Italia declara el estado de emergencia para luchar contra la inmigración

“Querida Giorgia”. Así se refirió Pedro Sánchez a su homóloga italiana, la neofascista Georgia Meloni, el pasado 5 de abril, durante su visita oficial a Italia. “Vas a encontrar a un Gobierno español que quiere tener las mejores relaciones con el Gobierno italiano”, prosiguió. “Estoy encantado de estar aquí”.

“Gracias, Pedro”, contestó Meloni, con un dominio de la lengua castellana que ya había sacado a relucir en un inolvidable mítin de Vox, durante las elecciones andaluzas, en junio de 2022[1].

Meloni es la líder de un Ejecutivo formado en 2022 por ultraderechistas, empezando por ella y su partido, Fratelli d’Italia (que mejoraron sus resultados multiplicando por seis los resultados obtenidos en 2018, pasando del 4% al 26% de los votos) y sus aliados de Lega Nord (que redujeron su resultado en un 9% y quedaron desbancados como principal fuerza de la ultraderecha), dirigido por Matteo Salvini; y Forza Italia, con Silvio Berlusconi al frente. Este último, corrupto y neoliberal, consiguió el 8% de los votos, es el moderado de la Coalición y es un importante culpable del ascenso del fascismo, ya que cada vez que ha gobernado se ha apoyado en la Liga Norte y en el Movimiento Social Italiano, normalizando su presencia institucional en un país de gran tradición antifascista.

El blanqueamiento del fascismo con la excusa de la inmigración

En la almibarada comparecencia que tuvo lugar en el Palazzo Chigi, Sánchez y Meloni intercambiaron miradas y sonrisas cómplices, exhibieron “sintonía” (ésta fue la palabra más repetida en los medios) y no hicieron ninguna mención a las diferencias que les separan. “Nuestros objetivos están muy alineados”, explicó Sánchez. “La inmigración irregular es un problema europeo que merece una respuesta Europea”, añadió mientras Meloni asentía.

Este alarde sentó como una patada en el estómago a diferentes partidos izquierdistas de toda Europa. No podemos olvidar que, en un mundo que cada vez se está derechizando más, Pedro Sánchez, como uno de los últimos presidentes socialdemócratas que siguen en pie – que además gobierna en coalición con un partido situado a su izquierda – es un referente para muchos de ellos. Por ello, que uno de los dirigentes del centro-izquierda europeo se haga carantoñas contra la ultraderechista que gobierna la séptima economía del mundo, se entiende como un peligroso ejercicio de blanqueamiento de la extrema derecha.

Por su parte, la derecha italiana vio con muy buenos ojos el abrazo Sánchez-Meloni, con artículos exaltando a ambas figuras en medios como Il Sole 24 Ore (brazo mediático de la patronal italiana), Líbero (con el titular “La izquierda española se alía con Giorgia para detener a los migrantes”) e, incluso, en Il Primato Nazionale, el órgano del movimiento fascista CasaPound (el Hogar Social italiano), que aplaudió el encuentro diciendo que “la polémica ideológica no sirve para nada, superarla es decisiva para sellar las fronteras europeas”.

Motivos para alegrarse tienen. Desde que gobierna la “querida Giorgia”, una de sus principales obsesiones ha sido la de sacudirse de encima la desconfianza que su figura suscita en las instituciones europeas y demostrar que no supone ninguna amenaza para la democracia liberal, el Capital financiero y la estabilidad de la OTAN y de la UE (en este sentido se distancia del euroesceptismo de Salvini y las simpatías de éste y Berlusconi con Putin, pues Meloni es convencidamente atlantista). Sí, puede que sus discursos sean un poco agresivos, que muestre desprecio abierto por los derechos humanos[2] y que sea extremadamente LGTBIQfóba[3], pero las relaciones económicas-capitalistas, militares e institucionales no van a cambiar. Y el espaldarazo que le dio Sánchez el 5 de abril ayuda precisamente a generar esa imagen de confianza en que los negocios no se van a ver alterados. Nulla di nuovo.

