La Fiscalía General del Estado y la antesala de la represión

La Fiscalía General del Estado, en su Memoria Anual del año 2022, publicó un capítulo dedicado a “amenazas terroristas”. En él, hace referencia al “anarquismo insurreccionalista” (el cual dice que se encuentra bajo estricta vigilancia policial y que varias agencias de inteligencia internacionales intercambian información de activistas), al “movimiento antifascista”, a los independentismos vascos, gallego y catalán y al “ecologismo radical”. En el caso de éste último, incluso menciona por nombre algunos colectivos, como Extinction Rebellion y Futuro Vegetal.

Pese a que la presión de varias activistas ecologistas obligó al Fiscal General a recular y a anunciar que el año que viene no incluirá el ecologismo dentro de este apartado de su informe, esta estrategia de criminalización mediática nos suena. En 2013 y 2014, autoridades políticas y policiales empezaron a vincular el anarquismo con el terrorismo. Titulares como “El terrorismo anarquista copia a Al Qaeda” (El País, 16 de noviembre de 2013) estaban a la orden del día. Unos meses después, la policía llevó a cabo las operaciones Pandora y Piñata, que se saldaron con decenas de anarquistas detenidas. Años después, las causas se archivarían, sin condenas. Pero el trabajo de desmovilización de muchas activistas se consiguió.

Entendemos la inclusión de estos movimientos contestatarios en la Memoria de la Fiscalía como un nuevo intento de justificar o allanar el terreno para una serie de operaciones represivas. Una represión dirigida a la desarticulación de colectivos anarquistas, antifascistas, antiespecistas, ecologistas o independentistas. Y es que, como dice el la propia Memoria Anual, “durante 2022 se ha detectado una disminución de las acciones de sabotaje debido principalmente al agotamiento de la militancia y a la falta de hechos relevantes para su imaginario que puedan ser utilizados como revulsivo para la convocatoria de grandes manifestaciones y campañas de acciones. La pérdida de la iniciativa por parte de estos grupos violentos motivada también en parte por la acción de la justicia ha ocasionado que gran parte de su actividad se centre en la llamada «Antirrepresión». La movilización en respuesta a los procesos judiciales detrae la mayor cantidad de recursos a estos colectivos”.

Más información en el programa nº 115 del podcast Lluvia con Truenos y el artículo «El peligro de equiparar los movimientos sociales con el terrorismo» (Público, 13 de septiembre de 2023)