El pueblo peruano y el autogolpe de 1992: fujimorismo y represión treinta años después

En América Latina la toma total de poderes por la fuerza, ya sea de origen civil o de naturaleza militar, ha sido la acción política autoritaria más utilizada en el pasado siglo para controlar las luchas de las diversas comunidades sociales en continuado movimiento de emancipación. Y cuando esto sucede en Latinoamérica, habitualmente lleva la huella de la brutalidad de los Estados Unidos, ya sea con apoyo directo o manejando los hilos desde detrás. Se cumplen tres décadas del Autogolpe de Estado de Alberto Fujimori en Perú, imponiendo un régimen dictatorial condenado internacionalmente por vulneración de los Derechos Humanos. Se estableció, además, una institucionalización de un régimen de gobierno, el fujimorismo, una praxis política de varias décadas de presidentes corruptos y autoritarios, que tuvieron su origen en el periodo en que Fujimori forjó la política peruana desde el domingo 5 de abril de 1992.

El Fujimorazo, toma total de poderes y caudillismo peruano

Fue en esa fecha que se produjo el conocido como Fujimorazo, cuando disolvió el Parlamento peruano con la ayuda de las Fuerzas Armadas, e intervino en las instituciones del Poder Judicial. Se inició una persecución de la oposición política y el secuestro de numerosos líderes sociales y periodistas. Una amplia mayoría de la población aplaudió inicialmente este golpe dirigido contra el parlamentarismo caduco y una inestabilidad económica que golpeaba a nivel internacional. Y es que en América Latina, debido a su pasado colonialista y la posterior influencia imperialista gringa, enraiza cómodamente un caudillismo latente que impide la trasformación social a través de las alternativas de sus comunidades populares.

Alberto Fujimori estableció un gobierno fuertemente autoritario y sentó las bases del neoliberalismo actual en el país, que han perpetuado la miseria y han determinado la consolidación de las estructuras de poder. Asesorado de cerca por el gobierno de los EEUU (que inicialmente y en apariencia condenaba el golpe) y el Fondo Monetario Internacional, estableció el capitalismo clientelista que a día de hoy sigue gobernando Perú con mano de hierro.

El pasado año fue elegido presidente de Perú el profesor y dirigente sindical Pedro Castillo, afín a posturas liberales progresistas y centroizquierda. Venció en una segunda vuelta electoral por un 50,13% de los votos a la candidata Keiko Fujimori, hija del autoritario presidente y relevante empresaria peruana. Esto no significa que se haya puesto fin al fujimorismo en Perú, las estructuras económicas neoliberales, políticas reaccionarias y el conservadurismo social durante treinta años han reinado a sus anchas marcando a toda una generación. Además, habitualmente se ha producido el mismo proceso en otros casos latinoamericanos, lo que en varias ocasiones ha enunciado el pensador Raúl Zibecchi, es decir, una falsa paz social y un reformismo con efecto boomerang. Los gobiernos socialdemócratas en América Latina han tendido a lograr un taponamiento de las sociedades en movimiento, que les adelantan por la izquierda a la hora de establecer estrategias claras para aprovechar una posición revolucionaria favorable en la lucha de clases y su inevitable confrontación en una sociedad capitalista. Tras un desgaste político inmenso y sin frutos, posteriormente regresan las fuerzas reaccionarias y el statu quo se mantiene intacto, y todo ello ligado a una inmensa represión social.

La fragua de un régimen político de autoritarismo hacia el pueblo peruano

Sin embargo, regresemos a inicios de los años 90 en Perú, y es que en las elecciones de ese año el partido oficialista que ganó fue el liderado por Alberto Fujimori, sin embargo, no logró una mayoría en el Congreso de la República, por lo que los dos partidos de la oposición, Partido Aprista Peruano (socialdemócrata) y Frente Democrático (demócrata-cristianos) le delegaron tres periodos de gobierno sucesivos de 180 días cada uno. Fujimori consideraba al congreso una entidad obstruccionista para sus políticas, mientras el Senado comenzaba a investigar vulneraciones de Derechos Humanos en su supuesta lucha contra el terrorismo. Y es que a principios de los años 90 en Perú, se venía de la existencia del grupo Sendero Luminoso, que pretendía establecer a través de su ideología maoísta una república campesina y socialista en Perú. Esta organización marxista inicialmente apoyada por campesinos frente al criminal capitalismo, sin embargo, se convirtió en un azote para las clases populares rurales en medio de una guerra contra un gobierno peruano que instituyó el terror igualmente y causó miles de muertes en el ámbito rural. Esto explica gran parte del conservadurismo cultural de la sociedad peruana, y su rechazo a estrategias transformadoras identificadas a la izquierda, debido a la experiencia decididamente contrariada que vivieron con Sendero Luminoso.

Como consecuencia del autogolpe, se derogó la Constitución de 1979, y se aprobó una nueva Carta Magna en 1993 que rige Perú hasta la actualidad, y que por lo tanto sigue impulsando el proyecto ideológico y político del propio Fujimori. Inició de esta manera un gobierno que denominó de Reconstrucción Nacional, y que duró hasta el 21 de noviembre del año 2000. Su régimen se consolidó, entre otros factores, por la propaganda política en torno a la operación de captura de Abimael Guzmán, líder del grupo Sendero Luminoso, y a que la Organización de Estados Americanos rebajó la presión contra el mandatario peruano por su atropello a la legalidad democrática a través de la convocatoria del Congreso Constituyente que dio como resultado la nueva Constitución para Perú en 1993. Es decir, un ejemplo más en la historia política de cómo se fragua un régimen autoritario o se afianza, respaldándose sobre fórmulas de democracia liberal, y dotándole de un aspecto normativo parlamentario. La delgada línea línea entre denunciar un régimen autoritario o tolerarlo está en su aspecto económico y su alineamiento con el sistema neoliberal global.

