La extrema derecha ante los delitos de odio

A principios del pasado mes de septiembre, un joven denunció que un grupo de ocho encapuchados le atacó y le grabó la palabra “maricón” en el culo con una navaja. Unos días después confesó que se lo había inventado, lo cual fue aprovechado por la derecha para negar la existencia de la LGTBIQfobia. “La homofobia está en la cabeza de la izquierda”, llegó a decir Ayuso. Dos días después una manifestación nazi recorrió Chueca al grito de “fuera maricas de nuestros barrios”. Una persona más autoconsciente se habría tragado sus palabras.

Por su parte, Vox (que días antes había relacionado la ficticia agresión homófoba con la llegada de inmigrantes ilegales) anunció que se querellaría contra cualquier persona que lo vinculara con la propagación del discurso de odio. Y lo haría acusando a quien lo hiciera de cometer un delito de odio contra ellos.

¿Parece demencial? Esta estrategia de victimización es utilizada con preocupante frecuencia por la derecha e indudablemente da sus frutos: cada vez son más las personas que han sido acusadas de cometer delitos de odio contra la extrema derecha (existen múltiples noticias de tuiteros, youtubers y manifestantes acusadas de incitar el odio contra miembros de la plataforma Hazte Oír, contra cargos de Vox, contra nazis con los que han tenido encontronazos, etc; y las penas que les piden no son bajas). Las “personas patriotas” se están convirtiendo en uno de los arquetipos más típicos de las víctimas de delitos de odio. De esta manera han conseguido alejar el foco de las miles de agresiones LGTBIQfobas y racistas que se registran al año y presentar a quienes más privilegios ostentan como los perjudicados por una cruzada de la izquierda contra fenómenos inexistentes. Y esto es preocupante.

Los delitos de odio y la Paradoja de la Intolerancia

La Paradoja de la Intolerancia, desarrollada por el filósofo austriaco Karl Popper, establece que si somos ilimitadamente tolerantes, nuestra capacidad de serlo finalmente será destruida por quienes son intolerantes. “Tenemos por tanto que reclamar, en el nombre de tolerancia, el derecho a no tolerar la intolerancia” afirmó.

Trasladada al mundo jurídico, esta paradoja se traduce en que hay determinadas normas con una finalidad de justicia social que no se pueden utilizar para proteger a quienes predican la injusticia. Los delitos de odio entran dentro de esta categoría. Estos tipos penales, al menos en teoría, buscan poner freno a los discursos discriminatorios que, directa o indirectamente, crean un clima de violencia hacia distintas minorías. El espíritu detrás de su inclusión en el Código Penal en 1995 no era otro que el de acabar con la discriminación que sufren determinados colectivos históricamente perseguidos y salvaguardar sus derechos fundamentales. Por eso, la exposición de motivos del Código Penal justificó la creación de estos delitos debido a “la proliferación en distintos países de Europa de episodios de violencia racista y antisemita que se perpetran bajo las banderas y símbolos de ideología nazi”.

Evidentemente, utilizar este tipo de delitos para proteger a personas que no solo no pertenecen a un grupo típicamente oprimido, sino que además fomentan activamente el odio contra los mismos, supone una desnaturalización de su esencia que equipara al oprimido y al opresor. Recuerda a las palabras de Javier Tebas, presidente de la Liga de fútbol, que dijo “en el Rayo no quieren nazis, ¿y si mañana otro equipo no quiere homosexuales?”

Por desgracia, mucha gente coincide con Tebas. Y es que existen algunas interpretaciones de los delitos de odio que consideran que cualquier tipo de discriminación, sea la que sea, es igual de reprochable. Y entre ellas se encuentra la de la Fiscalía General del Estado que, en 2019 estableció que “una agresión a una persona de ideología nazi, o la incitación al odio hacia tal colectivo, puede ser incluida en este tipo de delitos [de odio]”. Una frase que, ignora que estamos hablando de colectivos en situación de desigualdad desestructural y que despolitiza y banaliza la violencia que sufren.

La fagocitación de los delitos de odio que se veía venir

En abril de 2017 publicamos un artículo titulado “¿Tengo libertad para odiar?”. En él explicábamos, en relación con la estrategia de instrumentalizar los delitos de odio contra el fascismo, que, como antiautoritarias, entendemos que no debemos pedir al poder judicial que actúe a favor de una escalada en la represión judicial, ya que con ello acabamos legitimando los instrumentos represivos que someten a la población. Y, en segundo lugar, argumentábamos que como activistas (al margen de la naturaleza antiautoritaria o no) y, por consiguiente, personas que se enfrentarán de alguna manera con quienes nos oprimen, entendemos que corremos el riesgo de sufrir el mismo tipo de represión y que se nos acuse de incitación al odio en el futuro. Y citamos a la abogada catalana Laia Serra, quien por entonces había escrito “antes de reclamar cualquier restricción a la libertad de expresión, hay que pensar en términos estratégicos con un análisis a corto, medio y largo plazo. Cada restricción que se fija genera un precedente que afectará a toda la sociedad, incluido el colectivo reclamante. […] Si vamos bajando el listón de lo que se puede decir y dejamos en manos del legislador y del poder judicial su fijación, acabarán sufriendo la mordaza precisamente quienes reivindicaban su restricción con contundencia”.

Cuatro años después, podemos decir que nuestras predicciones se están cumpliendo.