A pesar de tantos esfuerzos y cortinas de humo para hacernos creer que todos/as tenemos los mismos derechos y oportunidades, siempre han estado ahí los trenes para recordarnos que sigue habiendo clases. Llama la atención que nunca haya dejado de existir un vagón de segunda en el que no se puede ni estirar las piernas; mientras que a los/as viajeros/as de primera se les agasaja y se les sirven muestras gratuitas de panchitos.
Metáforas aparte, el motivo de estas líneas es esbozar cómo la crisis y la especulación han modificado sustancialmente el sector ferroviario, con una serie de medidas contradictorias que perjudican a los/as de siempre (los/as trabajadores/as y usuarios/as) para beneficiar a los/as de siempre (los/as políticos/as y empresarios/as). La guinda del pastel la ha puesto el llamado “Plan de Racionalización del Transporte Ferroviario”, que hizo público a finales de 2012 el Ministerio de Fomento y que supondrá el cierre de varias estaciones y líneas de media distancia, la destrucción de empleo estable y el empeoramiento de las condiciones laborales. Desde hace más de diez años, de manera simultánea al derroche en líneas de alta velocidad, se viene instaurando paulatinamente lo que ahora llaman “un nuevo sistema de gestión”. Este sistema no es más que el ya clásico traspaso de un servicio gestionado por las instituciones públicas a manos de las grandes empresas privadas. El esquema lo hemos visto mil veces:
La excusa: la rentabilidad y el seguimiento de las directrices europeas. En 1996, Europa se sacaba de la manga el Libro Blanco del Ferrocarril, en el cual se marcaba el modelo a seguir para la rentabilidad económica del sector. Entre otras propuestas, como las limitaciones en temas de seguridad, se incluía el dar prioridad a las redes de Alta Velocidad, dogma que el Estado español ha seguido religiosamente, hasta el punto de ostentar la segunda posición mundial en kilometraje de vías, únicamente superado por China. Entre 2005 y 2020, se contempla un presupuesto de 83.450 millones de euros destinados al “ferrocarril de altas prestaciones”. La Alta Velocidad requiere una infraestructura completamente nueva, por la que no pueden circular mercancías ni trenes convencionales. Hasta el momento se han construido 200 km, y otros 2.800 se encuentran en fase de estudio o proyecto, con el consiguiente impacto para las poblaciones y los ecosistemas afectados, mientras las vías convencionales, sus trabajadores/as y usuarios/as, quedan abandonados/as. Sin embargo, Fomento se empeña en aducir el ahorro como motivo principal de los cierres de líneas y estaciones.
La clave: la liberalización y mercantilización de los servicios. El PP no inventó la moda de privatizar lo público. En el sector ferroviario, los diferentes gobiernos nacionales y autonómicos llevan años aplicando paquetes de medidas que facilitan el acceso de las grandes empresas a la gestión. Así, la mayoría de la inversión pública en infraestructuras no se destina a la rehabilitación de la red existente o las mejoras laborales y sociales necesarias, sino a la construcción de carreteras y vías de Alta Velocidad que nadie usa. Esto, especialmente desde la explosión de la burbuja inmobiliaria, supone un revulsivo para las ganancias de las grandes constructoras.
El truco: la mala gestión intencionada, así como la progresiva fragmentación y externalización de las actividades en subcontratas. Al dividir las actividades profesionales relacionadas (venta de billetes, mantenimiento, etc.) y otorgar su gestión a diferentes empresas externas, se facilita un posterior desmantelamiento por fases, menos escandaloso, al mismo tiempo que se dificulta y debilita la unión de los/as trabajadores/as.
El resultado: una red ferroviaria elitista, insegura y de alto coste medioambiental, pérdida de innumerables puestos de trabajo, y desconexión de amplios espacios territoriales donde los habitantes no se consideran suficientes o lo suficientemente importantes.
Sabemos que lo público no es sinónimo de lo común, pero también sabemos que su privatización afecta a las vidas de muchas personas, y blinda con candados cada vez más fuertes el poder de las clases privilegiadas. Aún así, lo que queremos destacar de todo esto es la labor de aquellos/as que se encuentran en lucha en el terreno laboral, y la de aquellos/as que resisten, jugándose (a veces perdiendo) la vida y la libertad en la defensa de los pueblos y la naturaleza contra la masacre que suponen las obras del Tren de Alta Velocidad. Desde aquí enviamos nuestra solidaridad a cuatro personas que se enfrentan a posibles penas de hasta 9 años de prisión, por dar un tartazo bien dado a una de las responsables de este despropósito.
Más información: www.mugitu.blogspot.com.es, www.asambleacontraeltav.wordpress.com y www.sff-cgt.org/comunicados.php?var_empresa=renfe
El gobierno dice que va a bajar el precio de las líneas TAV, todas menos el precio del billete de la línea Valladolid-Segovia-Madrid; que quizás sea la más usada por la clase trabajadora, ya que muchos/as prefieren gastar dinero en tren que pagar una cantidad desorbitada por el alquiler de una vivienda en Madrid. También se abarata para ganar viajeros, pues es una ruina.