Vulneraciones de derechos en la Frontera Sur: Canarias y Melilla

Autoría: Daniela Lo Coco, Sani Ladan, Diana Cardona y Andrés G. Berrio. Entidades: Irídia y Coordinadora de Barrios. Financiado por Intermón Oxfam. Diseño: Valentina Lazo. Enero 2021. 102 páginas

Este informe sobre vulneraciones de derechos en la frontera sur es fruto de una investigación hecha a distancia y en terreno por un equipo multidisciplinar de cinco personas (un experto en relaciones internacionales, dos politólogas, una comunicadora y un abogado) que han analizado el contexto migratorio en el marco de la pandemia de Covid-19 y la situación concreta que se vive en la Frontera Sur. El objetivo es trasladar las denuncias y exigir la intervención de los organismos internacionales competentes en la materia así como entregárselo al Gobierno Español, al Ministerio Fiscal, al Defensor del Pueblo así como a los diferentes grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados.

Las personas llegadas por vía terrestre a los enclaves de Ceuta y Melilla durante 2020 (1.755 llegadas) han descendido más del 70% en comparación con el mismo período de 2019 (6.346 llegadas), pero el total de víctimas mortales de migrantes que han intentado alcanzar las costas españolas ha ascendido hasta 2.170 personas. La ruta canaria se ha confirmado como la más mortífera de todas, y ha dejado un total de 45 naufragios y 1.851 víctimas mortales. Esta cifra corresponde al 85% del total de víctimas y, según los datos que ofrece el colectivo, esta ruta presenta una tasa de mortalidad del 32,1%.

Las personas rescatadas en el mar, tras haber superado una travesía de entre 2 y 8 días potencialmente traumática, reciben una actuación policial en vez de una atención humanitaria: quedan detenidas por efectivos del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) y en privación de libertad. Dicho proceso de detención se ha llevado a cabo en Gran Canaria en diferentes espacios en los últimos años, normalmente en calabozos de dependencias policiales que no estaban preparadas para esta función. En la segunda mitad del año 2020 se han utilizado dos espacios como centros de detención para este procedimiento por parte del CNP: el muelle de Arguineguín y el CATE de Barranco Seco.

Un contexto de emergencia sanitaria como el actual producido por la Covid-19 no exime que se respeten los derechos fundamentales de las personas en el marco de una detención. No obstante, el Ministerio del Interior y el CNP han generado situaciones en las que se han flexibilizado, sin amparo legal, tanto las condiciones como los tiempos de la detención. Este hecho ha generado espacios y situaciones excepcionales de vulneraciones de los derechos de las personas migrantes que podrían incluso llegar a considerarse delictivas. Y es que, como anuncia Irídia, las condiciones de detención que se produjeron en el muelle de Arguineguín durante 4 meses (hacinamiento, estancia a la intemperie, condiciones higiénicas y sanitarias, así como la deficiente alimentación y la falta de espacios para el descanso) podrían considerarse contrarias al Art. 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, al constituir un trato cruel, inhumano o degradante.

Una detención no puede superar el plazo de 72 horas. Sin embargo, diferentes organizaciones, cargos políticos locales e incluso el Juez de vigilancia del CIE de Las Palmas aseguran que en el muelle de Arguineguín se produjeron irregularidades en este sentido. Se habrían detectado casos de personas que han superado los 10 e incluso los 20 días detenidas, por lo que convierte el muelle en un centro de detención.

Por otro lado, también se han producido diferentes irregularidades en el acceso a la información y a la asistencia letrada en Arguineguín. Muchas de las personas migrantes que habían llegado hasta el 11 de noviembre de 2020 no habían tenido entrevista con sus abogados/as debido a la falta de condiciones en el muelle: los abogados eran citados en comisaría, a kilómetros de donde se encontraba la persona detenida ya que las instalaciones del muelle no cumplían la normativa referente a la Covid-19.

Por lo que se refiere al CATE de Barranco Seco, donde trasladaron a todas las personas bloqueadas en Arguineguín, no se respetan los derechos de las personas detenidas, tanto en las condiciones de alojamiento en tiendas de campaña como en las medidas higiénicas y sanitarias. Asimismo, se han detectado situaciones de personas, entre los cuales menores, que han superado las 72 horas de detención y no se garantiza una asistencia letrada individualizada en un espacio adecuado.

En Melilla se han producido decenas de devoluciones sumarias y también ha aumentado la práctica de las devoluciones exprés, que supone el retorno de las personas hacia Marruecos en menos de 72 horas. Por otro lado, el nuevo sistema de vallado fronterizo aumenta en muchos puntos la altura de la valla hasta los 10 metros y hay nuevas estructuras que pueden suponer un aumento en la lesividad durante los saltos y cruces.

La situación provocada por la pandemia ha sido aprovechada para intensificar y legitimar la política de bloqueo de personas migrantes en Melilla y en otros puntos de la Unión Europea.

Entre las recomendaciones recogidas en el informe, se urge a miembros de organizaciones internacionales que realicen una visita a Melilla y Gran Canaria y evalúen el grado de cumplimiento por parte de España de sus obligaciones en materia de derecho internacional de los derechos humanos. Además, se exige que desde el Gobierno español se generen vías migratorias legales y seguras, y que se priorice la atención sanitaria y psicológica por delante de la actuación policial ante la llegada de personas migrantes.