Italia declara el estado de emergencia

Seis días después de la cumbre entre Sánchez y Meloni, el Gobierno italiano declaró el estado de emergencia con el propósito de agilizar la expulsión de migrantes. La medida durará seis meses y lleva el sello de Nello Musumeci, que hizo carrera como presidente de Sicilia sosteniendo la teoría de la invasión migratoria y que ahora, como ministro de Protección Civil y Políticas Marítimas, ha encontrado la ocasión de correr un oscuro velo sobre los 91 muertos del naufragio de Calabria. Por supuesto, no existe una emergencia, sino un deseo propagandista de alimentar la retórica de la invasión. Y si existiera una emergencia, se trataría de un apuro humanitario. De momento, el Ejecutivo de Meloni ha apartado cinco millones de euros que contribuirán a incrementar las identificaciones y las deportaciones.

Cuando en marzo de 2020 entró en vigor el estado de alarma en España, mostramos nuestra preocupación por lo que el filósofo Giorgio Agamben llama la normalización del estado de excepción: acabamos cediendo voluntariamente nuestros derechos y las garantías legales ante amenazas y el Estado va recurriendo a esa excepcionalidad con cada vez más frecuencia, hasta que la convierte en la nueva normalidad. “Cada vez que se pone en suspenso el orden normativo, se abren las compuertas de la arbitrariedad y asoma un paisaje de espacios opacos donde la ley desatiende los derechos más elementales”, explica Jonathan Martínez en un artículo en Público.

“En los últimos años, Italia se ha aferrado al estado de emergencia para afrontar todo género de eventos excepcionales, casi siempre calamidades de la naturaleza”, prosigue. “El Gobierno se atribuye así un conveniente repertorio de poderes extraordinarios que no deben someterse al escrutinio del Parlamento. Atrás queda la emergencia sanitaria del Covid y una polémica restricción de libertades que Giuseppe Conte fue alargando con la oposición furibunda de Meloni. «Una democracia no puede avanzar a base de estados de emergencia», gritaba en televisión el filósofo y ex PCI Massimo Cacciari. «Bravo, Cacciari», aplaudía Meloni. «¿Le acusaremos también a él de ser un peligroso subversivo?»«.

Llama la atención cómo la derecha negacionista, que se oponía a las aprobaciones de los estados de alarma durante la pandemia – en el Estado español, por ejemplo, Vox recurrió ante el Tribunal Constitucional, con éxito, el Decreto de Estado de Alarma respecto del cual había votado a favor en un primer momento – porque afectaban a los derechos de sus conciudadanos, ahora aplauden un estado de emergencia para luchar contra una amenaza que no existe. Porque las personas que huyen de los conflictos, de la miseria económica y de la falta de oportunidades, no son el enemigo. La hipocresía de la derecha que se oponía a gobernar a base de estados de emergencia nos muestra que no le preocupaban nuestros derechos, ni las garantías democráticas, ni el control parlamentario: solo les importan sus privilegios, su individualismo y su egoísmo.

«Al margen de las implicaciones legales, el estado de emergencia presenta la apariencia de un mensaje político. En primer lugar, Meloni envía un recado a las autoridades europeas. Tanto Salvini como Meloni o Musumeci han explotado el patriotismo victimista de la Italia desamparada por Bruselas y obligada a defender la frontera mediterránea frente a las hordas bárbaras mientras los países del norte prefieren silbar y mirar hacia otro lado.

[…] Pero en esta exhibición autoritaria hay un mensaje mucho más desnudo y primitivo: la idea subliminal de que las personas que llegan a Italia representan un desastre a combatir con las mismas armas que empuñamos frente a un terremoto, unas inundaciones o una epidemia. El extranjero, reducido a la calderilla de las estadísticas, acarrea un disgusto equiparable a una catástrofe meteorológica. Simplificar los términos de la discusión nos ahorra el incordio de explicar las ramificaciones del neocolonialismo. Es más cómodo denigrar las vidas excedentes que genera la explotación del capital”.

En un artículo de Carles Castro en La Vanguardia, «¿Por qué los pobres votan a la ultraderecha?«, analiza datos del CIS, entre otros y concluye que «las percepciones sobre seguridad e inmigración de las rentas más bajas coinciden con las del electorado de Vox«. El caso de Catalunya, por ejemplo, es paradigmático: la cifra oficial de extranjeros allí es del 21%, pero los electores de rentas más bajas la elevan hasta el 41%. Recordemos que Vox pasó de 0 a 11 diputados (ahora tiene 10) en 2019, con el liderazgo de Ignacio Garriga y un discurso de señalamiento a los migrantes particularmente cruel, como lo es el de los fascistas que gobiernan Italia.

