“Solíamos tener grandes sueños, pero ahora el único sueño que nos queda es que, cuando nos maten, nuestro cuerpo no se rompa en pedazos para que nos puedan identificar”. Estas palabras las profirió la periodista y podcaster palestina Ayat Khaddoura, en un vídeo de Instagram que tituló “Mi último mensaje al mundo”, publicado el pasado 6 de noviembre. Una semana después, un ataque aéreo israelí acabó con su vida.
El genocidio en Gaza: el conflicto más mortal para periodistas en 30 años
El genocidio que está perpetrando Israel contra la población de la Franja de Gaza está siendo el conflicto más mortífero para periodistas desde que sus muertes se empezaron a contabilizar en 1992. Según The Committee to Protect Journalists (o CPJ, una ONG con sede en Nueva York), entre el 7 de octubre y el 1 de diciembre han sido asesinados 61 periodistas en la región: 54 palestinos, 4 israelíes y 3 libaneses1. Según el CPJ, el ejército israelí ha tomado la decisión de considerar “proporcionados” o “legales” los ataques a sedes de medios de comunicación, “lo cual constituye un crimen de guerra”.
Unos días después del informe del CPJ, el Sindicato de Periodistas de Palestina (SPP) elevó la cifra de sus compañeros (tildándolos de “mártires”) fallecidos a 75.
Por poner los datos en perspectiva, las 75 muertes que se han producido en los dos últimos meses supera en sí misma la cifra de 68 asesinatos de periodistas que tuvo lugar en el mundo entero en el año 2022. Solo en el primer mes de los bombardeos a Gaza murieron 46 periodistas, cuatro veces más que los 11 periodistas que fallecieron durante el primer mes de la Guerra de Irak en 2003.
Según informó La Marea el 11 de noviembre (tras un mes de intervención militar en Gaza), más de un tercio de los periodistas asesinados en la Franja encontraron la muerte en sus casas. No estaban trabajando, cubriendo enfrentamientos peligrosos. Estaban con sus familias, en sus barrios, lejos de los enfrentamientos. Y, por supuestos, muchos de sus familiares han muerto también.
Por su parte, el Gobierno de Israel ha señalado públicamente a un puñado de periodistas que trabajan para Reuters, Associated Press, The New York Times y CNN, acusándolos de conocer de antemano que se iba a producir el ataque de Hamás del 7 de octubre y ha pedido abiertamente su “eliminación”.
Además de estas muertes, el SPP denuncia el encarcelamiento de al menos 44 compañeros suyos, la gran mayoría en detención administrativa sin juicio, y la destrucción con misiles de 63 sedes de medios de comunicación. En total, el SPP contabiliza unos 350 crímenes cometidos contra periodistas y sus familiares en Gaza.
En “A la caza de periodistas en Gaza” (La Marea), un miembro del SPP explica que la razón detrás de esta persecución sería la de evitar que se expongan los ingentes crímenes de guerra que está cometiendo el ejército israelí contra la población civil desarmada de la Franja2. “Pero hay que dejarlo claro: los ataques contra los periodistas no comenzaron hace un mes, llevan ocurriendo 75 años. He cubierto centenares de manifestaciones en estas décadas. Los periodistas palestinos siempre vamos juntos, con chalecos y cascos, con distintivos de prensa, y aun así nos disparan con munición real, con gases. Yo misma he sido seguida muchas veces por francotiradores. Los periodistas palestinos siempre hemos sido objetivo para el Ejército israelí”, añade.
Periodismo crítico en la Europa de las libertades
En Europa occidental también se busca acallar a periodistas que puedan ser incómodos para el poder. No con la misma virulencia asesina que Israel, pero sí mediante la persecución policial3 y judicial.
Así las cosas, según la European Federation of Journalists (EFJ), actualmente hay 6 periodistas presos en Azerbaijan, 32 en Bielorrusia, 1 en Polonia (el vasco-ruso Pablo González, acusado de espionaje), 20 en Rusia, 14 en Ucrania, 1 en Reino Unido (Julien Assange4) y 20 en Turquía.
En el Estado español podemos citar algunos casos recientes de persecución a profesionales de la información, como el caso de unos periodistas (algunos de ellos afiliados a CNT-CIT) que cubrieron el mítin de Vox en Vallecas en 2021: uno (Guillermo Martínez) recibió un porrazo de un policía, lo denunció y él y sus compañeros testigos acabaron imputados por denuncia falsa y falso testimonio. Por ello, su sindicato se ha volcado a apoyarle y ha organizado una caja de resistencia para brindarle apoyo económico.
Sin embargo, el ejemplo más reciente es el de Jesús Rodríguez, periodista del medio catalán alternativo La Directa. Hace un mes se reveló que el juez de la Audiencia Nacional, García-Castellón, le estaba investigando por un delito de terrorismo por informar de las protestas del Tsunami Democràtic de 2019 contra la Sentencia del Procés. Jesús enmarca esta actuación como una “respuesta de las cloacas a su actividad” crítica con el Poder y La Directa ha lanzado la campaña “Periodisme no es terrorisme”.
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1Estos últimos se encontraban en su país de origen, junto a la frontera con Israel y, según los medios para los que trabajaban, fueron víctimas de un asesinato selectivo e intencionado por parte del ejército sionista.
2Sobre la importancia de la existencia de un periodismo crítico, que no normalice el genocidio y no acepte el marco que imponen Israel y sus aliados a la hora de hablar de lo que está ocurriendo y deshumanizar al pueblo palestino, recomendamos el precioso artículo “Un periodismo en resistencia contra la banalización del Genocidio”, de Sarah Babiker en El Salto.
3Se nos viene la mente la agresión policial indiscriminada a varios periodistas durante la manifestación de Jaque al Rey en 2014, que denunciaron los hechos. La Justicia resolvió que la policía durante la carga no podía saber que eran periodistas y archivó el caso.
4Debemos escribir un artículo algún día sobre lo que los cables de WikiLeaks, publicados por Assange, revelaron sobre Israel. Entre otras cosas, se desveló que la Autoridad Palestina pidió ayuda a Israel para acabar con Hamás, pero ésta se negó, diciendo que la existencia de Hamás permitiría a su ejército tratar al pueblo palestino como a un enemigo de guerra. Son este tipo de publicaciones por las que Assange ha perdido su libertad.
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