El pasado 11 de abril unas 60 personas acudieron a primera hora de la mañana a La Comunal, un espacio de cooperativas del barrio de Sants (Barcelona), se colocaron delante de múltiples cámaras y anunciaron ante los medios que Jesús Rodríguez, periodista del medio catalán La Directa, había tomado la dolorosa decisión de exiliarse a Suiza. Y es que el pasado mes de noviembre se había anunciado que el juez García-Castellón le había imputado un delito de terrorismo en el marco del Caso Tsunami Democràtic y, ante la falta de garantías que ofrece la investigación, Jesús decidió marcharse al país alpino.
Decenas de personas participaron en la rueda de prensa, pero no como individuos o simples amistades de Jesús (que también); cada una de las asistentes acudía en representación de un colectivo político, asociación de periodistas, sindicato o movimiento social de la ciudad, visibilizando así el enorme respaldo popular con el que cuenta el compañero. El movimiento de vivienda, antirracista, antirrepresivo, sindical, etc. no dudó en acudir a la llamada de su grup de suport, arroparle y dejar claro, una vez más, que si nos tocan a uno, nos tocan a todas. “Nosaltres per tu, tu per nosaltres”, anunciaron.
Jesús Rodríguez, un periodista incómodo
“Hay personas que luchan un día y son buenas. Hay otras que luchan un año y son mejores. Hay las que luchan muchos años y son muy buenas. Pero también hay las que luchan toda la vida: estas son las imprescindibles” ― Bertolt Brecht
Jesús Rodríguez, alias Albert Martínez, es uno de los imprescindibles. Periodista y activista social de todas las causas, aquel chaval que salió de Santa Coloma de Gramanet en los años noventa para acudir a sus primeras protestas y okupaciones, es un referente de los movimientos sociales en Barcelona, como explica Sergi Picazo en Crític. No son pocas las compañeras de Catalunya que nos han hablado de él y de su compromiso en alguna ocasión. Ya de joven, Jesús se dio cuenta de la importancia de la comunicación, de poder generar nuestros relatos, para el éxito o el fracaso de las protestas sociales. Hizo de portavoz de mil causas y, posteriormente, se convirtió en uno de los fundadores de La Directa y, previamente, había pasado por medios alternativos como el mítico Contrainfos ‒que se colgaba en los tablones de las casas de okupas de todo el país‒ y la revista La Burxa, de Sants.
Su seudónimo histórico es Albert Martínez. Se lo puso para burlarse de un infiltrado policial que se coló en el movimiento de los insumisos en Catalunya a principios de los años noventa. Y desde entonces no ha parado de descubrir a infiltrados policiales en organizaciones sociales y políticas. Se dedicaba a acudir a manifestaciones y fotografiaba a agentes de paisano que tiraban piedras contra antidisturbios. El año pasado formó parte del equipo de periodistas que destapó a varios infiltrados en colectivos de Barcelona, Girona, València y Madrid. También documentó hace unos años un intento de la policía de captar y sobornar a un militante anarquista para que informara de las actividades que hacían sus compañeros.
En una entrevista realizada por La Directa, Jesús asegura que su imputación sería una “respuesta de las cloacas del Estado al ejercicio de mi actividad como periodista, centrada en los últimos años en destapar las operaciones de espionaje policial en los movimientos sociales”.
Hace unos años, le detuvieron por cubrir una acción sorpresa contra el CIE de la Zona Franca, aunque eso quedó en nada. En otra ocasión, un mosso le agredió mientras cubría el desalojo del centro social okupado Banc Expropiat, en el barrio de Gràcia. Jesús le denunció y el agente ha sido condenado e inhabilitado. Y, recientemente, logró que imputaran a dos de sus compañeros que mintieron en el juicio por un delito de falso testimonio. Con semejante currículum, se podría decir que La Directa en general, y Jesús en particular, estaban en el punto de mira de las autoridades. Por eso, tampoco nos puede extrañar en exceso la imputación por un delito de terrorismo.
Una imputación por terrorismo por ejercer de periodista
El pasado mes de noviembre, el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, muy cercano al PP y a Vox, irrumpió en el tramo final de la negociación por la amnistía entre el PSOE y los independentistas para imputar, en una vieja investigación por terrorismo que tenía abierta desde 2019, a una docena de políticos y activistas independentistas. Les atribuye “subvertir el orden constitucional, desestabilizar económica y políticamente el Estado y alterar gravemente el orden público mediante la movilización social masiva”.
La razón por la que se pueden calificar como terrorismo las movilizaciones masivas – y mayoritariamente pacíficas – que tuvieron lugar en el marco de las protestas del Tsunami, en octubre de 2019, para protestar contra la Sentencia del Procés se debe a la reforma del Código Penal que tuvo lugar en el año 2015. El 1 de julio de ese año, aprovechando la mayoría absoluta del PP, entró en vigor un enorme paquete de medidas para acabar con el ciclo de protestas sociales que se inició en 2011 – Ley Mordaza, reforma del Código Penal y Pacto Antiyihadista, este último contando con el beneplácito del PSOE de Pedro Sánchez – que, entre otras consecuencias, modificó la definición de “terrorismo” para incluir una amplia variedad de conductas no necesariamente violentas, siempre y cuando atenten contra los intereses españoles.
A Jesús en particular García-Castellón le imputa el delito de terrorismo porque, según los informes policiales, habló con algunos de los supuestos organizadores de las movilizaciones y se vio que contaba con algo de información privilegiada acerca de los preparativos. Vamos, por ejercer de periodista y hablar con diversas fuentes. Por eso, organizaciones internacionales como el Media Freedom Rapid Response han expresado públicamente su preocupación con la investigación.
Este ataque contra Jesús no se puede entender como un hecho aislado. Debemos contextualizarlo en una ofensiva más amplia que se está dando contra periodistas incómodos en todo el mundo: el encarcelamiento de Julian Assange en Reino Unido y de Pablo González en Polonia, el asesinato de decenas de profesionales en Palestina, la imputación a las periodistas (que ya ha sido sobreseída) que cubrieron acciones de Futuro Vegetal en Madrid y Barcelona, la imputación contra los periodistas que denunciaron una agresión policial durante el mitin de Vox y se les acusó de falso testimonio (también ha sido archivada), o la acusación por delito de odio al director de Cuba Información por informar sobre opositores al régimen cubano en España (fue absuelto hace poco), son solo algunos ejemplos.
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