Inmigración y racismo institucional. ¿Qué son los Centros de Internamiento de Extranjeros?

En España, la policía realiza con extrema frecuencia controles de identidad abordando preferentemente a personas pertenecientes a minorías étnicas sin más motivo que el color de su piel. Esto es innegable. Lo vemos a diario en nuestros barrios. Con el pretexto del “control de la inmigración”, en un mismo día se puede parar varias veces para comprobar su documentación a cualquiera que no tenga aspecto “europeo” en una estación de metro de la periferia madrileña, de camino a su trabajo en el centro de la ciudad, en una plaza cualquiera del barrio de Lavapiés o a la salida de un locutorio público tras haber conversado con su familia. Es una práctica discriminatoria y humillante que no hace más que reforzar los prejuicios que asocian a las minorías étnicas con la delincuencia.

Por supuesto, las autoridades españolas niegan que se apliquen perfiles raciales, a pesar de las múltiples pruebas de ello (por citar un ejemplo, Amnistía Internacional publicó en enero de 2012 el informe Parad el racismo, no a las personas: perfiles raciales y control de la inmigración en España, que documenta la práctica habitual de los controles discriminatorios de identidad y recoge la experiencia que de ella tienen las personas). Después de que en 2010 se filtró a la prensa el envío de una instrucción interna a las comisarías madrileñas en la que se recogían “cupos” de detenciones a inmigrantes[1], el por entonces Ministro del Interior anunció que estos controles desparecerían. Sin embargo, dos años más tarde podemos afirmar tajantemente que nada ha cambiado y que no han cesado de existir[2].

Volviendo a lo que nos ocupa: si en uno de estos controles que “no existen” un policía parase, por ejemplo, a una mujer africana que anduviera tranquilamente por la calle y averiguara que su estancia en el Estado español fuera irregular, el Reglamento de Extranjería prevé que se deberá proceder a sancionar a esta malvada mujer. La naturaleza del castigo a aplicar variará en función de diversas circunstancias y puede ir desde la imposición de una multa de 500 euros hasta la derivación a un Centro de Internamiento de Extranjeros y a su posterior expulsión del país.

¿Qué es un Centro de Internamiento de Extranjeros?

Un Centro de Internamiento de Extranjeros, o CIE, es un establecimiento público – que oficialmente es de carácter no penitenciario – donde se retiene de manera cautelar y preventiva por un máximo de 60 días a extranjeros/as que no han cometido delito alguno que se encuentran sometidos/as a expediente de expulsión del territorio nacional o que se encuentren a la espera de ser ya expulsados/as. Son un instrumento extendido por toda la Unión Europea adoptado en desarrollo de la política migratoria común suscrita en el acuerdo de Schengen de 1995.

Si bien en la teoría los CIE no son cárceles o centros penitenciarios, en la práctica no son más que eso: espacios cerrados, rodeados de muros y vigilantes, en el que se encuentran personas retenidas contra su voluntad en condiciones deplorables. Llevan existiendo durante muchísimos años y, a pesar de ello, no cuentan con regulación legal alguna. Tras la última oleada mediática que se está desarrollando en torno a “las condiciones penosas a las que se somete a los internos”[3] a raíz de algunas muertes recientes en el interior de algunos CIE, el grupo parlamentario de Izquierda Unida pidió a mediados de enero de este año que se aprobara un reglamento que dicte su funcionamiento.

Nosotros/as vamos más allá y nos sumamos a la actual campaña – en la que participan numerosos colectivos – que exigen el cierre y abolición de todos los CIE.

Muertes y torturas en los CIE

Según varios informes y testimonios, en todos los CIE se producen reiterada y sistemáticamente malos tratos a las personas allí internas. No sólo existen múltiples evidencias de golpes, insultos e incluso denuncias por violaciones cometidas por los/as agentes de la policía que gestionan estos centros, sino que otras circunstancias como pueden ser las propias instalaciones de los CIE – mucho peores que las de cualquier centro penitenciario – y la falta de atención médica hacen que la vida en estos sitios se torne insoportable.

