Por duodécimo año consecutivo, la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT) presenta su informe anual sobre los casos de tortura, malos tratos y muertes bajo custodia conocidos en el Estado español. En este nuevo informe, que se refiere a lo acontecido durante el año 2015, se renueva su estructura y el formato: se retoma la descripción individualizada de los casos (que desapareció en el último informe), y continúa con el análisis de algunas de las cuestiones consideradas más importantes para entender y prevenir el fenómeno de la tortura y los malos tratos en el Estado español. Lo que sí se mantienen son los mismos criterios de selección de los casos así como las categorías de análisis que se utilizaron en los informe precedentes al objeto de facilitar, dentro de lo posible, una perspectiva sobre la evolución de la práctica de la tortura en el Estado español. Creemos que el conocimiento y análisis de esta realidad es el primer paso para su transformación y erradicación, por este motivo pretendemos que los datos que aquí presentamos sean lo más rigurosos que nuestros limitados medios nos permiten ofrecer
En el informe de este año se recogen 128 situaciones en que se produjeron agresiones, torturas y/o malos tratos a un total de 232 personas. Es una cifra más baja que la que nos tiene acostumbrada la CPDT, pero como se puede observar en sus conclusiones, probablemente no se deba a una disminución del número de estos episodios, sino a una serie de factores que fomentan una reducción en el número de denuncias.
Por otro lado, en el informe de este año se incluye, por primera vez, una recopilación de las sentencias dictadas por delitos de torturas, lesiones, delitos contra la integridad, malos tratos, etc. En total, recoge 95 sentencias, de las cuales 43 son condenatorias y 52 absolutorias. En total, durante el año 2015 un total de 68 funcionarios/as han sido condenados/as por la comisión de algún tipo de tortura, malos tratos, lesiones y/o atentado contra la integridad física de las personas durante el desempeño de sus funciones en el Estado español.
Asimismo, el informe incorpora por primera vez artículos sobre el aislamiento en prisión, el populismo punitivo y los abusos en la frontera sur, entre otros.