Los políticos de extrema derecha son considerablemente más propensos a difundir bulos en redes sociales que el resto, según un estudio realizado en Países Bajos que argumenta que amplificar desinformación es hoy parte integral de la estrategia de la derecha radical.
La investigación, publicada a finales del mes de marzo, desmenuzó cada tuit publicado entre 2017 y 2022 por todos los diputados con cuenta en Twitter en 26 países: 17 miembros de la Unión Europea, incluidos los más poblados (Alemania, Francia, Italia, España y Polonia), pero también Reino Unido, Estados Unidos y Australia. Después, las investigadoras comparararon cada conjunto de datos, 32 millones de tuits de 8.198 diputados, con bases de datos internacionales de ciencias políticas que contienen información detallada sobre los partidos políticos correspondientes y su posición en el espectro derecha-izquierda. Para terminar, extrajeron información de servicios de seguimiento de bulos y verificación de datos para montar un conjunto de 646.058 enlaces, cada una de ellos asociado a una clasificación de veracidad basada en la fiabilidad de su fuente, y comparada con 18 millones de vínculos compartidos por los diputados.
Al tener todos esos juegos de datos masticados conjuntamente, las investigadoras pudieron crear lo que describieron como un “marcador de veracidad” agregado para cada político y cada partido, basándose en los enlaces que los diputados habían compartido en Twitter.
Los datos mostraron de forma concluyente que la extrema derecha era “el mayor factor de propensión a difundir desinformación”, mientras que los diputados de centroderecha, centro-izquierda y los partidos descritos como «populistas de extrema izquierda» figuraban como “no ligados” a esta práctica.
“Los populistas de extrema derecha usan la desinformación como una herramienta para desestabilizar democracias y obtener una ventaja política”, concluyen sus autoras, Petter Törnberg y Juliana Chueri, profesores de dos universidades holandesas.
Los bulos: un clásico de la extrema derecha
La estrategia del fascismo de difundir bulos no es nueva. Hace casi 100 años, Adolf Hitler conquistó las más altas instituciones del Estado mediante la difusión de bulos y noticias falsas, que se arraigaron en lo más profundo de la sociedad alemana. Entre las teorías de la conspiración más populares se encontraba la del Protocolo de los Sabios de Sión (un plan judío para conquistar el mundo) o que los comunistas quemaron el Reichstag y planeaban un golpe de Estado. Este tipo de bulos permitieron que en 1933 un Decreto le otorgara poderes especiales y se suspendieran artículos de la Constitución de Weimar, como la libertad de expresión, la libertad de prensa, el derecho de reunión y asociación y la inviolabilidad del domicilio.
Esta estrategia se está emulando en la actualidad. Las fake news promovidas por medios de ultraderecha están a la orden del día: que si Pablo Iglesias tenía una UVI móvil en su casa durante la pandemia, que si los migrantes son delincuentes sexuales, que si el 11-M fue ETA, que si el 11-M fueron Marruecos y Francia para poner en el poder a Zapatero, que si las vacunas llevan microchips para controlarnos, que si el Covid fue creado por China para aniquilarnos, que Biden no ganó las elecciones a Trump en 2020, que los haitianos se comen las mascotas de los estadounidenses, etc. En la web de Al Descubierto puedes encontrar, cada año, una recopilación de los bulos más sonados.
Gracias a la difusión incesante de mentiras a lo largo de los años, partidos populistas de extrema derecha como Alternativa para Alemania (AfD), Agrupación Nacional (RN) en Francia y el Partido por la Libertad holandés (PVV) han obtenido importantes victorias en Europa en los últimos años y gobiernan o han gobernado en varios países (Italia, Hungría, Polonia, Eslovenia, Suecia, Países Bajos, Finlandia, Brasil, EEUU, etc).
Por poner un ejemplo clarísimo del poder de las fake news a la hora de determinar quién gobierna en un país: a finales de 2019, Bolivia sufrió un golpe de Estado que culminó con la huida del presidente Evo Morales en medio de disturbios y asesinatos policiales. El asalto estuvo precedido por una intensa campaña de desinformación e impugnación de los resultados electorales, que daban la victoria a Morales por la mínima. Casi un año después, en agosto de 2020, Facebook desmanteló una red de perfiles falsos, tanto en esa red social como en Instagram, cuya actividad estaba enfocada en el apoyo del golpe de Estado en Bolivia, así como en otras campañas de extrema derecha en México o Venezuela.
En Twitter, la maniobra fue obscena: se identificaron más de 200.000 cuentas falsas solo en noviembre de 2019, muchas creadas en ese momento. En aquel mes, coincidiendo con el golpe de Estado en Bolivia, los perfiles de sus principales protagonistas crecieron entre 50.000 y 200.000 seguidores. El golpista Marco Pumari, por ejemplo, pasó de 48 a 67.000 seguidores en apenas unas semanas.
