La noche del pasado 17 de marzo, el Estado de Israel rompió de manera unilateral el acuerdo de alto el fuego sobre Gaza, que llevaba vigente desde el 19 de enero. Lo hizo con un ataque aéreo masivo sobre los enclaves gazatíes de Deir al-Balah, Khan Younis y Rafah que causó al menos 404 muertes y 562 heridas, entre ellas las de un número importante de niños y niñas, además de numerosas desaparecidas bajo los escombros. Los ataques se dirigieron contra edificios residenciales, escuelas e instalaciones públicas convertidos en centros de evacuación con motivo de la campaña de exterminio desatada a finales de 2023. Al día siguiente, el ejército israelí ordenó desalojar Beit Hanoun y Khan Younis, donde nada queda en pie desde hace meses.
La complicidad de Trump en esta acción fue reconocida desde el primer momento. “La Administración Trump y la Casa Blanca fueron consultadas por los israelíes sobre sus ataques a Gaza”, declaró la portavoz la Casa Blanca, Karoline Leavitt, a la cadena Fox News. “Como ha dejado claro el presidente Trump, Hamás, los hutíes, Irán, todos aquellos que buscan aterrorizar no solo a Israel, sino también a Estados Unidos, pagarán un precio: se desatará el infierno”.
De un alto al fuego malo a la reactivación del genocidio
Es necesario señalar que el alto el fuego nunca había llegado a respetarse por completo. Durante el mismo, si bien los ataques masivos sobre Gaza se pusieron en standby, las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) habían seguido llevando a cabo operaciones a menor escala en la Franja, provocando más de 150 víctimas mortales. Además, las incursiones violentas en Cisjordania, Siria, Líbano y Yemen no han parado en todo este tiempo.
Pero el horror perpetrado por las FDI sobre la población palestina durante esos dos meses no tiene nada que ver con lo que supusieron los bombardeos de la noche del día 17, que se llevaron a cabo mientras seguían las negociaciones abiertas y en pleno mes de Ramadán. Desde entonces, los ataques a gran escala se han reanudado y, con ellos, el genocidio del pueblo palestino.
Hamás ha afirmado que la ruptura del alto el fuego supone una “sentencia de muerte” contra los 59 rehenes que mantiene desde el 7 de octubre de 2023 y entiende el reinicio del genocidio como una forma de salvar el pellejo político de Benjamin Netanyahu y la coalición de Gobierno con la extrema derecha. Y ha explicado que si se hubiera pasado a la segunda fase de la tregua –algo a lo que se ha negado Netanyahu, pese a que el Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas lo reclamaba– estos prisioneros habrían vuelto con sus familias. Sin embargo, el bienestar de los rehenes nunca ha sido una prioridad para el Ejecutivo sionista, que aspira a expulsar por completo a la población palestina de la región y anexionarse sus territorios.
Crisis humanitaria en la Franja
Según datos de Naciones Unidas, a día 2 de abril al menos mil palestinas habrían muerto desde “el colapso del alto el fuego” y más de 280.000 personas se habían visto desplazadas forzosamente (100.000 solo de Rafah) en lo que parece ser la antesala de una invasión terrestre. El Ministerio de Salud de Gaza afirma que 1.249 personas han muerto en bombardeos y 3.022 han resultado heridas desde que se rompió el alto el fuego. “El número de muertos por la agresión israelí ha ascendido a 50.609 mártires y 115.063 heridos desde el 7 de octubre de 2023”, señala este organismo en su último comunicado.
Al día siguiente de la publicación de esta información y de un comunicado del Secretario General exigiendo la vuelta al alto el fuego, 112 niños murieron en diferentes ataques a colegios que acogían a refugiadas, según informa Common Dreams. Muchas de ellos están gestionadas por el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente1. En la escuela Dar al-Arqam, en el barrio de al-Tuffah, un tanque disparó tres misiles; y en un centro de la ONU en Jabalia un bombardeo mató a 22 personas, entre ellas 9 niños.
