Dentro de las promesas de cambio que Ahora Madrid incluía en su programa electoral, y que les llevó a hacerse con la Alcaldía de la capital, había un apartado importante que trataba de “generar empleo estable, digno y equitativo” y “restablecer gradualmente los derechos y retribuciones usurpados al personal municipal”. Además, en este programa incluían “Fijar una estrategia de recuperación progresiva de la gestión pública de los servicios municipales externalizados a las grandes empresas y grupos económicos”. En este artículo hablaremos con distintos sindicatos presentes en el sector público madrileño y analizaremos los efectos que el, ya no tan nuevo, gobierno ha tenido sobre los/as trabajadores/as de los diferentes servicios privatizados, y qué medidas se han tomado para revertir la venta de los servicios públicos. Os adelantamos que Manuela Carmena ha manifestado que se toma sus promesas electorales como una lista de sugerencias que no la comprometen.
Limpieza viaria y recogida de residuos.
En el momento de escribir estas líneas, los aproximadamente 1900 trabajadores/as de recogida de residuos urbanos están convocados/as a una huelga indefinida el próximo 12 de junio. Aprobada por unanimidad en asamblea, el paro se realiza para lograr la firma de un convenio colectivo único para todo el personal, independientemente de a qué empresa adjudicataria pertenezca. En la actualidad, con el convenio colectivo caducado desde 2016, 
se aplican los convenios de las distintas adjudicatarias, lo que da lugar a condiciones laborales desiguales en función de en qué distrito se trabaje. En este caso el Ayuntamiento, dado que cuando vencía las contratas de limpieza, en lugar de asumir el servicio, mantuvo la privatización, tiene su papel reducido al de mero intermediario. Como señala la CGT, “El escenario en el que nos encontramos era previsible y debería haber sido considerado y tenido en cuenta por el Ayuntamiento de Madrid. No nos faltan razones para afirmar esto ya que avisamos a los responsables del Ayuntamiento de Madrid en múltiples ocasiones, que volver a dejar en manos de las empresas este contrato sólo traería problemas. Este problema no es nada nuevo y sí es recurrente dado que desde que la Sra. Botella decidió dividir el contrato en 2 lotes las estrategias de las Empresas han sido el “divide y vencerás”, ahora ya somos 3 Lotes.” En esta línea, Luis Agudo, responsable de comunicación del sindicato de limpieza de CGT, nos manifiesta que las tan anunciadas cláusulas sociales en los contratos sacados a concurso se han limitado a mantener el número de empleados/as y que la pretendida reducción de la temporalidad anunciada, del veinte por ciento de la plantilla, solo ha supuesto la conversión en indefinido a 75 trabajadores. Otro de los problemas que denuncian desde este sindicato proviene de la entrada en servicios de los nuevos camiones de carga lateral de recogida de basuras, que requieren menos personal: mientras que con los camiones tradicionales se empleaba a tres personas (conductor y dos apoyos), el nuevo es manejado únicamente por un conductor. A pesar de que estos trabajadores, pasarían a formar equipos de apoyo para revisar el estado de limpieza tras el paso de los camiones, desde CGT alertan de la pérdida de empleo que la medida podría suponer, además de la merma en las condiciones laborales, puesto que este personal pasaría a estar regido por el convenio de limpieza viaria en lugar de por el de residuos urbanos.
Auxiliares de información
Uno de los conflictos más graves que está teniendo en los últimos meses el Ayuntamiento de Madrid, es el de los/as auxiliares de información, personal que trabaja en centros culturales y de mayores municipales. Estos trabajadores, que realizan tareas indispensables para el Ayuntamiento, han trabajado en los últimos años en empresas a las que la corporación municipal ha externalizado el servicio.
En varios casos, la adjudicataria de los concursos anteriores, igual que en los contratos de limpieza y basuras, han sido las grandes empresas constructoras, que a su vez han subcontratado el servicio a otras de menor tamaño.
Este es el caso de los/as trabajadores/as de los distritos de Puente de Vallecas, contratados/as por Preman, una subcontrata de Grupo Ortiz, y de Villaverde, Retiro y Villa de Vallecas, que prestaban servicios para Proman, que se quedó con el servicio adjudicado a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC).
Juan Antonio, afiliado de Comisiones Obreras y extrabajador del distrito de Puente de Vallecas, nos ha contado cómo, a pesar de las promesas de Franscisco Pérez, concejal del distrito, treinta y un trabajadores/as se han visto en la calle. Desde primeros de 2016, los/as trabajadores/as, dado que la contrata con Grupo Ortiz vencía en febrero de 2017, comienzan una serie de reuniones con el concejal para solicitar que en los nuevos pliegos de contratación apareciera la subrogación de los/as antiguos/as empleados/as como condición obligatoria para la empresa que pasara a gestionar el servicio. Tras escuchar durante bastante tiempo buenas palabras, en noviembre de 2016, se publican los nuevos pliegos de contratación sin esta condición, lo que suponía que el personal que llevaba hasta ocho años trabajando en esos servicios, se viera despedido. Además, la subcontrata de Grupo Ortiz, ha solicitado el concurso de acreedores y les debe las dos últimas nóminas, así como la liquidación y las vacaciones. 
