Muchas y muy diferentes son las opiniones que se han vertido durante estas últimas semanas a raíz de la reforma de la Ley del Aborto, anunciada por el nuevo ministro de justicia, Alberto Ruíz-Gallardón. Aunque en todas ellas pasa desapercibido el aspecto fundamental que deberíamos tener en cuenta a la hora de plantearnos esta cuestión: la libertad de la mujer. Libertad de elegir sin presiones externas, sobre su vida, su cuerpo, su futuro, su embarazo y si es conveniente para ella y/o para su futuro bebé llevarlo a término o no.
En esta nueva reforma que sufre la Ley del Aborto, preparada para este otoño, el ministro de Justicia afirma que volveremos a un sistema de supuestos como el que estuvo vigente desde 1985 a 2010, anterior a la aprobación de la ley de plazos llevada a cabo por el Gobierno socialista, -“pero con modificaciones”-. Esta reforma será aún más restrictiva que la aprobada hace casi 30 años, ya que algunas de las modificaciones y supuestos a revisar (eufemismo de penalizar) será la interrupción del embarazo por malformaciones graves.
En el aún presente sistema de plazos, el aborto por malformaciones graves puede llevarse a cabo hasta la semana 22 de embarazo, siempre que se atestigüe un informe médico firmado por al menos dos especialistas. Después, y sin plazo, solo se permite el aborto por anomalías cuando se detecte en el feto “una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico”. Algo que, además, debe confirmar un comité clínico compuesto por varios médicos designados por las autoridades. Cabe resaltar que este es el único supuesto sin plazo que contempla la ley y se estableció así, según explica, a El País, Javier Martínez Salmeán, jefe de Ginecología del Hospital Severo Ochoa de Leganés, “para que los médicos tuvieran más elementos para realizar un diagnóstico claro de la anomalía y su evolución; y también porque hay algunas gravísimas que no se detectan hasta después de ese plazo”.
Después de opiniones profesionales como la anterior, nos podríamos llevar las manos a la cabeza pensado que nuestro ministro de Justicia tal vez ni haya hablado con médicos que puedan explicarle cómo va esto del tema de las malformaciones. Pero no nos asustemos, porque tal vez Gallardón no habrá hablado con los profesionales, pero esta reforma está hecha en pro de la “igualdad”: “No entiendo que se desproteja al concebido, permitiendo el aborto, por el hecho de que tenga algún tipo de minusvalía o de malformación. Me parece éticamente inconcebible que hayamos estado conviviendo tanto tiempo con esa legislación. Y creo que el mismo nivel de protección que se da a un concebido sin ningún tipo de minusvalía o malformación debe darse a aquel del que se constate que carece de algunas de las capacidades que tienen el resto de los concebidos”, afirma el titular de Justicia en la entrevista realizada para La Razón el día 22 del pasado julio.
Es esta misma igualdad la que el Gobierno popular demuestra cuando al tiempo que “revisa” la ley del aborto, también “revisa” la ley de dependencia (eufemismo de recortar). Y al señor Gallardón no le falta razón, ya que, alzando la bandera de la igualdad, su compañera Ana Mato (ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad), se ha preocupado de establecer la mayor igualdad posible al introducir a las personas con discapacidad en el copago sanitario, a la par que también anuncia que los/as cuidadores/as perderán hasta un 15% de las ayudas que hasta ahora recibían del Estado, que su cotización empezará a depender de ellos/as mismos/as, no asumiéndola la Administración y que se rebajarán a tres niveles los grados de dependencia.
Pero volviendo al tema que nos ocupa, al igual que ocurre con otros asuntos que afectan a la vida cotidiana de las personas, el aborto es tomado como un argumento partidista y político, donde poco importan las cuestiones personales y mucho el puñado de votos que se puede arrancar. No podemos olvidar que esta reforma viene enmarcada en un contexto político y social de continuas reformas, leyes y noticias que no gustan a nadie (subida de los impuestos, de las tasas universitarias, el copago sanitario, la eliminación de la paga extraordinaria a los/as funcionarios/as, reforma laboral… y un largo etc.). De tal manera que la reforma de la Ley del Aborto es utilizada por el Partido Popular como forma de mantener “contentos/as” a aquellos votantes de la derecha que sufren al igual que los/as demás, los continuos “palos” y ajustes del cinturón que nos llevan imponiendo desde bien entrado el 2011. Saben que lo están haciendo mal, que las medidas que están llevando a cabo son tremendamente impopulares y el aborto siempre ha sido un buen asunto con el que unificar filas.
