La fiebre del oro (4): Una mirada a la minería en Latinoamérica

En el número de junio de 2015 comenzábamos esta serie de artículos sobre la minería, especialmente la minería a cielo abierto, en distintas partes del mundo. Tras hacer un repaso de la situación en el Estado español (www.todoporhacer.org/la-fiebre-del-oro-1-destruccion-de-la-tierra-en-el-estado-espanol) y el griego (www.todoporhacer.org/fiebre-oro-2-calcidica) y echar la vista al pasado en Sudáfrica y California (www.todoporhacer.org/oro-sudafrica-y-california), terminamos por fin esta serie (al menos por el momento) con este breve vistazo a algunos países latinoamericanos.

No vamos a centrarnos aquí en los efectos devastadores que la práctica de la minería a cielo abierto tiene sobre el medio ambiente, ya que ese aspecto también lo hemos abordado con anterioridad (por ejemplo, en el nº de julio de 2013: www.todoporhacer.org/montanas-de-usar-y-tirar-la-fiebre-de-la-mineria-a-cielo-abierto). Tampoco pretendemos abarcar en tan pocas líneas la realidad de todo un continente en el que la minería y los conflictos mineros están en primera plana en la mayoría de los Estados. Pero a pesar de estas limitaciones, nos parece importante intentar mostrar aunque sólo sean algunos ejemplos de un contexto tan distinto al europeo en el cual el neocolonialismo de las multinacionales norteamericanas es omnipresente (no sólo en la minería sino en cualquier tipo de explotación de recursos naturales), y donde las culturas y modos de vida indígenas hacen de la defensa del territorio una cuestión vital y colectiva.

Intentaremos hacer primero un breve repaso a la situación en los países centroamericanos, para centrarnos después en algunos ejemplos de Perú, uno de los países más afectados por el boom minero de los últimos años. Nos hubiera gustado ampliar la mira a Chile, Argentina o Brasil, entre otros, pero como siempre, nuestro espacio y tiempo son limitados. Animamos a seguir investigando sobre el tema en las webs y documentales que recomendamos al final.

El expolio minero en Centroamérica

Durante las últimas dos décadas, la minería en América Central se ha convertido en una amenaza creciente para los pueblos y el medio ambiente de la mayoría de países. Según un estudio de 2011 “Impactos de la minería metálica en Centroamérica” del CEICOM (Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio)¹, el 14% del total de territorio centroamericano estaba en aquel año concesionado a empresas mineras. Un porcentaje que en Honduras y Guatemala, los países más afectados, llega hasta el 30-35%.

Las protagonistas de esta invasión son, en su gran mayoría, las empresas mineras canadienses (que constituyen, por cierto, el 75% de las empresas extractivas de todo el mundo). La capacidad que estas empresas llegan a tener para arruinar la vida de comunidades enteras, no reside solamente en el daño directo e irreversible que su actividad produce sobre su territorio, su salud y sus medios de vida ligados a la agricultura, ganadería, etc. Hay que tener bien presente que estas empresas, junto con el Estado canadiense que las respalda, no aprovechan simplemente una situación que casualmente les es favorable, sino que ejercen todos los mecanismos de poder a su alcance para generar esa situación: manejando a su antojo gobiernos y legislación, manipulando a la población a base de falsas promesas y supuestos programas de desarrollo, o recurriendo al asesinato selectivo de cabezas visibles de las luchas antimineras.

En Honduras, por ejemplo, según escribe la canadiense Alexandra Pedersen², “Canadá jugó un papel crucial apoyando el golpe militar respaldado por Estados Unidos en el 2009. Negándose a sancionar al régimen militar de facto que tomó el poder. Poco después, la Embajada de Canadá presionó para que haya reformas a la Ley de Minería de Honduras, pese a la oposición general de la sociedad civil a las operaciones de minería a cielo abierto. (…)Del mismo modo, el Consejo de Asuntos Hemisféricos encontró que Canadá influenció de manera clave en el establecimiento de la Asociación Nacional de Minería Metálica de Honduras (ANAMINH), la misma que permite la concesión de por vida, exenciones de impuestos y derechos al subsuelo de la tierra a las empresas mineras canadienses.” Y efectivamente, en 2013 se aprobó la nueva Ley de Minas hondureña que, entre otras barbaridades, elimina el límite de tiempo a las concesiones (es decir, les regala el territorio de por vida a las empresas), y declara que ningún territorio es libre de minería, echando por tierra cualquier tipo de protección medioambiental y, más aún, el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que otorga a los pueblos indígenas el derecho a decidir respecto a las políticas y proyectos de desarrollo que afectan a sus formas de vida.