Dado que en las condiciones de contratación una de las cláusulas que más puntos daba a las empresas era el precio por el que realizaría el servicio, ha resultado adjudicataria del contrato la empresa Global Servicios, que emplea a personas con discapacidad, lo que le ahorra numerosos costes de Seguridad Social, y le permite establecer unos salarios especialmente bajos. Así, si Grupo Ortiz pedía para cumplir con el contrato un millón trescientos mil euros, Global Servicios se ha quedado con el contrato por ochocientos mil.
Desde que los/as trabajadores/as conocieron que iban a ser despedidos/as, han solicitado en innumerables ocasiones que se revisaran los pliegos para imponer la subrogación, lo que ha sido respondido por el concejal diciendo que la ley no se lo permitía, lo que, evidentemente, es falso. Hay que tener en cuenta que cuando una administración realiza contratos con empresas privadas, puede imponer las llamadas cláusulas sociales entre las que se pueden incluir obligaciones en materia de igualdad, de convenios colectivos aplicables, así como de cuantías salariales y derechos de subrogación.
En las últimas reuniones que han tenido con el gobierno municipal se ha podido ver cómo la improvisación y las buenas palabras, no respaldadas por hechos, han sido la tónica general. Si hace un mes, desde el Ayuntamiento se ofrecía a los/as trabajadores/as pasar a prestar servicios en las nuevas plazas de limpieza viaria en jornada de fin de semana y por unos 470 euros al mes y durante tres meses, tras la última concentración ante la sede del distrito, se les negaba una reunión con Paco Pérez con el siguiente argumento: “¿para qué queréis una reunión, si no tengo nada que contaros?”
Caso similar es el sufrido por los/as trabajadores/as que trabajaban para Proman. En 2016, realizaron dos huelgas indefinidas para reclamar el pago de los salarios. Si en mayo volvieron al trabajo tras conseguir sus reivindicaciones, la cosa fue diferente en noviembre. Como cuenta la sección sindical de CNT en Proman, “Ante la falta de servicios en los centros de mayores, de día, culturales, juveniles, etc., en los que trabajan estos auxiliares, la empresa Ferrovial Servicios -la entidad que subcontrató a Proman para ocupar estos puestos-, mandó a sus empleados de mantenimiento y limpieza a cubrir el trabajo de los auxiliares en huelga, vulnerando así gravemente su derecho a la huelga mediante esquirolaje interno. Mientras los trabajadores mantenían la huelga, en diciembre Ferrovial cesó el contrato que mantenía con Proman concediendo a los trabajadores un permiso retribuido hasta la reubicación en otro puesto de trabajo (reubicación que aún no se ha dado y que supondría la pérdida de la antigüedad y del derecho a la subrogación de las trabajadoras), 
vulnerando nuevamente los derechos fundamentales de la plantilla. Además, desde el 9 de diciembre los trabajadores de Proman fueron sustituidos, ya no por otros trabajadores de la empresa, sino por empleados de una empresa de trabajo temporal, Eurofirms” Desde el primer momento, el sindicato responsabiliza, además de a las distintas empresas, al Ayuntamiento de Madrid, al no prever la subrogación de los/as trabajadores/as y tolerar la vulneración del derecho a huelga, al permitir que empresas que utilizan a esquiroles presten sus servicios en dependencias municipales. Por este motivo, desde la sección sindical, se ha denunciado por vulneración de derechos fundamentales, despido tácito e impago de salarios al Ayuntamiento, Proman y Ferrovial.
La remunicipalización de los servicios privatizados
La solución a estos conflictos laborales podría ser común a todos ellos: tal y como se pregunta la sección sindical de CNT en Madrid Destino, “¿Todo esto no sería más sencillo, más fácil, más ágil, si el ayuntamiento, la administración pública que nos compete, remunicipalizase los servicios culturales que son de todos los madrileños y madrileñas?” Pese a ser una de las propuestas de campaña de Ahora Madrid, y que con ello se solucionarían los problemas de precariedad y salarios de miseria, así como la corrupción
inherente a la adjudicación de contratos públicos, en ninguno de los sectores comentados el Ayuntamiento se plantea asumir el servicio de forma directa. De acuerdo con informes elaborados por la Plataforma de Trabajador@s y Vecin@s por la Remunicipalización y Gestión directa de los Servicios Públicos de Madrid, esto supondría un menor coste, al reducir los beneficios empresariales y la necesidad de control municipal de las adjudicatarias, así como una mejora en las condiciones laborales y un mayor control del servicio por los/as trabajadores/as y vecinos/as de Madrid. En estos informes se proporcionan argumentos que llevan la contraria a una de las excusas que algunos sectores de Ahora Madrid alegan cuando se niegan a rescatar las adjudicaciones: que la legislación no se lo permite. Si bien admiten las trabas que las últimas reformas imponen a la actuación de los Ayuntamientos, mantienen que estos no son ni mucho menos insalvables si hay voluntad política. Es más, en un informe presentado en mayo ante la oficina de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento, CGT manifestaba que, dadas las malas condiciones del Lote 6 de limpieza y la falta de resultados del sistema de inspecciones y sanciones a las adjudicatarias, existen razones legales para resolver el contrato por incumplimiento de las empresas si hubiese voluntad política en la perspectiva de la remunicipalización. La Plataforma advierte, que de existir dicha voluntad, se debe de estar preparado/a para afrontar las presiones de quienes saldrían perjudicados por estas medidas: las grandes empresas presentes en todos los casos de sobornos y financiación ilegal de partidos políticos.
