros de publicidad institucional provenientes de distintos gobiernos regionales del PP, difunden bulos, medias verdades y afirmaciones osadas (siempre amparados en su derecho a no revelar sus fuentes), pese a que distintos informes de la Guardia Civil dicen que no encontraban indicios de delito respecto de Gómez. El Tribunal Supremo ha dicho en innumerables ocasiones que no se puede imputar a alguien en base únicamente a noticias periodísticas y que deben existir pruebas adicionales, pero eso no ha impedido que la causa se admitiera a trámite y que avanzara.

Y así, las irregularidades se han concatenando: primero, el juez ha decidido tomar declaración a la investigada sin aclarar exactamente qué hechos investiga. El día de su declaración un grupo de fascistas se concentró en la puerta y un pseudoperiodista de Estado de Alarma TV y asesor de Alvise se coló en los juzgados para fotografiar a Gómez en los pasillos.

Después, el juez acordó oír en declaración a testigos (obligados a decir la verdad), como el Rector de la Complutense, para luego imputarles una vez hubieran terminado de declarar (usando sus declaraciones previas contra ellos). Unos días después, ordenó citar al presidente del Gobierno, también en calidad de testigo, pese a saber que nunca va a decir nada contra su mujer. Además, la citación se produjo con muy pocos días de antelación, para que no diera tiempo a resolver los recursos presentados por la Fiscalía y que estos quedaran papel mojado y se pudiera conseguir la imagen deseada, que no es otra que la del presidente declarando ante un juez.

No tenemos ni idea de qué ha hecho o dejado de hacer Gómez, o si hay algo de verdad en los hechos que se investigan. Pero lo que sí sabemos es que solo se la está investigando por ser quien es. De lo contrario, jamás se habría admitido a trámite una querella tan carente de fundamento, ni se habría acordado una investigación tan exhaustiva sin indicios.

La trama rusa del Procés

El pasado 31 de enero de 2024, el titular del juzgado de instrucción nº 1 de Barcelona, el juez Joaquín Aguirre, afirmó ante funcionarios del juzgado que “ayer lo de la ley de amnistía se tumbó por mí”. Se refería a que en la jornada anterior, el 30 de enero, la primera votación de la Ley de Amnistía en el Congreso no había salido adelante, porque justo ese día el juez había prorrogado el plazo para investigar la ‘trama rusa’ del Procés –la supuesta injerencia de los servicios de inteligencia rusos en el independentismo catalán–. Ese mismo día, el informativo ‘Tagesschau’, de Das Erste —la primera cadena de la ARD, la televisión pública alemana—, informaba sobre la supuesta ‘trama rusa’ con el titular «Katalanische Separatisten: Putins europäische Hintertür?» (Separatistas catalanes: ¿la puerta trasera europea de Putin?). Casualmente, Aguirre concedió una entrevista al programa ese mismo día en la que denunció “la influencia directa de Rusia en el proceso de independencia de Catalunya”.

Aguirre, que desconocía que alguien le estaba grabando en su juzgado ese 31 de enero, afirmó que si hacía caer la Ley de Amnistía haría caer el Ejecutivo de Sánchez. Y se pavoneó: “Claro, es que será la tumba. Si lo será. Al gobierno le quedan dos telediarios alemanes. Dos. Y ya está. A tomar por culo. Entonces, hay gente que se está situando ya. Ha tomado partido, y el partido soy yo”.

Unos meses después, la Audiencia Provincial de Barcelona le obligó a archivar la investigación, por irregularidades en la causa (al no haber respetado los plazos máximos de instrucción). La investigación, por cierto, se llamaba ‘Caso Volhov’, en nombre de una operación del ejército nazi contra el ejército soviético durante la Segunda Guerra Mundial. Pero Aguirre nos ha demostrado que el que quiere, puede, así que se sacó de la chistera un nuevo procedimiento, “clonó” todo lo que había investigado en la causa archivada y dictó un nuevo auto. En él, imputa a Puigdemont, su abogado y otros miembros de Junts por un delito de traición a la patria. Casualmente, es uno de los delitos no amparados por la Ley de Amnistía. Les acusa de ser partícipes de una trama para lograr que Rusia reconociese la independencia de Catalunya y mandara miles de soldados a este territorio. En la trama habrían participado, además de indepes y espías rusos, miembros del consulado de EEUU, “rabinos judíos” (¿acaso hay rabinos que no lo son?) de forma genérica y el Gobierno de la República Federal de Alemania (que dejó en libertad a Puigdemont tras su detención, poco después del referéndum del 1 de octubre). También implica, de soslayo, a los jueces de la Audiencia Nacional que hicieron “caer el Gobierno de Rajoy” al dictar la Sentencia de la Gürtel hace seis años. Una conspiración digna de película.

Evidentemente, las defensas recurrieron esta decisión de Aguirre. Pero, antes de que Fiscalía se pudiera pronunciar y de que la Audiencia Provincial de Barcelona pudiera resolver los recursos, el juez lo remitió al Supremo, por si el Alto Tribunal pudiera exprimir algo de todo este delirio.

