El pasado 10 de febrero, un tribunal militar de la ciudad rusa de Penza condenó a siete jóvenes anarquistas a penas de cárcel que van de los 6 a los 18 años por, entre otros cargos, organización y pertenencia a banda terrorista. Según la acusación, los condenados pertenecían a “La Red” (“Set”, en ruso), asociación que planeaba llevar a cabo actos violentos coincidiendo con las elecciones presidenciales en Rusia del año 2018, así como durante la celebración del mundial de fútbol en ese mismo año.
El proceso se abrió en el otoño de 2017 y, desde entonces, once personas han sido detenidas en Penza y San Petersburgo bajo la sospecha de planear un cambio de régimen político en Rusia a través de acciones terroristas. Sin embargo, las acusaciones, así como todo el proceso, se fundamentan en la confesión de varios de los detenidos, que denunciaron haber recibido palizas y electroshocks por parte de los funcionarios del Servicio Federal de Seguridad, con el objeto de obligarlos a confesar sus supuestos delitos, que los acusados niegan haber cometido.
Las denuncias de tortura interpuestas por los ahora condenados fueron desestimadas, a pesar de que miembros de la Comisión Pública de Observación, una organización que supervisa el cumplimiento de los derechos humanos en lugares de reclusión (ONK, por sus siglas en ruso) certificaron las marcas de tortura en los cuerpos de varios de los acusados.
El Servicio Federal de Seguridad, por su parte, ha incluido a “La Red” en el listado de organizaciones terroristas prohibidas en Rusia. Sin embargo, las pruebas de que esta organización nunca existió parecen superar a las que apuntan en la dirección contraria. Además, a los condenados no se les acusa de planes concretos para llevar a cabo acciones violentas específicas, muchos de ellos ni se conocían entre sí y todo apunta a que los vídeos acusatorios en los que aparecen entrenándose con armas de fuego forman parte de sesiones de airsoft, juego de estrategia parecido al paintball, al que los condenados son aficionados.
Desgraciadamente, casos como éste no son una novedad en la Federación Rusa. La persecución de la juventud más comprometida políticamente a través de dudosos procesos judiciales, con acusaciones de lo más rocambolescas, pero que acaban en sentencias desproporcionadas, se han venido repitiendo con demasiada frecuencia en los últimos 20 años. Desde las multitudinarias manifestaciones de protesta contra el gobierno de Vladímir Putin que tuvieron lugar entre los años 2011 y 2013, el ritmo y la intensidad de la represión se han incrementado sensiblemente.
CRÍTICAS A LA SENTENCIA
Las penas por el caso “La Red” son las siguientes: Dmitri Pchélintsev y Iliá Shakurski han sido condenados a 18 y 16 años, respectivamente, en cárceles de alta seguridad, por creación de organización terrorista y posesión de armas. Por pertenencia a organización ilegal han sido condenados Maksim Ivankin (13 años), Andréi Chernov (14 años), Mijail Kulkov (diez años), Vasili Kuksov (nueve años) y Armán Sagynbáev (seis años). Los condenados tienen entre 23 y 31 años de edad.
El caso “La Red” ha trascendido gracias a la cobertura de los medios de comunicación más críticos con el Kremlin, mereciendo también duras críticas de parte de organizaciones de derechos humanos como Memorial o Amnistía Internacional, que titulaba como sigue un comunicado del 7 de febrero: “El juicio por pertenencia a una organización ‘terrorista’ que no existe debe detenerse”. Conocidos defensores de derechos humanos como Lev Ponomarev o Svetlana Gánnushkina han pedido al presidente Putin que los reciba para tratar este asunto aunque, según el Secretario de Prensa de la Presidencia, Dmitri Peskov, “el presidente se ha interesado reiteradamente en el caso y en varias ocasiones ordenó ser meticulosos para asegurar que se cumple la ley”. Quizás, la carta de protesta que un grupo de periodistas y académicos han firmado en relación al caso resuma, en buena medida, el sentir de una parte creciente de la ciudadanía rusa:
“Todo lo que conocemos sobre el caso ‘La Red’ indica que éste ha sido inventado en su totalidad. La condena, abiertamente injusta, habla de la completa parálisis de un sistema judicial independiente en nuestro país. A diferencia de los ‘atentados’ inventados que, supuestamente, los condenados ‘planeaban planear’, el verdadero acto de terror es la decisión que se ha tomado en el caso ‘La Red’, que golpea duramente los fundamentos del Estado ruso”.
UN CASO QUE SE REPITE
Y es que, en efecto, el caso de “La Red” suena demasiado familiar por muchos motivos:
En primer lugar, en Rusia son constantes las denuncias de las organizaciones de derechos humanos sobre la “fabricación” de casos en los que periodistas, activistas políticos o miembros de organizaciones ciudadanas que investigan temas “incómodos” son acusados de terrorismo, posesión de drogas, tenencia de armas, etc. Desde la llegada de Vladímir Putin al poder, hace ahora veinte años, y coincidiendo con la denominada “operación antiterrorista” puesta en marcha en el Cáucaso Norte, las denuncias de las organizaciones humanitarias de tortura y acusaciones falsas llevadas a cabo por los servicios secretos y fuerzas policiales son constantes. Muchos de estos casos han sido llevados, con éxito, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.
Por otra parte, tampoco es nueva la estrategia mediática con la que se presentan estos temas en los canales de televisión afines a las políticas del Kremlin (que son todos los que emiten en abierto y gozan de audiencias cuantitativamente relevantes). Así, cuando interesa a las élites político-financieras del país acabar con la reputación de un opositor, de una organización ciudadana o, como es el caso, de ‘demostrar’ el peligro de células terroristas radicales de diverso pelaje, la colaboración entre los servicios secretos y el personal de esos canales se pone en marcha.
El canal NTV lleva años emitiendo “reportajes” y “documentales” producidos con este objetivo en programas como “Suceso Excepcional: Investigación”. El caso ‘La Red’ no ha sido una excepción y ha merecido dos reportajes de media hora, en los que se reproducía un guión mil veces utilizado: una cámara en movimiento graba imágenes entrecortadas (y más tarde descontextualizadas) emitidas sobre música de película de acción, mientras testigos enmascarados y con las voces distorsionadas, así como supuestos arrepentidos de la banda vierten todo tipo de denuncias sobre los acusados. Nunca faltan las alusiones a cómo los ‘radicales’ reciben dinero e instrucción desde el extranjero o a las relaciones que éstos (por muy anarquistas que sean), mantienen con grupos neonazis. Para que nada falte, los defensores de derechos humanos y los abogados de los acusados juegan siempre el papel de vendepatrias: son la quinta columna que, siguiendo también órdenes de los enemigos de Rusia (léase EEUU y la UE), hacen lo que sea para desprestigiar a su propio país. Si además, como en el caso que nos ocupa, se “consigue demostrar” la conexión entre los acusados y los nacionalistas ucranianos… miel sobre hojuelas.
Por último, de nuevo simpatizantes del antifascismo y el anarquismo se sientan en el banquillo bajo acusaciones de terrorismo. Como si de la permanente reedición de la Mano Negra se tratase, gobiernos como el ruso vuelven a aprovecharse de la conexión, establecida por su repetición mediática e interesada durante décadas, entre anarquismo y terrorismo. La intención, en la Rusia de hoy, parecería evidente: descabezar cualquier intento, por minoritario que sea, de cambio en un régimen con claros síntomas de esclerosis, que se ve obligado a sustituir por represión, lo que cada vez le cuesta más conseguir a través de la persuasión.
Por Miguel Vázquez Liñán. Publicado en El Salto