La huelga de Metro en Barcelona
Y mientras esto ocurre en Madrid, otro de los autodenominados Ayuntamientos del cambio, se enfrenta en Barcelona al quinto día de huelga de los/as trabajadores de Metro, que exigen que se acabe con la precariedad, los contratos a tiempo parcial y las externalizaciones. Dado que las únicas noticias que nos llegan hasta la capital es la de las molestias que cada lunes de huelga causan unos trabajadores privilegiados que secuestran a los buenos ciudadanos, recogemos y traducimos una entrevista realizada por el periódico catalán La Directa a Toni Edo, delegado en el comité de Empresa de Metro y afiliado a CGT, sindicato mayoritario en Metro.
Cinco lunes de huelga, ¿qué dirías a la gente que critica esta forma de lucha por los efectos que tiene sobre el servicio?
La solución es sencilla: tenemos una representante política que es concejala de movilidad y tiene bajo su responsabilidad la empresa TMB, en este caso, el Metro. Las reivindicaciones son justas: menos precariedad, fin de los contratos a tiempo parcial y acabar con las externalizaciones. Para el Gobierno de Barcelona, eso no debería ser un problema. Por tanto, la responsabilidad es de Mercedes Vidal y de Barcelona en Comú.
¿Cómo afecta la precariedad a los/as usuarios/as de Metro?
Por ejemplo, si se te queda el billete en una máquina, no hay nadie en la estación. Pulsas el botón de información y te dicen que llegará alguien en cinco minutos, pero acabas esperando cuarenta. No hay personal en las estaciones o el poco que hay lo envían solo a determinados lugares. a empresa distribuye el personal disponible y eso hace que la atención al usuario sea lamentable. Además, no lo justifica, sino que deja entrever que quizás los trabajadores son vagos o están haciendo un café. Pero no es eso. Hay una política de empresa encaminada a disminuir el personal y dejar de lado la atención al viajero. Lo mismo ocurre para un billete que se rompe o una persona que se maree o sufra un ataque al corazón.
¿Qué objetivos persiguen las externalizaciones que denunciéis?En los últimos cuatro años, en el departamento de vías, encargado del mantenimiento, han quedado vacantes ocho plazas, pero se contrata personal externo. Hace poco hubo un descarrilamiento de una máquina de una empresa externa que no habían seguido los dictámenes de seguridad que siguen los trabajadores de la empresa. Con la externalización se busca no tener que seguir las normas de seguridad y abaratar costes, con los resultados que tiene sobre el viajero.
En estos momentos, ¿el sueldo de la plantilla no es una reivindicación principal?En todo momento, lo importante no ha sido el salario, sino la calidad y la estabilidad de los/as trabajadores/as, evitar la precariedad y las externalizaciones.
¿Qué condiciones deberían darse para poner fin a la huelga?
Revertir las externalizaciones, que la precariedad no se mantenga sino que se vaya reduciendo. Hay muchos/as trabajadores/as a tiempo parcial que quieren estarlo a tiempo completo. Se deben cumplir los convenios y acuerdos anteriores. No puedes estar con alguien que sabes que no cumplirá con los compromisos. Ahora mismo, hay un par de incumplimientos graves: uno, el tiempo de conducción de los agentes, que nosotros hemos propuesto que sean cuatro horas y después cuatro de estación, pero la empresa dice que no puede cumplir porque no tiene personal. Entonces, lo que tiene que hacer es contratar personal.
Como telón de fondo, hay 530 personas fuera de convenio…Hay un problema grande. CGT hizo una denuncia para que entraran en el convenio
y pudiéramos acceder a sus salarios, pero la empresa se niega a aportar los salarios de
una parte importante de estas categorías. La jueza dice que deben pasar a convenio,
pero hasta ahora, la empresa se ha negado a cumplir la sentencia. La misma Ada Colau
dijo que había una mafia en TMB y lo que han hecho desde que llegaron, es
poner a cargos de dirección Enrique Cañas y Pau Noy, con un salario inferior,
pero también puestos a dedo. Creo que se equivocan no aplicando la transparencia.
Creo que hay un tema de ineptitud e incompetencia. Por un lado, hacen públicos
los salarios de los trabajadores, aunque no sean del todo correctos, y por
otro ocultan los del resto. Tienen un problema ideológico grave con el mundo del trabajo.
