La privatización de la Sanidad en la Comunidad de Madrid

En España, las competencias en materia de Sanidad están transferidas a las diferentes Comunidades Autónomas. Al ser la Comunidad de Madrid nuestro lugar de residencia, nos centraremos en lo que está ocurriendo en ella.

Desde la aprobación de la Ley 15/97, “Habilitación de Nuevas Formas de Gestión”, por parte del PSOE y del PP, la Sanidad está viviendo un complicado proceso de progresiva privatización. La complejidad del asunto, basada en la combinación de diferentes fórmulas (conciertos, externalizaciones, creación de empresas públicas, privatizaciones parciales, copago, etc.), no es casual, pues posibilita el enmascarar un hecho que dejaría a cualquier partido político en una muy mala posición ante la opinión pública.

Estas actuaciones vienen acompañadas de un constante machaqueo por parte de políticos/as, tertulianos/as, medios de comunicación, etc., donde se pone en cuestión la sostenibilidad del sistema sanitario, creando la sensación de vivir una situación de crisis. Pero ocultando en todo momento que los problemas que presenta (listas de espera, masificación, etc.) se debe a su abandono por parte de las instituciones: la inversión de España en Sanidad se encuentra por debajo del promedio de la Unión Europea, y Madrid, a pesar de ser una de las Comunidades Autónomas con mayor PIB, está a la cola en gasto sanitario. Además, lo que también está contribuyendo al deterioro de la Sanidad Pública es el constante aumento de la inversión dedicada a conciertos privados y externalizaciones, mientras disminuye la inversión directa.

Las siguientes medidas son algunas de las adoptadas por la clase política madrileña:

· Los ocho últimos hospitales construidos en la Comunidad de Madrid funcionan bajo un nuevo tipo de contrato entre el sector privado y las instituciones públicas, donde diferentes empresas privadas, procedentes en su mayoría del sector bancario e inmobiliario, se responsabilizan de la construcción y gestión de los hospitales durante 30 años. Mientras, la Comunidad de Madrid paga un canon para hacer uso de sus servicios.

Según diferentes colectivos de trabajadores/as y usuarios/as del sistema sanitario, este modelo de gestión implica que la administración pública pagará entre 4 y 5 veces más de lo que hubiera costado la construcción y gestión de un hospital público, sin contar con otros gastos difíciles de cuantificar como el traslado de personal y de material.
Estos colectivos también denuncian las políticas de los nuevos hospitales para maximizar los beneficios: reducción de plantillas, peores condiciones laborales, captación de pacientes y procesos más rentables mientras que los/las pacientes más costosos (enfermos/as crónicos/as, ancianos/as, aquellos/as con raras enfermedades, etc.) son derivados/as a centros públicos donde sí tienen medios necesarios para su tratamiento, etc.

· La aprobación del Área Única y de la Ley de Libertad de Elección, que ha venido acompañada de una campaña publicitaria donde se le garantizaba al usuario el poder disponer de plena libertad para elegir el mejor centro, ha supuesto la introducción de criterios mercantilistas en el ámbito sanitario. Los centros dejan de ser servicios para pasar a formar parte de un nuevo mercado sanitario donde tendrán que competir para captar clientes. Además, se trata de una medida nada realista, pues pretende establecer un ranking de hospitales para que los/as ciudadanos/as puedan elegir el mejor. Pero, ¿podemos los/as seis millones de madrileños/as acudir al mejor hospital? ¿Qué criterios se tienen en cuenta para clasificar los diferentes centros? Por ejemplo, los hospitales que atienden procesos complejos tienen una elevada tasa de mortalidad, por tanto, ¿qué lugar ocuparían en el ranking? Pero, las autoridades (nunca dejan de sorprendernos) han elegido como criterios de evaluación datos como la amabilidad o la señalización del centro. Los colectivos de trabajadores/as y usuarios/as denuncian que esta nueva legislación, realmente, está sirviendo para derivar a los/as usuarios/as menos rentables a hospitales públicos, como ya decíamos antes.

· Otras medidas aprobadas han sido la cesión de centros, patrimonio de la Seguridad Social (Pontones y Quintana), a empresas privadas, el cierre de laboratorios públicos derivando las pruebas a un macrolaboratorio privado, la privatización del servicio de citas médicas, etc.

Cuestionando lo público. Reflexiones para afrontar esta pelea.

Aunque en estas pocas líneas es difícil de abordar un tema de tal calibre, trataremos de dar unas pinceladas sobre esta cuestión. Las luchas contra las privatizaciones suelen convertirse en una defensa de la gestión estatal, de lo público. Creemos que en este punto se comete un grave error pues se considera que nosotros/as y el Estado compartimos los mismos intereses. Por ello, a la hora de embarcarnos en esta lucha es necesario elaborar un discurso que no legitime el poder estatal, y tenga presente que sólo a través de la gestión de trabajadores/as y usuarios/as de estos servicios, al margen de poderos públicos y privados, avanzaremos en la lucha por recuperar el control sobre nuestras vidas.

Nosotros/as plantaremos cara a esta nueva agresión a nuestras condiciones de vida pero no olvidamos que el Capital y el Estado son las dos caras de una misma moneda.