Huelga de alquileres a partir del 1 de abril. La Federación Anarquista de Gran Canaria (FAGC) la convocó el pasado 23 de marzo. Los sindicatos de inquilinas de la península (Barcelona, Madrid, Málaga, Zaragoza, Granada, Ibiza, Donosti y Vigo) se sumaron el día 30. Empieza, pues, una nueva fase de reivindicación de una suspensión del pago del alquiler como medida de choque social contra la crisis del coronavirus.
Razones para una huelga
Los motivos para ir a la huelga son evidentes: nos encontramos confinadas en nuestras casas, sin posibilidad de ir a trabajar; se han aprobado miles de ERTEs que suponen una reducción del nuestros ingresos (para quien los tuviera) en un 30%; y porque la economía entrará en recesión y se van a producir miles de despidos a corto y medio plazos pero no se están tomando medidas para proteger a la clase trabajadora. En estos momentos ya acumulamos 750.000 despidos y 1,6 millones de personas que han visto reducidos sus salarios por los ERTE desde el inicio del estado de alarma.
Dos días después de la convocatoria de la huelga en todo el Estado, el gobierno aprobó de urgencia el Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, que regula un nuevo paquete de medidas “para apoyar a las familias y a los colectivos más vulnerables, que, tras la paralización de gran parte de la actividad económica, han visto afectados sus ingresos y, por consiguiente, su capacidad para hacer frente a los gastos necesarios para el mantenimiento de sus hogares”. Sin duda, las medidas aprobadas suponen un avance y una pequeña mejora a corto plazo de las circunstancias de miles de familias, pero como señala el Sindicato de Inquilinas de Madrid, resultan del todo “insuficientes” para hacer frente a la crisis de vivienda que está por venir, teniendo en cuenta que ya acumulamos 750.000 despidos y 1,6 millones de personas que han visto reducidos sus salarios por los ERTE desde el inicio del estado de alarma.
Las medidas consisten en aprobar una moratoria de desahucios para familias que puedan acreditar que se encuentran en una situación de vulnerabilidad social o económica a causa de la crisis del coronavirus (es decir, excluye a quienes ya se encontraran en esa situación con anterioridad. Además, permite negociar un aplazamiento de parte del pago de las rentas del alquiler (que no suprimir, como pedían los colectivos de vivienda), que será obligatorio cuando el arrendador sea un «gran tenedor» (propietario de más de 10 inmuebles).
Y, por último, el Real Decreto-Ley del gobierno aprueba una serie de avales y préstamos (microcrédito) para que esas familias puedan hacer frente a parte de las rentas del alquiler.
Ésta ha sido una de las medidas más criticadas por colectivos de vivienda y sindicatos de inquilinas. Las familias arrastran todavía una deuda equivalente al 58,9% del PIB y el 74% de la misma ha sido contraída para dedicarla a vivienda. Las familias, según la OCDE, gastan en torno el 40% de sus ingresos totales en pagarse un techo donde vivir. En 2019 hubo 36.437 desahucios por impago de alquiler en todo el Estado español y endeudarse con créditos (en vez de una suspensión de pagos y condonación de la deuda) es “pan para hoy, hambre para mañana”. En palabras de Yago Álvarez Barba (a.k.a. «Economista Cabreado»), “si hemos llegado a esta debilidad económica mundial es, entre otros motivos, por la continua financiarización de la economía, por tener un sistema económico sustentado mediante el crecimiento de la deuda (la deuda global es ya tres veces el PIB mundial y crece más que la economía), y parece que la única forma que tienen de solventar los problemas de la ciudadanía (y aquí no hablo solo de los alquileres) es financiarizar más nuestra vida cotidiana y endeudarnos más. No tiene sentido, más allá de la patada hacia delante al problema y de volver a salvar al sector inmobiliario”.
El Sindicato de Inquilinas de Madrid denuncia que “las familias que viven de alquiler se encuentran ante una situación insostenible: sin ingresos y asumiendo precios que han subido un 40% de media desde 2013. Los arrendadores ganan 38.000€ de media anual sin incluir lo que cobran de alquiler, mientras que los hogares de inquilinas ingresan una media de 23.000€ anuales. Y en el caso de que las inquilinas no puedan devolver la deuda, lo pagaremos entre todas y todos con dinero público, independientemente si el arrendador lo necesita o es una entidad multi millonaria. Da igual que entremos en una brutal crisis y que aumenten los índices de pobreza: los arrendadores tienen que seguir cobrando rentas inmobiliarias a precio de oro, todo a costa del erario público. Consideración aún más grave si se tiene en cuenta que ya reciben enormes ayudas: los pequeños propietarios tienen una exención del 60% en el IRPF y los fondos buitre no pagan impuesto de sociedades”.
Además, desde este sindicato critican que las ayudas se financien con 700 millones para garantizar el cobro de las deudas cuando hace unos años se destinaron 65.000 millones de euros a la banca para asegurar su rescate.
En definitiva, como dice una portavoz de la PAH, estas medidas “promueven que los inquilinos que no puedan pagar las rentas se endeuden” y, por otro, deja que sean los fondos buitre los que decidan “voluntariamente si eximen o no del pago a los inquilinos”, una forma de “proteger el negocio de los grandes tenedores”.
