Tras el estallido del 15-M en el 2011, el movimiento por la vivienda se vio claramente reforzado. Los primeros dos o tres años del 15-M se caracterizaron, principalmente, por la lucha en este sector, así como por su participación en las huelgas generales de 2012 y grandes movilizaciones. Todos los días se paraba un desahucio (y a día de hoy, aunque el ritmo haya podido bajar, la actividad de colectivos como la PAH sigue siendo constante) y la cuestión de la vivienda saltó al centro del debate nacional.
Durante todo este tiempo, nos hemos visto sometidas a detenciones, denuncias, juicios y multas por estar en la calle, por apoyar a nuestras vecinas. Incluso se modificó la Ley de Seguridad Ciudadana (la famosa Ley Mordaza), para incluir como infracción específica la paralización de un desahucio, todo ello con la intención de pararnos los pies.
Han sido, como decimos, varias las sancionadas. Decenas, o centenas de compañeras. Pero, que sepamos, nadie ha ingresado en prisión por intentar detener un desahucio. Jorge Jiménez, miembro del colectivo Distrito 14, podría ser la primera persona a la que le ocurra.
Jorge fue una de las personas que acudieron en enero de 2016 a intentar evitar el desahucio de Massiel y sus dos hijos menores de edad en Villa de Vallecas. Allí, 50 personas formaron una cadena humana frente a unos veinte policías.
En declaraciones al medio El Salto Jorge explicó su detención de la siguiente manera: “Después de quitarnos de forma violenta del portal, el policía que me acusa afirma que estaba ayudando a un hombre mayor a levantarse del suelo, al que previamente habían tirado, y que yo me acerqué, le miré a los ojos y le pisé la mano; es mentira”. Jorge recuerda que ese día no fue detenido. Pasaron dos días hasta que recibió una llamada de la Policía Nacional para que acudiera a declarar. “Yo me presenté voluntariamente porque me dijeron que, si no, irían a mi casa o a mi trabajo”, continúa.
La Policía le acusó de atentado a la autoridad y lesiones, cargos por los que fue juzgado en febrero de 2018. En marzo se dictó sentencia: siete meses de cárcel, una multa de un mes a tres euros diarios (90 euros), y 1.237 euros en concepto de indemnización a un policía lesionado.
El recurso de apelación contra la sentencia fue desestimado ante la Audiencia Provincial, y el 20 de septiembre de 2018 el medio La Haine reveló que el recurso de casación ante el Tribunal Supremo se había inadmitido a trámite, cerrándose, en consecuencia, la vía judicial.
El 25 de septiembre Jorge deberá acudir al Juzgado de Ejecuciones Penales, que le informará de las posibilidades: podrá solicitar la suspensión de la condena, pero se encuentra condicionada al abono de la responsabilidad civil (indemnización) al agente. Jorge ya ha manifestado que no piensa pagar ni un solo céntimo, primero porque no cometió los hechos por los que fue condenado y, segundo, porque se niega a pagar a un funcionario que ejecuta desahucios.
Por este motivo, es altamente probable que no se le suspenda la condena y que ingrese en prisión.
El 27 de septiembre, tras haber pasado por el Juzgado, Distrito 14 ha convocado una rueda de prensa en el Teatro del Barrio (Lavapiés) para actualizarnos sobre su situación.
