4 de julio de 2017. Los medios de comunicación se hacen eco del escrito de acusación contra los/as chavales/as de Alsasua: “Fiscalía pide hasta 62 años de prisión”, decían algunos titulares. “Qué barbaridad”, pensamos. “Si son 9 acusados/as, y están pidiendo 62 años, salen a más de 6 años cada uno/a. Qué desfase de petición por una pelea de bar en el que sólo una persona acabó con lesiones de consideración”. Sin embargo, tras pinchar en el enlace a la noticia, la sorpresa se multiplicó, literalmente, por diez. Resulta que no solicita el Fiscal José Perals 62 años de prisión en total para el grupo, sino que pide 50 años de prisión a cada uno de los acusados, salvo a Oihan, para el cual interesa 62 años, y a Ainhara, a la que le piden una pena de “sólo” 12 años y 6 meses. El total, por tanto, es de 375 años. Las penas de 6 años de cárcel que pensábamos al inicio que podían caer parecen hasta una petición razonable después de saber que se solicita medio siglo de prisión.
Evidentemente, no van a ir a la trena por un periodo de 50 años incluso si resultan condenados/as. El Código Penal tiene mecanismos para regular los topes de cumplimiento de condenas, como por ejemplo la regla de “la triple de la mayor”, según la cual sólo se puede cumplir tres veces la pena máxima que se imponga (así, si la mayor pena es, digamos, de 5 años, el máximo de cumplimiento serían 15). Aún así, no podemos obviar el valor simbólico de lo que representa pedir hasta 62 años de prisión por una pelea.
Un día antes de publicarse el escrito de acusación de Alsasua, la Fiscalía del Tribunal Supremo pidió que la pena a Urdangarín por una ristra de delitos impresionante ascendiera a 18 años de prisión. Sus delitos, para la Fiscalía, se encuentran revestidos de un 33% de la gravedad que lo de Altsasu. Dos meses antes salió a la luz la petición fiscal a La Manada, el grupo de cinco hombres que violaron salvajemente a una mujer en San Fermines de 2016: 22 años y 10 meses de prisión. Es la mitad de grave que lo de Alsasua, según sus cálculos.
14 de julio de 2017. Baltasar Garzón, ex magistrado de la Audiencia Nacional, publica una tribuna en El País titulada “La Nada Terrorista de Alsasua” en el que concluye que “Calificar esto como conducta terrorista es una inconsistencia jurídica de gran envergadura […]. Por tanto, solo existe la nada terrorista en el caso Alsasua y la decisión de la fiscalía de iniciarlo, bajo la anterior jefatura, con el regocijo del ministro Fernández Díaz, no se enmarcó en el contexto de la actividad terrorista de ETA, sino en el de la desnaturalización del concepto de terrorismo de los titiriteros, tuiteros, anarquistas, antisistema, okupas, personas que silbaban al himno nacional, que quemaban alguna bandera o algunas fotos del Rey. En esa línea, el escorzo del fiscal puede tener imprevisibles consecuencias”.
Es tan significativo que lo diga esta persona, como el día escogido para publicarlo. Y es que el 14 de julio supuso el 19º aniversario del día en el que Garzón ordenaba el cierre del periódico Egin y la detención de varios/as directivos/as, de los/as cuales varios/as pasaron muchos años en la cárcel. Fue el comienzo de la idea más original llevada a la práctica por el todopoderoso (hasta su debacle) juez: la doctrina del “todo es ETA”, un ataque a una parte de la sociedad vasca vinculada a la izquierda y al independentismo que supuso un duro recorte de los derechos civiles y políticos en Euskal Herria. Esta política conocería su apogeo en el famoso proceso 18/98 y vemos que no ha cesado en la actualidad. Prueba de ello es que el escrito de acusación del Fiscal Perals comienza criminalizando a parte de la población euskalduna y, en cierta manera, convirtiendo a los acusados en herederos del terrorismo que se desarrolló incluso antes de que nacieran: “A lo largo de los años en la Comunidad Foral de Navarra se ha imbuido en un sector de la población un sentimiento de odio hacia la Guardia Civil”, comienza la tesis de Fiscalía.
Cuando el creador del “todo es ETA” no ve terrorismo en Alsasua, ya sea por oportunismo político (su nombre resuena para convertirse en el sucesor de Carmena al frente del Ayuntamiento de Madrid) o por auténtica convicción, llega el momento de que la Audiencia Nacional se pregunte “¿qué estamos haciendo?”.
El mismo día en que apareció en El País la opinión de Garzón, una multitudinaria manifestación se concentró en el centro de Pamplona, en plenos Sanfermines, para pedir un poco de cordura y la libertad de los presos preventivos. Igualmente, pidieron el fin de la persecución a la solidaridad, recordando a tres chicos que fueron interrogados y multados en la capital navarra por portar camisetas de “Altsasukoak Aske”. “Esta plaza se ha llenado para decir que es injusto lo que estamos viviendo, que ya basta”, exclamó Isabel Pozueta, madre de uno de los/as procesados/as.
Unos días antes Gerardo Tecé publicó en CTXT un artículo titulado “Apellídalo Terrorismo”, en el que explica que “desde que ETA bajó la chapa, además de crecer las refinerías han nacido nuevas variedades de terrorismo. […] Terrorismo por humillación vía chiste en Twitter, terrorismo por pertenencia a grupo anarquista, terrorismo a golpe de títere o terrorismo por pelea de bar. Esta última variedad de terrorismo nos trae novedades sintácticas en el lenguaje. A falta de grupo terrorista activo que haga de sujeto terrorista, son las lesiones en sí el terrorismo. 50 años de cárcel, no por terroristas, sino por lesiones terroristas. Luego hay quien sigue diciendo que en España no hay I+D+I.
Lo de Alsasua, efectivamente, es algo político. Comenzó a serlo en el momento en el que el futuro de los acusados no dependía de su defensa, sino de qué tribunal juzgase la reyerta. O multa o ley antiterrorista. Una moneda al aire entre la Audiencia Provincial de Navarra –que consideraba aquello una pelea de bar– o la Audiencia Nacional, por cuyas paredes han pasado en los últimos tiempos los tuiteros y artistas más ilustres bajo la doctrina de moda: apellídalo terrorismo. La moneda del futuro de los acusados de Alsasua la llevó al suelo el Tribunal Supremo, órgano cuyos miembros son de nombramiento político: que lo de Alsasua se apellide terrorismo”.
Y es que, como escribió Mr. Brown en el artículo “La otra cara del Espíritu de Ermua”, publicado en Regeneración Libertaria, “el furor antiterrorista resulta ser mucho más persistente que el propio terrorismo. Permite que aumente la lucha contra supuestos enaltecimientos del terrorismo cuando no existe terrorismo, busca comandos anarquistas donde hay anarquistas sin comandos y busca gravísimos linchamientos terroristas donde sólo hay una pelea de bar. Una diferencia semántica que puede costar a ocho jóvenes entre 12 y 62 años de cárcel”.