Lo que viene a decir el artículo es que la parte de la clase obrera que vota a la extrema derecha lo hace porque le ha comprado el relato de que la inmigración es una amenaza y que, además, es un fenómeno mayor que el que realmente es. Y esto es algo que no nos puede extrañar, ya que si el centroderecha y la izquierda reproducen el mismo mantra, en vez de confrontarlo, es fácil que su marco cultural se vaya imponiendo.

“Los paralelismos no son inocentes”, nos dice Jonathan Martínez. “A la vez que se proclamaba el estado de emergencia, el Consejo de Ministros italiano prometía redoblar la protección del patrimonio cultural. Hay que proteger las fronteras igual que se protege el Coliseo o la basílica de San Marcos. Para que no quepa duda, Meloni difundía ayer un vídeo de tintes sensacionalistas en el que reconocemos con nitidez a los perversos enemigos de nuestra milenaria civilización: los activistas climáticos de Ultima Generazione que han rociado de pintura lavable la pared del Palazzo Vecchio de Florencia o la estatua de Víctor Manuel II en Milán. Fratelli d’Italia pide tres años de cárcel para los ecologistas.

Hay un hilo elástico y pegajoso, como tejido por una araña, que une espacios y lugares de aspecto lejano. El Sea-Watch 3 se parece al Open Arms y Lampedusa rima con el Tarajal. Los náufragos del litoral de Crotone respiraban el mismo aire que dejaron de respirar los muertos de la valla de Melilla. Y a Marlaska se le pone cara de escuadrista cuando azuza a la Brigada Antiterrorista contra militantes ambientales en Madrid o cuando firma el ascenso del guardia civil que dirigió en Intxaurrondo el interrogatorio que llevó a la muerte a Mikel Zabalza. Este año nos llamarán otra vez a votar contra la ultraderecha, pero algunos deberían empezar por barrer sus propias casas”.

Ahora que llegan las elecciones, la izquierda nos volverá a pedir que les votemos, ante el temor de que nos gobierne la ultraderecha. Sin embargo, ¿de qué nos ha servido el Gobierno más progresista de la historia? No ha derogado la reforma laboral como prometió, no ha reformado (ya no hablemos de derogar) la Ley Mordaza, nos ha situado a Marlaska como ministro del Interior – quien ha infiltrado a policías en movimientos sociales, ha condecorado a un policía condenado por torturas y ha subido los salarios a la policía -, etc. ¿Y para las personas de origen extranjero que viven en nuestro país? El Gobierno del PSOE-UP ha frenado las investigaciones sobre la Masacre de Melilla, ha recurrido (con éxito) la sentencia de Estrasburgo que prohibía las devoluciones en caliente y ha bloqueado el acceso al sistema de solicitud de asilo. Ciertamente, parece que las diferencias entre Meloni y Sánchez, entre la extrema derecha y la socialdemocracia, no son tan grandes. Sus políticas resultan dañinas para quienes perciben como sus enemigos: disidentes políticos (movimientos sociales), disidentes sociales (personas extranjeras o marginadas) y económicos (personas pobres, al margen del mercado de trabajo). Y bien haríamos en recordarlo cuando nos pidan nuestro voto.

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[1] En el mítin, que tuvo lugar en Marbella, Meloni empezó a gritar, un tanto exaltada ante un público entregadísimo que se puso en pie y le aplaudió, “sí a la familia natural, no a los lobbies LGTB; sí a la identidad sexual, no a la ideología de género; sí a la cultura de la vida, no al abismo de la muerte; sí a la universalidad de la cruz, no a la violencia islamista; sí a fronteras seguras, no a la inmigración masiva; […] sí a nuestra civilización, no a quienes quieren destruirla; viva España, viva Italia, viva la Europa de los patriotas”.

[2] Una de sus últimas ocurrencias ha sido proponer la derogación del delito de torturas cometidas por funcionarios públicos porque entiende que la legalidad vigente menoscaba el honor y el buen nombre de los cuerpos policiales. Todo el mundo recordó entonces al joven Stefano Cucchi, que murió en un hospital de Roma con el cuerpo quebrado por las palizas de los carabinieri.

[3] Siempre se ha mostrado contraria a la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en Italia y, desde que gobierna, ha prohibido que las familias LGTBIQ puedan inscribir a sus hijos en los padrones municipales.