La dispersión, o la venganza del Estado

Para cientos de familias el fin de semana se ha convertido en una desagradable rutina. Una misma historia que se repite para muchas de las personas que tienen a un ser querido entre rejas. Principalmente, para aquellos/as compañeros/as de personas encarceladas por acciones motivadas por sus convicciones políticas. Porque aunque el Estado español no reconozca el estatus de preso/a político/a, la realidad es bien distinta, al recibir éstos/as un trato diferenciado respecto al resto de personas presas, confirmado a través de los hechos que la motivación del delito cometido influye en determinados aspectos de la estancia en prisión.

Pero volviendo a la realidad de dichas familias, éstas, después de cinco días currando, no tienen otra salida más que apurar sus fines de semana para recorrer cientos de kilómetros con el propósito de compartir media hora, o tal vez una entera, si hay suerte, con un/a hermano/a, un/a nieto/a, un/a novia/o, un/a amigo/a o un/a padre/ madre. Kilómetros de carretera, una noche en un hostal, visita a la cárcel y vuelta a casa. Así semana tras semana. Hasta que termine la condena. En este caso una doble condena que no sólo cumple la persona presa, sino también su realidad social y familiar. Una doble condena que refleja el ansia de venganza de nuestra clase política y judicial.

La dispersión, es decir, el traslado de una persona presa a una cárcel alejada de su entorno, es una práctica habitual en el Estado español desde los años 80. Y aunque la Ley Orgánica General Penitenciaria recoge en su artículo 12.1 que se debe “evitar el desarraigo social de los penados”, esta política penitenciaria del Estado en materia de lucha antiterrorista ha ido encaminada en la dirección opuesta.

Por si no fuera un castigo suficiente el estar preso/a teniendo en cuenta no sólo lo que esto implica sino también las condiciones y políticas habituales en las cárceles españolas (aislamiento, abusos de autoridad, vulneración de la intimidad, trapicheos, medicación, etc.), el Estado ha diseñado una estrategia para incrementar el aislamiento social y afectivo de aquellas personas que en algún momento le plantaron cara. Este sufrimiento añadido sin justificación alguna tan sólo añade un plus de castigo al entorno de la persona presa.

Etxerat, una asociación de familiares y amigas/os de presos/as políticos/as vascos/as, ha tratado de cuantificar esta realidad, de recoger datos que nos permitan entrever qué implica realmente la dispersión para el entorno de la persona presa, y aunque dicha información queda restringida exclusivamente para el colectivo de presas/os vascas/ os, la realidad no difiere en exceso para el resto de presos/as políticos/ as, ya estén vinculados/as a las luchas de liberación nacional de otras regiones de la Península o ya sean anarquistas o comunistas.

Según dicha organización, más del 90% de presas/os políticas/os vascas/os se encuentran fuera de Euskal Herria, y aproximadamente un 70% se encuentra a más de 500 kilómetros de su hogar. Esto obliga a las familias a recorrer una media de unos 1300 kilómetros a la semana para ver a su ser querido. En términos económicos, dicha asociación ha cifrado el gasto medio semanal por familia entre 350 y 400 euros, incluyendo gasolina (o billetes de tren o avión), alojamiento, comida, etc., una cifra considerable difícil de asumir, y más en el contexto actual.

Además, desde esta asociación también se ha denunciado en más de una ocasión el trato vejatorio que muchas familias y amigas/os tienen que soportar, como el verse obligadas/os a sufrir cacheos totales como condición para acceder a la prisión o el enterarse de que la persona presa ha sido trasladada o sancionada sin visitas justo el día que se encontraba programada, tras realizar el viaje.

Pero la consecuencia más crítica de la dispersión son las víctimas mortales que se producen en accidentes de tráfico en dichos desplazamientos, pues es inevitable que al realizarse tantos viajes en carretera todos los fines de semana tengan lugar accidentes de todo tipo, tanto leves como con trágicas consecuencias. Etxerat cuantifica el número de fallecidos/as entre 15 y 20 personas en las dos últimas décadas (recordamos que sus cifras se restringen al entorno vasco).

Dentro de las iniciativas de lucha contra esta práctica encontramos diferentes realidades. En Euskal Herria llevan muchos años trabajando dicha cuestión, consiguiendo tanto convertir el mapa de EH con las flechas en todo un símbolo que adorna murales, balcones, paredes, etc., como alcanzar cifras de asistencia espectaculares a manifestaciones por el reagrupamiento de los/as presos/as, y también, sacar dicho debate a la esfera pública, hecho relevante al vivir en una realidad política y social donde la cuestión penitenciaria anda silenciada y completamente olvidada. Aunque sí que es verdad que en más de una ocasión se ha echado de menos una crítica a la realidad penitenciaria más global así como alguna mención a los/as llamados/ as presos/as sociales.

En Galiza la situación es bien distinta. El apoyo social con el que cuentan las/os presas/os políticas/os no es comparable, y la atenuación del conflicto vasco ha traído consigo el envío de recursos policiales a dicha región, incrementándose las acciones represivas en la zona. Recientemente, se ha constituido una plataforma contra la dispersión con el nombre “Que voltem a casa”, que aunque cuenta con el apoyo de un amplio espectro de organización políticas, desde el anarcosindicato CNT hasta agrupaciones políticas independentistas, tiene un muy duro camino que recorrer, pues, por ejemplo, recientemente, varias personas han sido imputadas por enaltecimiento del terrorismo por la Audiencia Nacional por tan sólo portar fotos de presos/as, algunas de ellas en un vídeo festivo difundido por Internet, y otras en una concentración.

Para terminar, no podemos olvidarnos de nombrar tanto a Noelia Cotelo como a los cinco anarquistas de Sabadell, que se encuentran también lejos de su tierra.

Toda nuestra solidaridad y fuerza para las/os presas/os en lucha.