Así que no nos engañemos, a Gallardón no le importa la violencia estructural que “invita” a la mujeres a realizar un
aborto (violencia liderada por su partido, sus demás colegas ministros y su aparentemente protector Estado del Bienestar). Lo que aquí importa es poder subyugar la libertad y decisión de las mujeres a su agenda y reformas políticas. Medidas como ésta huelen a un claro machismo y paternalismo político-social, que conlleva la infantilización de la mujer y con ello la anulación de ésta como agente social con capacidad de decisión consciente y propia.
Con esta nueva reforma Gallardón no hace más que alejarse de aquellos Estados europeos a los que tanto pretende parecerse en otros aspectos, como son Francia, Alemania, Suecia, Reino Unido, etc., -en donde la madre puede interrumpir el embarazo por su decisión siempre que se cumplan unos determinados plazos-, y acercarse a aquellos países que califican como “tercer mundo”, “países machistas y retrógrados”: Somalia, Angola, Haití, Nicaragua, Guatemala… cuyas leyes abortivas solo despenalizan el aborto en caso de un alto índice de mortalidad para la madre y en donde la mayoría de los derechos de la mujer todavía no están reconocidos legislativamente. No obstante, Gallardón avanza cada vez más hacia el endurecimiento de una normativa que, ni sus antecesores en el PP se atrevieron a modificar, incluso cuando gobernaron con mayoría absoluta, entre 1996 y 2004. Aunque ya se sabe, de casta le viene al galgo, y en la historia de las filas conservadoras, curiosamente, consta que fue su propio padre, José María Ruiz-Gallardón (que era portavoz de Alianza Popular en el Congreso), quien recurrió la ley española de 1985.
Lo más retorcido de este asunto es que se recurre a la moralidad y a la ética para penalizar la interrupción del embarazo, en cuestiones tan complejas como son las malformaciones y discapacidades graves del feto -es más, Gallardón todavía no ha aclarado si esta reforma actúa también en caso de malformaciones y discapacidades incompatibles con la vida del feto-, y cuando, además según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad sólo un 2,97% de los abortos son realizados por esta causa. Es decir con esta nueva reforma se establecen dos categorías de mujeres: víctimas y criminales, y se pone en tela de juicio su calidad y validez como personas sólo por no querer traer al mundo a un bebé que tal vez fallezca a los pocos días, meses o años, o un bebé que tal vez necesite cuidados durante las 24 horas por el resto de su vida.
No nos volvamos a engañar, las mujeres que deciden interrumpir su gestación no toman esta decisión alegre e irreflexivamente. El aborto es una experiencia quirúrgica y desagradable que no sólo deja cicatrices en el cuerpo.
Además, seamos sinceras, abortos seguirá habiendo, al igual que llevan existiendo desde que existe el embarazo, por lo que penalizar la interrupción voluntaria del embarazo afectará especialmente a aquellas mujeres con menos recursos. Al igual que en tiempos de nuestras abuelas, abortará quien tenga dinero para hacerlo en una clínica privada o en el extranjero. Esto no sólo quiere decir que los/as más adinerado/as tengan más derechos que los/as menos pudientes, sino que también volveremos a ser testigos de cómo se realizan abortos clandestinos, con todo lo que esto entraña: mafias, señalamientos con el dedo, riesgo para la madre, desgarros, desangramientos, automedicación…
Tampoco debemos quedarnos en la capa más superficial del asunto, maldecir unas cuantas veces al Ministro de Justicia y sorprendernos de hasta qué punto llega la hipocresía política, pues esto atiende a unos muy bien arraigados mecanismos de dominación política y social que sitúa a la mujer bajo el yugo de lo masculino, infantilizándola y negándola cualquier atisbo de autonomía. Este sistema de dominación que introduce la política y la ideología en nuestros cuerpos entiende el embarazo y la maternidad como cuestiones inherentes a la condición de mujer. En este sentido el embarazo, aunque no sea deseado, se plantea como único camino posible, ya que un aborto trastoca todo el sistema patriarcal en el que hemos sido formadas. Lo socialmente esperado es que toda mujer sea una madre en potencia y que si ha quedado embarazada, cualquiera que sea su situación, este estado de maternidad acabe siendo natural en ella, íntimamente deseado, repetido infinidad de veces desde la infancia, y lo aceptará tarde o temprano con la naturalidad, la alegría y todo el sacrificio que su feminidad aprendida le demande. Esa es su principal y única función, ese es el interés social por el que se prioriza la vida de un embrión sobre la vida de la mujer, porque es madre antes que mujer.