Mike Davis. Virus Editorial, 2001. 72 páginas.
El urbanista y profesor norteamericano Mike Davis, aborda en sus ensayos la relación entre urbanismo y control social con el “miedo” como concepto central y nexo de unión, o lo que es lo mismo, aborda la relación entre las nuevas formas de urbanismo y las nuevas tecnologías aplicadas como métodos de control social e insertadas en el espacio urbano, con el miedo y la inseguridad como excusa política mediante la cual justificar el control y la represión sobre la población. Estos ensayos se basan en un análisis de la evolución de la política urbanística y la gestión de la pobreza, contextualizado en la ciudad de Los Ángeles (EEUU), así como también del paralelo desarrollo de la industria carcelario-represiva. Davis expone la evolución del sistema político de libertades en Estados Unidos, donde las progresivas políticas de recortes sociales y precarización de las relacio- nes laborales desarrolladas por los diferentes gobiernos republicanos y demócratas de los EEUU en las últimas décadas, han llevado a crecientes desigualdades y conflictos sociales. Las consecuen- cias de todas estas políticas han sido el endurecimiento de las leyes penales, el brutal aumento de la población reclusa, la bunquerización de las zonas residenciales y el abandono de los barrios de mayoría de población negra o inmigrante, debido a la criminalización y estigmatización social que recae sobre estas personas en el imaginario público. El miedo ha sido usado de manera recurrente a lo largo de la historia como instrumento político y herramienta del poder para manejar a las masas y es tomado ahora como el elemento más determinante a la hora de establecer y justificar la segregación espial, tomando al miedo a la diferencia racial como parapeto tras el que ocultar la segregación de clase. La gestión del miedo que provoca la inseguridad ciudadana se ha convertido en una carta blanca para generar consenso social en torno a políticas discriminatorias y autoritarias, políticas de criminalización de clase, así como también un aumento del beneficio económico para las empresas privadas que se dedican a la gestión del sistema penitenciario.