Los intentos por tumbar la amnistía

Hace un par de meses entró en vigor la Ley de Amnistía, que en principio obligaría a dar carpetazo a todos los procedimientos penales abiertos contra el independentismo catalán en los últimos años. Distintos tribunales catalanes han procedido a archivar causas contra manifestantes detenidas en distintas movilizaciones, como las protestas contra la Sentencia del Procés, pero el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional tenían otros planes en mente.

En el procedimiento del Procés, el Supremo se ha negado a amnistiar a Puigdemont, Junqueras y compañía por el delito de malversación, alegando que la Ley de Amnistía es inconstitucional y ha planteado una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. De esta manera, hasta que se pronuncie el Constitucional (previsiblemente dentro de unos años), puede mantener en vigor la orden de detención de Puigdemont e impedir su retorno al Estado español.

El escrito que el Supremo remitió al Constitucional se encuentra trufado de opiniones políticas, arremete contra los independentistas (a los que contrapone a los «demócratas») y les llama golpistas (pese a que no fueron condenados por dar un golpe). Parece un editorial de El Mundo más que un escrito judicial.

Por su parte, la Audiencia Nacional ha concluido que el terrorismo no es amnistiable, de acuerdo con el Derecho europeo, y ha anunciado que va a plantear cuestiones prejudiciales sobre la validez de la Ley de Amnistía ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Sin embargo, solo lo ha hecho en el procedimiento judicial por terrorismo contra los CDR –un grupo de activistas indepes a las que, supuestamente, se intervino artefactos explosivos caseros– y, por contra, ha archivado la investigación (también por terrorismo) del Tsunami Democràtic. Y esto es así porque son conscientes de que la causa de los CDR (que, al final y al cabo, se asemeja más al “terrorismo” tradicional y de toda la vida, con sus explosivos caseros y toda la pesca) tiene más posibilidades de hacer caer la amnistía que lo tenía la investigación del Tsunami Democràtic, donde se investigan acciones como cortes de carretera, pegadas de carteles, conciertos en jornadas de reflexión y manifestaciones frente al aeropuerto. Elevar una cuestión prejudicial al TJUE alegando que unas protestas masivas constituyen terrorismo y que no pueden ser amnistiadas podría haber supuesto hacer un ridículo espantoso ante la UE. Por ello, agarrándose a un error procesal grave –al juez García-Castellón se le había pasado el plazo máximo de instrucción, como le había ocurrido antes a Aguirre– se archivó la causa del Tsunami y solo se enviarán cuestiones prejudiciales al TJUE en el asunto de los CDR, que cumplen la función de simples peones en esta guerra judicial.

El PSOE: mucho ruido y pocas nueces

A finales de abril, cuando se anunció la imputación de Begoña Gómez, Pedro Sánchez se tomó unos días de reflexión, señalando en una carta abierta a la ciudadanía a determinados operadores mediáticos como responsables de propagar noticias falsas. Los bautizó como “la máquina del fango”, citando a Umberto Eco. Cinco días después, anunció en una comparecencia solemne que seguía en el cargo, que la decisión no suponía “un punto y seguido” sino “un punto y aparte” y que se comprometía a avanzar en “la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y libertades”.

Sin embargo, desde entonces, no solo no se ha hecho nada contra la máquina del fango sino que, justo después de las elecciones europeas del 9 de junio, el PSOE llegó a un acuerdo con el PP para repartirse —10 para ti y 10 para mí— los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y anunció que se reformaría la forma de elegir al Gobierno de jueces, asumiendo los postulados del PP. La máquina del fango vio premiado el bloqueo del CGPJ, el lawfare y la ofensiva del sector más reaccionario de la judicatura contra la Ley de Amnistía para dinamitar la mayoría parlamentaria.

Esta claudicación ejemplifica a la perfección lo que ha sido el PSOE desde la Transición: una fuerza perfectamente integrada en el sistema, que no lo cuestiona, que busca la convivencia pacífica con un alto funcionariado postfranquista y que, mientras no agite el avispero, se asegure de que no se implementen cambios de gran calado y pacifique a los movimientos sociales (mediante cargas en manifestaciones, infiltraciones policiales, criminalización, etc), puede chupar del bote tranquilamente junto a las fuerzas conservadoras.

Sin embargo, no parece que, ni con todo esto, esta vez vayan a dejar en paz al Perro Sánchez, puesto que, con su osadía (conformar gobierno con el apoyo de Bildu, indultar a los indepes catalanes, etc), se saltó las reglas preestablecidas del consenso del Régimen del 78.

El verdadero lawfare

Si la judicatura es capaz de atacar de esta manera al presidente del Gobierno y a sus socios parlamentarios, ¿qué futuro nos espera a los movimientos sociales de base? El horizonte judicial es desolador y su efecto más nocivo es el desincentivar la protesta social.

En los últimos meses han ingresado en prisión los 6 de Zaragoza, el Supremo ha confirmado la pena a las 6 de la Suiza de CNT Xixón y la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a penas de más de 5 años de prisión a 11 vecinas de Navalcarnero por protestar durante un mítin de Vox, por citar algunos ejemplos. El contexto es muy distinto del de hace una década, cuando los movimientos sociales gozaban de una gran fuerza, las detenciones se contaban por millares pero el poder judicial rara vez se atrevía a imponer condenas de gran envergadura. O volvemos a recuperar esa fuerza que teníamos, o van a arrasar con nosotras.