Extraído de El Salto
51.000 personas han muerto y 116.343 han resultado heridas desde que el 7 de octubre de 2023 Israel lanzó su campaña de exterminio sobre Gaza. Los datos del Ministerio de Salud del territorio gazatí muestran también que desde la ruptura unilateral del alto el fuego por parte del régimen de Benjamin Netanyahu, el 18 de marzo de 2025, han muerto 1.630 personas y ha habido 4.302 heridos.
Son siete semanas en las que, según Hamás, autoridad de Gaza, Israel ha impedido el paso de artículos esenciales, «incluidos suministros de alimentos, medicinas y combustible”. El 15 de abril, la agencia de la ONU para Palestina, la UNRWA, lamentó que la actual situación en el territorio costero es “probablemente la peor en los 18 meses desde el estallido de las hostilidades”.
Ese mismo día, un ataque aéreo de Israel bombardeó un hospital de campaña en al-Muwasi, cerca de la ciudad de Khan Younis. Un médico resultó víctima mortal y otras nueve personas fueron heridas en un ataque que para las autoridades palestinas muestra la intención de Israel de acabar con el sistema de atención sanitaria en Gaza. Dos días antes, el 13 de abril, Israel lanzó otro ataque sobre el hospital Al Ahli, el más importante del territorio.
El 15 de abril también se supo que Israel ha acabado con la vida de 71 civiles, entre ellos nueve niños en Líbano, donde sigue vigente un alto el fuego acordado en noviembre. Thameen Al-Kheetan, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha pedido “investigaciones rápidas, independientes e imparciales sobre todas las denuncias de graves violaciones del derecho internacional humanitario” que se han producido en este territorio.
Solidaridad de clase con Palestina
Ante la inacción de los gobiernos que pueden hacer algo para detener la guerra, el movimiento propalestino ha instado a las personas trabajadoras del mundo a llevar a cabo acciones contra el genocidio en sus territorios.
La Federación General de Sindicatos de Gaza escribió a los sindicatos de Estados Unidos de cara al día internacional de los trabajadores, el próximo 1 de mayo pidiendo, pidiendo ”intensificar la presión en los lugares de trabajo y en las instituciones de toma de decisiones para poner fin al apoyo militar, financiero y diplomático proporcionado por la administración estadounidense a la ocupación; unirse y ampliar las campañas de boicot actuales“ y ”aplicar sanciones laborales en los puertos y aeropuertos de Estados Unidos para bloquear los envíos de armas a Israel“, entre otras medidas. El 11 de abril, militantes proGaza protestaron en los alrededores del puerto de Norfolk (Virginia, EE UU).
En el Estado español, la movilización se dirige a los distintos puntos de las costas del Mediterráneo y el Atlántico por donde deben transitar estos días los buques Nexoe Maersk y Maersk Detroit. A mediados de abril, la campaña Fi al Comerç de Armas presentó una denuncia y pidió medidas cautelares a los juzgados de Barcelona ante la evidencia de que el primero de esos barcos puede estar transportando suministros y el segundo carga componentes para los cazas F-35 necesarios para el exterminio llevado a cabo por Israel. Las activistas justificaban la medida cautelar como forma de evitar delitos contra el tráfico de armas, de contrabando y contra la comunidad internacional. El juzgado barcelonés desestimó la solicitud.
Unas horas después eran activistas del BDS de València quienes llevaban a cabo una concentración simultánea “de urgencia” en los puertos de València, Castelló y Vinaròs. Seguían también a los estibadores de Fos-sus-Mer (Francia), que consiguieron retrasar unas horas el viaje del barco Nexoe. El 17 de abril, miembros de la campaña Fin al Comercio de Armas con Israel y la Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina (RESCOP) interponían una denuncia ante el Juzgado de Guardia de València por los mismos hechos pidiendo la retención del Nexoe para “evitar la continuidad delictiva y la participación del barco en la comisión de delitos contra la Comunidad Internacional (Título XXIV Código Penal), delito de tráfico de armas (art. 566 Código Penal) y delito de contrabando”.