Corren malos tiempos para la libertad de expresión. Muy malos.
Hace un par de meses nos alegraba la noticia del archivo de la causa de los titiriteros. Pero en el fondo era lógico y hasta previsible que se produjera. Al fin y al cabo, no les habían detenido por expresar lo que pensaban sino por representar una obra de ficción. Lo demencial fue que a alguien se le hubiera ocurrido imputarles.
Pero la alegría duró muy poco. Y es que el mes pasado vivimos, en menos de una semana, una sucesión de hechos que ejemplifican el peligro que corre el derecho a declarar públicamente lo que una/o piensa.
La semana que hizo temblar a la libertad de expresión
La semana a la que nos referimos empezó el viernes 9 de julio. La noticia de la muerte del torero Víctor Barrios por una cornada letal vino sucedida de las muestras de júbilo que muchas personas volcaron en las redes sociales. Al día siguiente varias asociaciones taurinas, como la ‘Fundación del Toro de Lidia’, anunciaron la interposición de unas 50 querellas contra algunas de estas personas. Entre ellas, al rapero Pablo Hasel, que ya fue condenado en 2015 por enaltecimiento del terrorismo, y a un profesor valenciano, que obtuvo gran repercusión al escribir que bailaría sobre su tumba y se mearía en sus flores. Por su parte, el director de la Guardia Civil, Fernández de Mesa, reveló que la benemérita investiga los tuits sobre el torero porque “no se pueden consentir comentarios humillantes, que incitan al odio”.
El lunes 11 de julio, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional revocó (con dos votos a favor y uno en contra1) la decisión del juez Pedraz por la que acordaba el archivo de la causa seguida contra el concejal de Ahora Madrid Guillermo Zapata. En consecuencia, deberá ir a juicio por un delito de enaltecimiento del terrorismo. Recordamos que a Zapata se le acusa de tuitear en el año 2011 (cuando no le conocía nadie) unos chistes sobre Irene Villa en un contexto de debate sobre los límites del humor negro. Los tuits fueron descubiertos por una labor de prospección de la prensa en 2015, fueron hechos públicos el día que ocupó un cargo público, y la propia Villa manifestó no sentirse ofendida. Pese a todo, la acusación popular de ‘Dignidad y Justicia’ le pide una pena de 1 año y 8 meses de prisión y la de ‘Manos Limpias’ 3 años de prisión y una indemnización de 10.000 euros a cada víctima del terrorismo. No olvidemos, por cierto, que ‘Manos Limpias’ está siendo investigada como organización criminal por extorsionar a las personas que acusaba ofreciendo retirar las denuncias a cambio de dinero.
El día siguiente, 12 de julio, la misma Audiencia Nacional sentaba en el banquillo a César Strawberry, cantante del grupo Def Con Dos, por la publicación de unos tuits que supuestamente enaltecían el terrorismo2. A pesar de que Strawberry contextualizó la ironía con la que había escrito esos mensajes, el Fiscal mantuvo la acusación contra él, aludiendo al concepto de la “banalidad del mal” de Hannah Arendt para equiparar la apariencia de “buena persona” del cantante con la misma imagen que proyectó el nazi Adolf Eichmann, uno de los arquitectos del Holocausto, en su juicio. Y así es como se comparó la malvada acción de publicar chistes en Twitter con la deportación de millones de judíos a campos de exterminio3.
Una semana después, la Sala absolvió a Strawberry y un día después el Fiscal recurrió la sentencia. En unos meses se tendrá que pronunciar el Supremo.
Pare terminar la semana, el 13 de julio, el Tribunal Supremo publicó una sentencia en la que condenaba a una mujer a un año de prisión por humillar por Twitter a Miguel Ángel Blanco e Irene Villa. Las/os magistradas/os, deseosas/os de sentar cátedra sobre el asunto y crear un precedente para los casos de los que venimos hablando, manifestaron que “La libertad de expresión no ampara el discurso de odio”.
El nuevo escenario
Todas estas actuaciones dibujan las nuevas reglas del juego. Ahora cualquier crítica, burla o expresión de una opinión política o moralmente controvertida podrá criminalizarse. El objetivo, en palabras del Supremo, es hacer “un ejercicio de ciudadanía responsable” a golpe de represión.
Es evidente que siempre ha existido una explotación política de toda esta cuestión. Los antecedentes de esta pugna nos enseñan que las personas acusadas por este tipo de delitos son siempre quienes se burlan de las víctimas del terrorismo y nunca quienes se mofan de las víctimas del franquismo, por ejemplo. Son quienes ensalzan a ETA y GRAPO pero no quienes claman loas a los GAL4. Los hechos nos enseñan que el ensalzamiento de la violencia machista o la celebración de la muerte de Aitor Zabaleta son conductas que no se persiguen. Esto lo sabemos.
Lo que nos preocupa hoy es que cada vez somos menos tolerantes. Prueba de ello es que el Derecho penal o la policía se han convertido en recursos habituales para resolver disputas que jamás deberían judicializarse. El debate ya ni siquiera oscila en reivindicar uno u otro mensaje como correcto, sino en la defensa misma de la libertad de decir lo que uno/a piensa sin sufrir persecución por ello.
La tolerancia es, por definición, la capacidad de soportar las actitudes, comportamientos y expresiones molestas de otras personas. Y el umbral de tolerancia se encuentra a día de hoy bajo mínimos.
En un contexto tecnológico que permite la monitorización absoluta de todo lo que expresamos, debemos aprender a leer e interpretar lo que otros/as escriben sin que la denuncia se convierta en el acto reflejo frente a cualquier ofensa. Si no aprendemos a superar el miedo al debate y a gestionar nuestras emociones corremos el riesgo de caer en el autoritarismo más atroz.
El Derecho Penal no busca reparar una ofensa o resolver un debate social. Sus efectos sólo pueden dirigir a la sociedad hacia la autocensura y el miedo, cimientos de un modelo de convivencia aburrido, autoritario, poco creativo y conformista. El nuevo escenario oprime los márgenes de la libertad de expresión y apuntala la estructura del Estado policial.
1 El autor del voto en contra es el magistrado José Ricardo de Prada, quien ha sido recusado por diversas asociaciones de víctimas del terrorismo. En una charla declaró que, evidentemente, se habían producido torturas en España que no han sido investigadas por la Audiencia Nacional. El Pleno de lo Penal de la Audiencia votó su expulsión. Con 9 votos en contra y 8 votos a favor, el Magistrado continúa en su puesto, pero sabiendo que la mitad de sus compañeros opinan que habría que expulsarle. A su manera, la libertad de expresión de este juez también se ha visto mermada.
2 Strawberry fue detenido en la Operación Araña III. Para más información sobre estas operaciones, véase www.todoporhacer.org/a-por-los-tweet-rroristas-el-gran-hermano-en-internet
3 Más información en el artículo “La banalidad del fiscal”, de Isabel Elbal, publicado en www.eldiario.es el 13 de julio.
4 Rafael Vera, Secretario de Estado de Seguridad con Felipe González, defendió “la utilidad” de los GAL públicamente en 2015. En marzo de 2016, Fiscalía no vio delito en sus palabras y se archivó la causa.