En un artículo en La Marea, una convocante de la huelga se refiere así a la pasividad del Ejecutivo de PSOE-Podemos: «Las medidas son descafeinadas, como los microcréditos a interés cero, que es casi lo mismo que una moratoria. Muchas familias no van a poder sufragar los alquileres. Para ellas, un crédito y tener que pagarlo más adelante es estar en las mismas. Creemos que es justo que se condone esa deuda, que los grandes tenedores de vivienda acareen con parte de los gastos de esta crisis y que en el caso de aquellos propietarios que realmente puedan justificar que están en una situación de vulnerabilidad y por tanto la falta de pago de sus inquilinos les lleve a situaciones sin recursos el Estado intervenga. Pero no puede ser que las arcas públicas vayan destinadas a que los rentistas no pierdan poder adquisitivo«.
Por último, tengamos en cuenta que en el Estado español destinamos más de un 40% de nuestros ingresos a la vivienda porque el precio de este bien se encontraba en sus máximos históricos. Esto se debe, en parte, al hecho de que el parque de vivienda está controlado principalmente por grandes propietarios. Nos dicen que el mercado está controlado por particulares. Personas que han trabajado muy duro para invertir sus ahorros en una vivienda “extra” que alquilan a otra familia, y que no se puede poner límites a esta actividad, porque han trabajado muy duro para conseguirlo… Aunque vemos que los fondos buitre y las SOCIMIs están comprando todas nuestras viviendas para especular, ellos insisten en que su cuota de mercado es mínima y el mercado está en manos de particulares.
Pero resulta que hacen un estudio en Barcelona, y los datos reflejan que un 34% del mercado está controlado por entidades jurídicas que no son particulares. Ya no se trata del 3%, sino del 34% en manos de empresas. Del 60% del mercado que estaría controlado por particulares, resulta que la mayor parte probablemente no sean particulares, sino familias con muchísimo patrimonio y muchísima riqueza, que tienen en propiedad edificios enteros en nuestras ciudades. Las viviendas están a su nombre y estos “particulares” no se han constituido como empresa, pero pueden tener 10, 20, 50 o 100 viviendas, pero jurídicamente se les trata como “particulares”. Estos, pueden ser esos 45 “particulares” de Baleares, a quienes les han forzado a introducir sus 859 viviendas de “particulares” en el mercado en aplicación de la Ley balear que prevé sanciones de entre tres mil y noventa mil euros para grandes tenedores de vivienda que las tengan vacías, obligándolas a ponerlas en el mercado con alquileres asequibles.
Cómo hacer la huelga
La incidencia de la huelga se notará en los primeros días del mes, que son los que suelen estar estipulados por contrato para hacer los pagos de la renta.
La web Suspensión Alquileres ha habilitado un formulario para adherirse a la convocatoria. En él, además, existen modelos de notificación de impagos en castellano, euskera, catalán y gallego para avisar a la propiedad y al Ministerio de Vivienda.
La huelga se sustenta sobre tres pilares: información, cohesión y cuidados y caja de resistencia. Las convocantes pretenden informar constantemente sobre qué pasos dar, apoyarnos mutuamente y abrir una caja de resistencia para poder hacer frente a gastos judiciales y represivos que pudieran surgir. Pero, en cualquier caso, la base de la huelga es que una cantidad suficiente de personas siguiéndola es inviable para el sistema judicial .
Sobre la importancia histórica de las cajas de resistencia en toda clase de conflictos y luchas sociales, en el mes de septiembre de 2012 publicamos en este medio un artículo titulado «Cajas de resistencia, una herramienta más para afrontar conflictos (o al menos intentarlo)», cuya lectura recomendamos.
La caja de resistencia se nutre de las aportaciones solidarias que se realicen en la página de crowdfunding Goteo.
Precedentes de huelgas de alquileres
La idea de hacer una huelga de alquileres no es nueva, pues cuenta con tres antecedentes históricos en nuestro contexto geográfico: una se llevó a cabo en Barakaldo y Sestao en 1905 por 2.000 familias, otra fue impulsada por la CNT y mantenida por miles de familias de Barcelona durante ocho meses de 1931 (y aunque la huelga se dio por terminada este mismo año, durante 1932 continuaron los impagos en barrios como Cases Barates, la Torrassa, el Clot, o en el Raval) y una tercera en Santa Cruz de Tenerife dos años más tarde. Y más allá de la península, los ejemplos son más numerosos (Buenos Aires, Glasgow, La Comuna de París, México, etc.), como explica Luis de la Cruz en su artículo «Una geneaología de la lucha revolucionaria contra los desahucios» (enero 2015).
Motivos para ir a la huelga en el 2020 hay, desde luego. Animamos a todas a sumarse, difundirla (en redes sociales se está utilizando los hashtags #HuelgaAlquileres y #PlanDeChoqueSocial), financiar la caja de resistencia y, en definitiva, apoyar a todas las compañeras y vecinas que corren el riesgo de perder sus casas. Es el momento de recuperar el sentido de comunidad y de apoyo mutuo, no de chivarnos de nuestras vecinas e interiorizar el autoritarismo que se está extendiendo con el pretexto del estado de alarma. Porque la que nos viene encima va a ser gorda y solo saldremos de esta si permanecemos en común.
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