A Guatemala tampoco le faltan ejemplos en ese sentido, destacando la dimisión el pasado año del ministro de Energía y Minas Erick Archila, envuelto en el escándalo de corrupción que sacudió el país e imputado (entre otras cosas) por la concesión de licencias a proyectos mineros sin tener en cuenta la fuerte oposición de las comunidades.

En el vecino El Salvador, esa oposición popular a los proyectos mineros sí consiguió que en 2008 el gobierno aprobara una moratoria a la minería, revocando incluso las licencias que ya estaban concedidas. La respuesta de la minera canadiense Pacific Rim Mining Corp. (ahora OceanaGold) fue demandar a El Salvador por 301 millones de dólares, más o menos el equivalente a un 5% del PIB del país.

En los últimos años, sin embargo, parece que la presión de las empresas extractivistas y el número de concesiones activas u otorgadas ha disminuido considerablemente (en Nicaragua, por ejemplo, una reducción del 26% en las concesiones mineras entre 2014 y 2015). Si bien el papel de las luchas contra la minería no se debe menospreciar, la cruda realidad es que la razón principal de esto está en la bajada de precios que el oro y la plata están experimentando desde 2013, y que en el momento en que vuelvan a subir, la amenaza recuperará toda la fuerza que tenía.

La Puya, un ejemplo de resistencia

El proyecto minero de extracción de oro y plata “Progreso VII Derivada”, en el noreste del departamento central de Guatemala, recibió la licencia de explotación en noviembre de 2011, tras un Estudio de Impacto Ambiental en el que se omitían “detalles” como los usos y descargas de agua de la mina y los controles de la contaminación por arsénico, y sin haberse consultado con ninguna de las comunidades afectadas.

A comienzos del año siguiente la población comenzó a movilizarse en contra sin mucho éxito, hasta que el 1 de marzo de 2012, una mujer plantó su coche delante de una excavadora y la hizo retroceder. A ese mismo lugar comenzaron a acudir más vecinos/as, y así comenzó la toma de la entrada a la mina, que vino a conocerse como La Puya.

Los ataques, intimidaciones e intentos de desalojo se sucedieron tanto por parte de la empresa como del Estado que defendía sus intereses. Entre ellos, el intento de asesinato de la militante Yolanda Oquelí, quien recibió un disparo cuando regresaba de La Puya junio de 2012. Viendo que la represión más sangrienta no lograba detener la movilización, la estrategia cambió a intentar negociar con las comunidades y tratar al mismo tiempo de engatusarlas con “regalos” como el intento de la empresa de entregar ordenadores a la escuela municipal, que fue rechazado rotundamente por la población.

Los intentos de desalojo violentos no cesaron por mucho tiempo y continuaron durante los años siguientes, hasta que el verano pasado un recurso de amparo se resolvió a favor de La Puya ordenando a la empresa paralizar su actividad, decisión que confirmó el pasado 22 de febrero la Corte Suprema de Justicia.

Parece que la batalla en este caso se ha ganado. Y aunque aparentemente haya sido en los tribunales, es difícil de creer que se hubiera conseguido sin la presión de la lucha comunitaria en la calle, sin la cual, además, la destrucción acelerada del territorio llevaría años produciéndose en La Puya.

Yanacocha o el yacimiento más importante de América Latina

Ponemos la lupa sobre Perú para hablar de la segunda mina áurica más productiva del mundo. Antes de nada comentar que éste estado está a la cabeza de la explotación minera en Latinoamérica, con una larga y sólida trayectoria, donde destaca su producción de oro, cinc, plomo y estaño, así como la de plata y cobre, entre otros, y que tiene como consecuencia un gran crecimiento económico derivado de la exportación de estos metales.

Bajando a Yanacocha

El nombre del yacimiento es de origen quechua cajamarquino y viene a significar laguna negra o laguna oscura, en referencia a la masa de agua que allí se localiza. Está situado a 48 kilómetros de la ciudad de Cajamarca, capital de la provincia de mismo nombre, situada en la vertiente oriental de la Cordillera de los Andes, unos 800 km al norte de Lima. El complejo minero se localiza a gran altura en los propios Andes, entre 3.400 y 4.120 metros por encima del nivel del mar y está compuesto por cinco minas a cielo abierto, y la infraestructura correspondiente para la lixivación y la recuperación de oro.