Por otro lado, hace unos días se descubrió que una quincena de paramédicos y trabajadores de rescate palestinos, incluyendo un trabajador de la ONU, habían sido maniatados, ejecutados a sangre fría y enterrados en una fosa común improvisada después de que se hubiese disparado contra su ambulancia. La versión oficial israelí de que circulaban sin luces fue desmentida por unos vídeos, pero nada de ello ha hecho que la comunidad internacional mueva un dedo por sancionar al Estado sionista.
Además, la crisis humanitaria de la Franja se va a ver agravada en los próximos días porque las 25 panaderías existentes, apoyadas por agencias de la ONU, han tenido que cerrar y, a principios de abril, el Programa Mundial de Alimentos indicó que solo quedan provisiones para una semana más. La ONG Mercy Corps ha alertado de la situación crítica en el acceso a alimentos y suministros básicos (que ya comenzó durante el alto el fuego, cuando las FDI comenzaron a bloquear los convoyes de alimentos): el 85% de la población de Gaza ya no tiene acceso a alimentos básicos.
Apoyo internacional incondicional a Israel
Las potencias mundiales permanecen impasibles ante el genocidio e, incluso, ante los ataques contra centros y trabajadores de la ONU. La UE sigue enviado material militar a esta potencia ocupante, mantiene estrechas relaciones comerciales y diplomáticas con ella, adjudica contratos a empresas armamentísticas israelíes y permite el tránsito de armas hacia Tel Aviv, pese a décadas de ocupación y apartheid y a un año y medio de incesantes masacres.
El 3 de abril, el Senado de EEUU bloqueó dos propuestas del senador Bernie Sanders de parar la venta de armas a Israel. Ese mismo día, Netanyahu realizó un viaje oficial a Hungría. Pese a que existe una orden internacional de la Corte Penal Internacional de La Haya sobre él, nadie contaba con que su anfitrión, el ultraderechista Viktor Orbán, fuera a ejecutarla. De hecho, solo unos días antes, la Alta Representante de Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, recalcó que la UE e Israel son “grandes socios” y Francia emitió un comunicado defendiendo una presunta inmunidad del mandatario israelí, el cual ha sido apoyado por Países Bajos, Polonia, Austria e Italia2. Por su parte, el actual y saliente canciller de Alemania, Olaf Scholz, ha anunciado que no le detendría y la persona que ocupará su cargo en unos días, Friedrich Merz, ha dicho que le invitará a su país.
Sin embargo, nadie se esperaba lo que hizo Orbán al recibir al carnicero de Gaza: anunciar su salida del Estatuto de Roma, el tratado internacional que regula la Corte Penal Internacional3. “Hungría es un gran amigo de Israel: nos defiende en la Unión Europea (UE), nos defiende en la ONU, y no menos que eso – en la Corte Penal Internacional corrupta en La Haya, que está dirigida contra todos nosotros”, dijo Netanyahu en el cierre de su visita a Budapest.
“La impunidad israelí se extiende por el mundo y lo impregna todo”, escribe la periodista Olga Rodríguez. “Ha normalizado la deshumanización, la vía militar y la ley del más fuerte. Además, ha establecido serios recortes a la libertad de expresión y de protesta en países como EEUU, Reino Unido o Alemania, donde la defensa de los derechos palestinos es ahora perseguida, vigilada y estigmatizada, con multas, arrestos e incluso deportaciones”.
Entre la represión a la protesta propalestina a la que menciona Rodríguez destaca el caso de las estudiantes de la Universidad de Columbia, en Nueva York. El 9 de marzo, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron en su domicilio a Mahmoud Khalil, estudiante palestino de posgrado y activista estudiantil, sin orden judicial. Las autoridades federales afirmaron haber revocado la tarjeta de residencia de Khalil por su participación en las acampadas universitarias propalestinas y sus abogadas luchan a contrarreloj contra su deportación. También se han iniciado procesos de deportación contra la estudiante de doctorado india Ranjani Srinivasan y la alumna surcoreana de pregrado, Yunseo Chung.
