La externalización como política de control migratorio. El dinero que evidencia el racismo europeo

A mediados de abril saltó la noticia del acuerdo alcanzado entre Reino Unido y Ruanda por el cual éste último país se comprometía a recibir a las personas que buscando refugio formulen la solicitud de protección internacional en el país británico. De esta forma, Reino Unido trasladará a dichas personas a más de 6.500 km para evitar su acogida, todo ello a cambio de una importante asignación económica para el país centroafricano. Esta decisión, si bien resulta ser la más llamativa, no es la única que ha tomado el gobierno de Boris Johnson con intención de restringir la llegada de personas extranjeras a Reino Unido pero sí que resulta realmente inquietante por hacer saltar por los aires los ya frágiles y mínimos consensos internacionales respecto a la protección de las personas refugiadas. Por otro lado, este acuerdo ha sido el pistoletazo de salida para que otros países comiencen a plantear medidas similares, como ya ha hecho Dinamarca negociando también con Ruanda. Aunque Dinamarca ya se había anticipado aprobando una ley en 2020 que da luz verde a la expulsión de personas refugiadas a un tercer país. Un portavoz del gobierno danés, Rasmus Stoklund, en unas declaraciones sobre esta reforma legislativa fue rotundamente claro al manifestar cuál es su objetivo real: “Si solicitas asilo en Dinamarca, sabes que te enviarán a un país fuera de Europa y, por tanto, esperamos que la gente deje de buscar asilo en Dinamarca”. Mientras el gobierno inglés trataba de vender públicamente que las condiciones de acogida en el país ruandés serían dignas y respetuosas con los derechos humanos, la clase política danesa no se ha andado con rodeos, haciendo pública la línea del conjunto de países europeos: “no queremos que vengan”.

La noticia del acuerdo entre RU y Ruanda tuvo un amplio eco mediático durante la jornada en la que se hizo pública, pero, como tantas otras noticias, ha acabado diluida entre el inmediatismo y la sobresaturación. Aun así es necesario incidir en que esta medida no es más que la punta del iceberg de la política de externalización que Europa lleva poniendo en práctica desde hace años, con España como vanguardia de esta forma de control migratorio.

España ha firmado acuerdos con países como Marruecos, Mauritania, Mali, Sudán, Chad, Guinea Conakri, Gambia, Costa de Marfil, Senegal, etc., en los cuales, a cambio de dinero, pactos comerciales, inversiones, etc., estos países se comprometen a controlar las rutas migratorias con destino a la Península. De esta forma, las acciones contra las personas en movimiento se inician mucho antes de la llegada a la propia frontera, generando una nueva forma de colonialismo por dicha práctica expansionista y refronterizadora, es decir, por la sustitución del límite fronterizo físico, por la extensión de la jurisdicción más allá de las fronteras de España. Además, la externalización del control migratorio no solo se realiza a través de una especie de “subcontratación” de policías y militares de otros países sino también con la presencia directa de cuerpos armados españoles en estos territorios. La justificación incorporada a dichos acuerdos está impregnada de un relato securitario donde se entremezclan referencias a la lucha contra el terrorismo y las mafias con el control de los flujos migratorios, presentado incluso a la persona migrante como una víctima de redes de tráfico.

Por si no fuera ya de por sí perversa dicha práctica, los sucesivos gobiernos españoles han ocultado estas partidas económicas como ayudas al desarrollo. Con estas asignaciones a la cooperación se han financiado equipamientos y entrenamientos a fuerzas policiales o centros de privación de libertad, como un centro de detención en Mauritania, financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), que fue cerrado en 2012 por denuncias de vulneraciones de derechos humanos. Pero también, estas ayudas al desarrollo han sido utilizadas para condicionar las políticas de dichos países, como un instrumento de presión no solo para obtener el compromiso de control en la frontera sino también para que se acepten repatriaciones y readmisiones.

Todo esto forma parte de un cambio en la estrategia española donde se pretende “suavizar” el ejercicio del control migratorio, donde la fuerza policial y militar tenga menos visibilidad pública, delegando el trabajo sucio en otros gobiernos, por lo que España pretende limitarse a una acción, por un lado, diplomática y política, y, por el otro, de inteligencia, compartiendo información obtenida por sus instrumentos de vigilancia.

Para finalizar, incidir en que esta dinámica externalizadora tiene efectos directos en las personas que buscan refugio y protección. España imposibilita solicitar asilo en sus embajadas y consulados, por lo que solo es posible tramitar dichas peticiones en suelo español o en la propia frontera, pero si cada vez se establecen más trabas para alcanzar los puestos fronterizos, se está vulnerando directamente el derecho de asilo, incumpliendo también, al igual que hacen Reino Unido y Dinamarca pero a través de otros mecanismos, los acuerdos internacionales que protegen este derecho.