Ya desde agosto de 1990 se redefinió un ajuste económico en la línea marcada por las entidades internacionales del capitalismo, se dio una nueva definición a las funciones públicas administrativas y el mercado asumía un fundamental papel en la economía peruana. El inicio del Fujimorato sentaba las bases de una nueva reforma tributaria, y la firme liberalización financiera y comercial, además de la privatización de empresas públicas y la eliminación de las barreras a las inversiones extranjeras. En definitiva, se afianzó un modelo que seguía los dictados del Fondo Monetario Internacional y que ponía la primera piedra de una nueva clase de dominación y de miseria para el pueblo peruano, fundamentalmente en su ámbito rural. En el plano social se tendía hacia un conservadurismo y una represión desatada, legitimada en la propaganda del enemigo político interno y un fuerte conspiracionismo, ya fuese demócrata-liberal o marxista.

Algunos de los hechos de terrorismo de Estado más destacado en el mandato de Alberto Fujimori fueron los siguientes: (1) La masacre de Barrios Altos, donde sujetos que trabajaban para la inteligencia militar asesinaron a 16 personas en un piso de una zona popular de Lima creyendo atacar una reunión de Sendero Luminoso, cuando se demostró posteriormente que resultaron ser miembros de una familia. (2) La masacre de Santa fue el asesinato indiscriminado de campesinos en mayo de 1992, perpetrado por el Grupo Colina en la sierra sur de Perú, un comando de la muerte integrado en el Ejército peruano. (3) La masacre de la Cantuta en julio de 1992, donde el profesor Hugo Muñoz Sánchez y nueve estudiantes limeños fueron secuestrados y desaparecidos nuevamente por la escuadra paramilitar Grupo Colina, justificando su acción en el marco de una lucha antiterrorista. (4) Y en enero de 1995 tuvo lugar la Guerra de Cenepa, un conflicto bélico no declarado oficialmente entre Perú y Ecuador en la cordillera del Cóndor por la demarcación de la línea fronteriza entre ambos países.

Ocaso del personalismo de Fujimori, extradición y sentencia por crímenes contra los Derechos Humanos

En la segunda mitad de su mandato, fueron saliendo a la luz pública numerosos escándalos de corrupción, sospechas de tráfico de armas y sobornos a parlamentarios. Alberto Fujimori renunció al cargo de Presidente de la República peruana desde Tokio, sin embargo su renuncia no fue aceptada por el Congreso y se decidió destituirle por incapacidad moral el 21 de noviembre del año 2000, nombrando a Valentín Paniagua como presidente de transición. En esa década se abrió un requerimiento de extradición desde Japón, donde le fue reconocida la nacionalidad en su condición de hijo de padres japoneses. Fue detenido en noviembre de 2005 en un viaje a Chile, iniciándose su juicio en la Corte Suprema de Perú en 2007. Antes de ese traslado para ser juzgado en Perú, trató de aspirar a un escaño como senador en Japón para lograr la inmunidad parlamentaria a través de su candidatura en un partido de extrema-derecha. Sin embargo, esa táctica no le sirvió para nada y fue sentenciado a diversas condenas entre los años 2009 y 2010. La mayor de las condenas fue de veinticinco años de prisión como autor de homicidio con alevosía, lesiones graves y secuestro agravado correspondientes a los casos de las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos, en Lima, y el apresamiento ilegal del periodista Gustavo Gorriti en el marco de la violación sistemática de Derechos Humanos.

Tras varias salidas y entradas de prisión, un indulto revocado inicialmente y arresto domiciliario, el 17 de marzo del 2022 fue finalmente liberado de su condena. Sin embargo, el régimen político que instituyó en los años 90 ha determinado y dirigido la política peruana durante tres décadas.

En cuanto a las experiencias libertarias en Perú, podemos afirmar que es en el campo cultural donde actualmente goza de mayor influencia la vía antiautoritaria y horizontal. El periódico Desobediencia, con una perspectiva de anarquismo crítico nace en 2001 y se mantiene hasta la actualidad. También existió el periódico bimestral Humanidad, fundado en 2008 con un espíritu combativo y analítico, y que derivó posteriormente en Acción Directa, de tendencia anarcocomunista. Actualmente colectivos autónomos, ferias del libro libertario y centros sociales ligados a la cultura anarcopunk suponen el escenario anarquista peruano, una organización honestamente alejada de la influencia social amplia. Las alternativas, sin embargo, parecen situarse en comunidades indigenistas y en grupos de apoyo enraizados con estudiantes y la juventud. Los tambores de transformación social anuncian que va siendo hora de despojarse de ese lastre de autoritarismo neoliberal que aún sigue vivo en Perú, y está en manos del pueblo peruano y sus nuevas generaciones comprender el pasado inmediato para forjar alternativas anticapitalistas.