La Universidad de Columbia primeramente anunció que no tomaría represalias contra los estudiantes que participaron en las protestas propalestinas, hasta que Trump anunció un recorte de 400 millones de dólares a las universidades que no “han protegido a sus alumnos del antisemitismo”. Desde entonces, el 13 de marzo el centro suspendió a 22 estudiantes que participaron en las acampadas (la mayoría de ellos miembros del Sindicato de Trabajadores Estudiantiles de Columbia) y, el 21 de marzo, Columbia implementó varias de las directivas que exigía Trump, incluida la prohibición de usar máscaras, la contratación de 36 “agentes especiales” con la autoridad de expulsar a los estudiantes del campus o arrestarlos, colocar el departamento de Estudios de Medio Oriente, Asia del Sur y África y el Centro de Estudios de Palestina bajo la supervisión de un administrador que tendrá control directo sobre las decisiones curriculares y la contratación de profesores no titulares afines al presidente. Además, Trump ha aprobado varios decretos que prohibirán a los centros educativos recibir financiación si educan en “valores antiestadounidenses”, como la “teoría de género radical” o “estudios críticos raciales”.
¿Qué podemos hacer desde aquí?
La situación es crítica. Palestina se desangra, mientras Netanyahu y Trump se frotan las manos pensando en los resorts que montarán en Gaza. Los dirigentes mundiales no hacen nada por poner fin al peor genocidio de nuestro tiempo y quienes protestan son expulsadas de sus centros de estudios o de trabajo, detenidas, multadas, deportadas o asesinadas. Es muy fácil, en estas circunstancias, caer en la desesperanza. Pero es importante recordar que entre todas podemos poner fin a esta situación. Por eso debemos seguir informando a la gente a nuestro alrededor sobre lo que está ocurriendo, no cansarnos de compartir imágenes sobre el terror al que se somete a la población palestina, presionar a nuestros gobiernos para que dejen de comerciar con Israel, acudir a las manifestaciones que se convocan en nuestras ciudades y sumarse al movimiento BDS, que nos indica en sus páginas qué productos podemos –o más bien debemos– boicotear por colaborar con el régimen israelí, hacer negocio en territorios ocupados o financiar el genocidio. Si nos lo proponemos, podemos hacer que la ocupación deje de resultarles rentable. Tenemos que seguir luchando par que esto sea así. Se lo debemos a las más de 50.000 palestinas asesinadas en el último año y medio y a todas las que siguen vivas, se niegan a abandonar sus hogares y, con su mera existencia, desafían al colonialismo y mantienen viva la llama de su pueblo.
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1Se estima que 280 trabajadoras de este organismo han sido asesinadas por las FDI en el último año y medio.
2Esta postura contrasta con la presión europea ejercida en 2023, cuando Sudáfrica iba a acoger al primer ministro ruso, Vladimir Putin, en una Cumbre de los BRICS. Al igual que Netanyahu, Putin es objeto de una orden de detención por la Corte Penal Internacional, acusado por crímenes de guerra. La UE recordó al Gobierno sudafricano que, como integrante del tribunal de La Haya, tenía la obligación de arrestarle si se presentaba en su país, y que su condición de mandatario no le otorgaba inmunidad e insinuó que el acceso de Sudáfrica a los mercados europeos y a la inversión extranjera podría verse afectado si incumplía sus obligaciones con la Corte Internacional. Finalmente, Putin no asistió a la cumbre y, en su lugar, envió a su ministro de Exteriores.
3El entonces presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, sacó a su país de la CPI en el año 2019, cuando se inició una investigación por delitos de lesa humanidad en su lucha antidroga. Países como EEUU, China, Rusia o Israel nunca han suscrito el Estatuto de Roma.