El proyecto Castor: otra historia de destrucción medioambiental y negocio

En la edición de Todo por Hacer del pasado mes de marzo publicábamos un artículo extraído de la web www.regeneracionlibertaria.org acerca del llamado proyecto Castor de almacenamiento de gas natural. Después de haber visto reaparecer este nombre en la prensa en las últimas semanas, hemos querido retomar el tema un poco más detenidamente.

¿A qué viene tanto jaleo?

Antes de nada conviene recordar brevemente de qué estamos hablando: allá por el año 2005, la empresa ESCAL UGS (controlada en un 66% por el macrogrupo empresarial ACS) obtenía la concesión de un jugoso proyecto que ya llevaban años estudiando. Se trataba de aprovechar un antiguo yacimiento petrolífero cerrado desde 1989 y situado a 21km de la costa de Vinaròs (Castellón) y Alcanar (Tarragona) para crear un depósito de gas natural con capacidad “equivalente a un tercio de lo que se consume en España en 50 días” (o, lo que es lo mismo pero no suena tan bien, lo que se consume en 17 días), con la idea de cubrir puntas de consumo o interrupciones en el suministro. Un objetivo tan imprescindible en este mundo de locos por la energía, que por lo visto merece la pena cualquier destrozo medioambiental que venga por delante.

Ya en 2013, a falta solamente de la instalación de un gaseoducto que conecte el depósito con la red peninsular, la empresa comienza a inyectar el gas colchón (una cantidad mínima de gas necesaria para poder extraer el gas útil a la presión adecuada) para probar que la instalación funciona. Y en menos de un mes, en septiembre, llega la sorpresa que hizo saltar a la fama al antes desapercibido proyecto Castor. 512 seísmos, el mayor de ellos de 4,2 grados de magnitud, hacen que el Ministerio de Industria ordene el cese de la actividad. Es entonces cuando todo el mundo se escandaliza, ayuntamientos y Generalitat culpan al Ministerio o a gobiernos anteriores, y todos repiten la pregunta (formulada desde hace años por vecinos y organizaciones como la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia, http://plataformapelsenia.blogspot.com.es) de por qué no existió ningún informe de sismicidad inducida en la evaluación de impacto ambiental que fue aprobada por el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, cuando es sabido que este tipo de proyectos conllevan ese riesgo.

Y en mayo, tras unos meses de silencio en los que parece que la cosa se olvida, se da por fin a conocer el informe encargado al Instituto Geográfico Nacional (IGN), en el que se confirma la relación entre los seísmos y la actividad del proyecto. Gran sorpresa esto, sobre todo si sabemos que el número de seísmos registrados en la zona desde 1920 hasta el 1 de junio de 2013 fue de 203, con una magnitud máxima de 3,3. Pero el Ministerio de Industria considera que necesita más informes para decidir si se cierra o no definitivamente el proyecto. Y en esas estamos en el momento de escribir estas líneas, esperando a que los expertos internacionales den su veredicto.

Sacando jugo de donde se pueda

Y ante todo esto, vemos cómo gobierno y empresas juegan a pasarse la bola unos a otros. Por una parte, tenemos la pelea por librarse de los costes del proyecto, que han alcanzado nada menos que 1700 millones de euros. Parece que ESCAL UGS puede estar tranquila: uno de los artículos del real decreto por el que se autorizaba la concesión dispone que en caso de suspensión o finalización de la misma, las instalaciones pasarían a ser titularidad del Estado y éste les tendría que indemnizar con su valor neto, o bien, si hubiera dolo o negligencia por su parte, con el valor residual de las instalaciones. El gobierno parece que se dio cuenta de lo que estaba firmando demasiado tarde… porque en 2012 intentó librarse del dichoso artículo recurriendo al Tribunal Supremo, el cual rechazó en octubre (justo después de la ola de seísmos) su petición. En conclusión: si se cierra definitvamente el proyecto, el gobierno tiene que soltar 1700 millones a la empresa (algunos cientos de millones más si tenemos en cuenta que habrá que incluir el coste del sellado de los pozos, el desmantelamiento de la plataforma, monitorización posterior, etc.).

Pero como dice el refrán, no hay mal que por bien no venga, y una noticia así – la de los resultados del informe del IGN- no se podía dejar pasar sin intentar sacar algo de provecho político, más aún en plena campaña electoral europea. Así, tenemos a la Diputación de Castellón (del PP) exigiendo responsabilidades legales a la empresa y al gobierno del PSOE que aprobó la concesión, a la Fiscalía presentando una querella por delito de prevaricación ambiental (a la entonces Secretaria de Estado de Cambio Climático) y por delito contra el medio ambiente (a la empresa), y a los ayuntamientos de la zona afectada reuniéndose para exigir al Ministerio el cierre definitivo. Por otra parte, aprovechando también la coyuntura, el PSOE y algunos partidos de izquierda anuncian que se comprometerán a prohibir la técnica de la fractura hidráulica (técnica de extracción de gases enormemente dañina para el medio ambiente, www.todoporhacer.org/la-fractura-hidraulica) si llegan a gobernar. Todo un circo político al que por desgracia ya nos tienen bastante acostumbrados/as.

¿Y qué sacamos de todo esto?

Si tratamos de sacar alguna conclusión de toda esta historia, el escenario realmente no parece muy esperanzador. Vemos una vez más cómo las leyes y reglamentaciones de supuesta protección ambiental son sorteables por todos lados (en este caso, entre otras muchas cosas, no incluyendo en la evaluación lo que pudiera tener una mala nota, el riesgo de inducir seísmos), vemos cómo las empresas no encuentran ningún obstáculo en su carrera (ni por motivos económicos ni medioambientales), vemos a los gobiernos de uno u otro color subiéndose al carro de la defensa del medio ambiente sólo en el momento en que les interese (y hasta donde les interese), y al final de la película, en el mejor de los casos, si se cierra definitivamente el almacén, nos quedamos con una comarca un poco más destrozada y muy probablemente casi 2000 millones menos en las arcas del Estado.

No deja de resultar paradójico que al final sea la propia chapucería y ambición de la empresa concesionaria la que esté a punto de llevar al cierre del proyecto. Sin embargo, la mayoría de las veces por desgracia esto no ocurre así, y los efectos de proyectos de este tipo sobre el medio, por muy devastadores que sean, no suelen salir a la luz hasta que es demasiado tarde (por mucho que se suelan conocer de antemano).

Por eso mismo, si algo sacamos en claro de este ejemplo es que para hacer frente a este tipo de ataques sólo podemos confiar en nuestra propia fuerza, en la presión popular que podemos ejercer si somos capaces de recuperar un tejido social consciente del peligro que suponen cada uno de estos macroproyectos no sólo contra nuestro entorno sino también contra nuestra propia salud y supervivencia. En el caso del proyecto Castor, la mayoría de acciones se han limitado a lo institucional o reivindicativo. Habrá que usar la imaginación para ampliar el repertorio y, sobre todo, continuar el esfuerzo de que la gente vea a quién beneficia y a quién perjudica todo esto.