La mina fue descubierta por Pierre Maruéjol en 1980, quien se asoció con Newmont Mining Corporation y con la Compañía de Minas Buenaventura para la explotación de la misma hasta 1994. En la actualidad la explotación corre a cargo de Minera Yanacocha, un consorcio integrado por las mismas empresas que originaron las excavaciones (Newmont Mining Corporation, americana y propietaria al 51%, Buenaventura, peruana, al 43%, sumándose a ellas la Corporación Financiera Internacional, dependiente del Banco Mundial).

La actividad minera ha implicado remover un promedio de 600.000 toneladas de tierra y roca al día, aunque ha sido el agua el agente más afectado, desapareciendo canalizaciones que abastecían a comunidades agrícolas, como es el caso de la mismísima laguna Yanacocha. Los abusos se suceden desde los años 90, con estafas y amenazas a los habitantes de la zona para obligarles a vender barato sus tierras. Esto tiene como consecuencia la creación de colectivos en defensa de la tierra y del agua.

A lo largo de esta serie de artículos hemos hablado del impacto ambiental de la minería a cielo abierto, y en esta zona, no ha sido menor que en otras (la compañía minera fue multada en 2012 por vulnerar en varios puntos la normativa ambiental) aderezado además con algunos accidentes, como el que sucedió en Choropampa en el año 2000, donde un camión derramó 150 kg de mercurio (subproducto de la producción de oro) a lo largo de 40 km de carretera, provocando un conflicto donde el gobierno se posicionó con la minera y aconsejó a los/as habitantes no demandar, así como, contradiciéndose a sí mismo, desaconsejó la evacuación en la zona.

Sin embargo, la lucha continúa

Los intentos de expandir el yacimiento han sido una constante. Queremos comentar en unas líneas el caso del Cerro Quilish, un ecosistema frágil donde destaca la presencia de varias microcuencas que abastecen varios ríos, y que suponen el 70% del agua que se requiere en Cajamarca. La minera intentó poner sus zarpas en la zona, esperando que la predicción de contener grandes depósitos de oro fuera cierta. Sin embargo la movilización de la población no se hizo esperar y tuvo como consecuencia el reconocimiento de Cerro Quilish como «Zona reservada municipal» en el año 2000. La empresa inició un proceso legal en contra de dicha decisión y tras varios recursos consiguió la autorización para llevar a cabo la explotación. Esto provocó una segunda oleada de protestas con paros masivos en la región y movilizaciones urbanas y rurales en contra de la empresa. El paro terminó cuando se conoció el compromiso del Ministerio de Energías y Minas de retirar la autorización. La empresa reconoció la imposibilidad legal de iniciar el proyecto minero, sin embargo dejó clara su intención de volver a intentarlo en el futuro.

En un estado parecido nos encontramos el proyecto de Conga, que tras una fuerte oposición social que llevó a declarar el estado de emergencia y con varios activistas en la cárcel, se mantiene temporalmente paralizado, a pesar de haber una intención clara de volver a darle vida el próximo 2017. El proyecto minero Conga, de oro y otros metales, que pretende explotar Minera Yanacocha, está ubicado en las nacientes de cuencas hídricas de las provincias de Cajamarca y Celendín, vecino al yacimiento de Yanacocha. El conflicto contra la nueva aventura de Newmont, tal como constata el Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca, surgió vistos los desastres de Yanacocha. Reproducimos algunas de las cifras del proyecto que aparecen en el estudio de impacto ambiental presentado y aprobado en 2008: constaría de 2 minas a cielo abierto, una de ellas emplazada sobre la laguna el Perol, que tiene 15 millones de años. Removería 92.000 toneladas de roca al día durante 17 años, depositando los desmontes sobre otra masa de agua, la laguna Azul. Por otro lado los residuos generados irían a parar al río Jadibamba, principal río del distrito de Huasmín del que las comunidades usan para la agricultura, ganadería y consumo humano.

Materiales para seguir indagando

Páginas web:

• www.conflictosmineros.net

• http://movimientom4.org Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero

[Documental] Defensoras-es. La Puya, un ejemplo de defensa del territorio

Aj Noj Protection Desk Guatemala, Protection International -PI- y Caracol Producciones.26 min, Guatemala, 2015

En Guatemala la resistencia pacífica de La Puya al proyecto minero de la empresa estadounidense Kappes, Cassiday y Asociados es un ejemplo de lucha del que todos podemos aprender.

http://movimientom4.org/2015/09/la-puya-un-ejemplo-de-defensa-del-territorio/
_______________________