Imagina estar encerrado/a en una habitación minúscula con otras cinco o siete personas a las que no conoces de nada todo el día, en un edificio sin patio, ni gimnasio, ni – casi literalmente -, nada. Imagina hacer colas de cuatro horas para poder llamar a tus seres queridos una vez por semana y que sólo se te permita hablar durante cinco minutos. La comida está asquerosa; en el mejor de los casos te toca una masa amorfa parecida a espaguetis con tomate. Se te deniegan productos de limpieza e higiene personal para evitar intoxicaciones. El único medicamento que te puede proporcionar el médico que visita el centro dos o tres veces por semana es paracetamol. Algunas de las mujeres encerradas ejercen la prostitución y algunos policías contratan sus servicios. El resto sufre insultos, agresiones y todo tipo de tratos vejatorios. Y a todo el mundo se le amenaza con que va a ser deportado/a al día siguiente, de vuelta a un trozo del planeta Tierra en el que no quiere vivir, lejos de su nueva casa, sus amigos/as, del lugar donde ha echado raíces. Por último, imagina lo que supone para ti que nada puedes hacer para cambiar tu situación en todo esto[4].

Tras la reciente muerte de una mujer congoleña de 41 años en el CIE de Aluche (Madrid), el Juzgado de Instrucción número 6, encargado de su investigación, puso de manifiesto en un Auto que en este centro, en el que se acoge forzosamente a 280 personas, las habitaciones son “absolutamente inapropiadas” para el internamiento de personas, ya que en la mayoría “se carece de cuartos de aseo”, por lo que no resulta “extraño” que puedan propagarse “con extrema y alta facilidad” enfermedades infecciosas como la que causó la muerte de esta mujer. El magistrado, incluso, sitúa en un plano de “especial gravedad” el caso de Aluche, en el cual, según narra, ni siquiera existe una habitación de enfermería donde tratar a los/as aislados/as.

El pasado mes de enero también falleció un joven de 21 años procedente de Guinea Conakry en el CIE de Zona Franca (Barcelona). Murió en su celda tras presentar dificultades respiratorias a causa del hacinamiento[5].

Las reformas legislativas que están por llegar

En los dos meses que lleva el Partido Popular en el poder todavía no ha habido cambios legislativos relacionados con esta cuestión, pero sabemos que se darán tarde o temprano. Durante la campaña electoral de noviembre de 2011, mientras Mariano Rajoy guardaba absoluto silencio respecto a cuáles iban a ser las medidas económicas a tomar para acabar con el paro en caso de que ganara las elecciones, lo único que su partido hizo público fue su intención de “reformar la Ley de Extranjería para, entre otros cambios, introducir la prohibición de las regularizaciones masivas, restringir el acceso al permiso de residencia por arraigo social y crear un visado de búsqueda de empleo”[6]. En otras palabras, van a buscar dificultar los procesos para que extranjeros/as puedan cruzar nuestras fronteras o puedan regularizar su situación aquí y agilizar la ejecución de las órdenes de expulsión. Todo ello valiéndose de sus instrumentos más poderosos: los controles de identidad por perfiles raciales y los Centros de Internamiento de Extranjeros.

Nos espera una vida durísima.

Más información en www.inmigrapenal.com, www.ferrocarrilclandestino.net, http://ciesno.wordpress.com/ y los informes “100 ventanas a 5000 vidas truncadas” (informe de Pueblos Unidos sobre el CIE de Aluche de 2010) y “Voces desde y contra los CIES” (elaborado por el Ferrocarril Clandestino en octubre de 2009).

PD.- El caso de Youssou

El pasado 6 de enero de 2012, los/as amigos/as, vecinas/as y familiares de Youssou Seck (vecino de Leganés) comenzaron una iniciativa solidaria para intentar sacarle del CIE de Aluche, donde se encuentra internado desde el 24 de diciembre de 2011. Más información sobre su campaña en www.youssoudevuelta.blogspot.com