La empresa responsable de estas prácticas de desinformación era CLS Strategies, vinculada a elementos clave de la internacional ultraderechista como Atlantic Council –José María Aznar y Rafael Bardají forman parte de esta organización– o Atlas Network, además de a organismos públicos estadounidenses. Uno de los trabajadores con los que ha contado CLS para este tipo de prácticas antidemocráticas en América Latina es Roger Noriega, ex subsecretario de Estado con George Bush y socio de Team Jorge, una organización israelí, financiada por la empresa Demoman International, con conexiones directas con el Mossad y conformada por un equipo que proviene de los «servicios de inteligencia y fuerzas especiales en EEUU, España, Reino Unido y Rusia«, según se promocionan. En 2022, un grupo de periodistas se infiltró en Team Jorge y reveló que se jactaban de haber intervenido en “33 campañas electorales presidenciales, 27 de las cuales fueron exitosas”. Y uno de los socios de Team Jorge es Martín Rodil, un conseguidor de «exclusivas» para el principal difusor de bulos en España, OkDiario.
El contrato del Gobierno golpista de Jeanine Áñez con CLS está firmado por el ministerio que encabezaba Arturo Murillo, número dos de la entonces presidenta. Hoy, Murillo cumple una condena de cinco años y diez meses de cárcel por haber recibido en 2019 más de medio millón de dólares de una empresa estadounidense a cambio de contratos públicos para proporcionar gases lacrimógenos y equipamiento no letal al Ministerio de Defensa. Mientras desfalcaba y manipulaba al pueblo boliviano, Murillo tuvo tiempo para hacer de huésped de la comitiva española que acudió a apoyar el golpe de Estado, entre los cuales se encontraba Hermann Tertsch (Vox) y un periodistas de OkDiario.
Los bulos, precursores de la violencia
Más allá de cómo los bulos pueden influir en determinar resultados electorales, no debemos olvidar que suponen un evidente peligro. Un ejemplo lo encontramos con la Teoría del Gran Reemplazo. Popularizada en 2012 por el escritor francés Renaud Camus, sostiene que una élite mundial (Soros, la UE, etc) está dedicando sus esfuerzos a sustituir a la población blanca cristiana europea con pueblos no europeos a través de la migración masiva y el crecimiento demográfico, así como la expansión el aborto y de la homosexualidad en Occidente. En su momento la idea de un genocidio blanco parecía absurda, pero desde entonces ha sido acogida por Marine Le Pen, Éric Zemmour, Matteo Salvini, Santiago Abascal, Viktor Orbán y la Alt-Right estadounidense. Una encuesta de finales de 2021 muestra que el 60% de los franceses se creen esta basura. Como muestra de lo peligrosa que es esta teoría, cabe recordar que entre los seguidores del Gran Reemplazo se encuentran Breton Tarrant, que en 2019 mató a 51 personas en dos mezquitas de Christchurch (Nueva Zelanda) y Payton Gendron, que en 2022 mató a 10 personas negras en Búfalo (EEUU).
Más recientemente, el pasado verano de 2024 un bulo islamófobo difundido por el fascista británico Tommy Robinson culpó a un refugiado musulmán de cometer un horrible asesinato, cuando el autor real había sido un joven galés. Esto se tradujo en violentas cacerías contra musulmanes y numerosos disturbios a lo largo y ancho del Reino Unido. Unos días después, la extrema derecha española culpó falsamente a «los MENAS» de un asesinato en Mocejón (Toledo), buscando generar la misma reacción que en Gran Bretaña.
La difusión de bulos tiene consecuencias reales. No sólo en el odio y violencia que reciben las minorías, sino también en el recorte de derechos fundamentales. Por ejemplo, el verano pasado tanto el Gobierno británico como el español propuso reformas legales para recortar la libertad de expresión, acabar con el anonimato en Internet y endurecer el Código Penal. Y esto se ha recuperado en las últimas semanas, después de que la ministra socialista Pilar Alegría haya sufrido una campaña de acoso en redes, con comentarios e insultos machistas y amenazas de muerte y de violación.
Acabar con el anonimato, es decir, dar un DNI para navegar por internet o abrirse una cuenta en una red social, impediría que un proyecto militante (como un centro social okupado, un colectivo ecologista que participa en acciones de desobediencia civil o un periódico anarquista) pueda difundir su trabajo sin señalar abiertamente a las activistas que participan del mismo). El anonimato es útil para que puedas participar en los debates políticos en redes sin exponerte, sin que tus jefes conozcan tu ideología, o sin informar a las autoridades de lo que piensas. Sin él, peligra la libertad física de quienes participan en acciones de protesta o en movimientos sociales, se limita la libertad de expresión y el derecho a recibir información. Por otro lado, otorgar al Estado la posibilidad de decidir qué se puede decir en internet y quién lo puede decidir, por supuesto, se volverá en contra de los movimientos antagonistas. Al igual que ocurrió con los delitos de odio, que se regularon para proteger a las minorías vulnerabilizadas y que se han instrumentalizado para proteger a personas privilegiadas – blancos, heterosexuales, españoles, fascistas, machistas, etc –, esta nueva normativa se pervertiría de la misma forma para atacar al antifacismo, feminismo, anarquismo, ecologismo, antiespecismo, etc.