La vivienda social, otro negocio para sus bolsillos

Para J., porque el barrio será menos barrio

Conociendo, como ya conocemos de sobra, el credo político y económico del actual equipo de gobierno del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid, no es de extrañar la línea de reformas que se han sucedido en los últimos años. Las políticas de privatizaciones, de reducción del gasto social, de precarización de las condiciones económicas y sociales, de represión institucional, de retroceso en las condiciones laborales, etc., están siendo una constante a nivel estatal, pero en la Comunidad de Madrid nos encontramos encabezando dicha dinámica gracias a que dentro de la sección madrileña del Partido Popular se ha impuesto una línea política, cuya cabeza más visible, sin lugar a dudas, sigue siendo Esperanza Aguirre, y que destaca, principalmente, por su visión ultraliberal en el terreno económico, frente a un posicionamiento conservador y reaccionario, en lo social, un contraste defendido a capa y espada por dicho sector, convirtiéndose, por ello, en más de un momento, en un auténtico grano en el culo del Partido Popular.

El tener a esta panda en los organismos institucionales regional y local ha tenido una importante repercusión en los ámbitos transferidos por el Estado a las Comunidades Autónomas. En esta publicación, principalmente hemos hecho referencia una y otra vez al conflicto abierto en el sistema de enseñanza y en el sistema de salud, pero nos hemos dejado en el tintero, al igual que gran parte de los medios de comunicación, la política de vivienda social de la Comunidad y del Ayuntamiento. En la ciudad de Madrid, es la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), la responsable de la vivienda social, y es el Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA), su homólogo a nivel regional. Por ello, vamos a hablar concretamente de estas dos empresas públicas.

La EMVS ha sido noticia durante las últimas semanas por la intención del Consistorio de liquidarla, pero no sólo queremos detenernos en este plan de privatización del parque público de viviendas, también es necesario repasar como en los últimos años la actuación de la EMVS ha seguido una línea alejada de lo que, en principio, cabría esperar de un organismo que entre sus objetivos figura el “facilitar el acceso a la vivienda a los colectivos con mayores dificultades”, convirtiéndose en una institución especuladora, guiada por intereses económicos y con estrechos lazos con las grandes constructoras e inmobiliarias que se han beneficiado sin reparos de golosos contratos. Vamos, lo de siempre.

La EMVS y el IVIMA disponían hasta hace unos meses de 28.000 viviendas en régimen de alquiler social, pero, según la PAH, durante los últimos meses del año 2012, aumentaron considerablemente el número de familias expulsadas de estas viviendas, alcanzándose la cifra de unos 40 desahucios diarios, dato que revela las intenciones de estas instituciones, pues muchas de estas familias acumulaban deudas desde hace años, pero es justo ahora cuando se han apresurado a ejecutar los desahucios. Por ello, junto a la información aparecida en los últimos días, no es extrañar que los colectivos vinculados a la lucha por la vivienda anden con la mosca detrás de la oreja.

Una auditoría de PricewaterhouseCoopers concluyó que la EMVS no es viable, pues acumula una deuda considerable, por ello, barajan diferentes medidas para lograr cierta liquidez como el despido del 90% de la plantilla (que pasaría de 342 a 38 personas) y deshacerse de los pisos de alquiler. En este punto, habría que detenerse a reflexionar hasta qué punto un organismo de inspiración social debe evaluar su rentabilidad en términos estrictamente económicos. Por otro lado, el IVIMA ya anunció la venta del 40% de su parque inmobiliario con el objetivo de recaudar 500 millones de euros.

Un ejemplo patente de dicha política de liquidación fue el intento de venta por 21 millones de euros de un paquete de 120 viviendas a Renta Corporación, inmobiliaria en la que ejerce como consejero Ignacio López de Hierro, marido de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. La transacción finalmente fue paralizada por la indignación social que generó, pues dicha operación implicaba el desalojo de los actuales inquilinos/as. Aun así, las grandes ventas de inmuebles de régimen social de la EMVS ya habían comenzado. En 2010, la EMVS vendió por 46,5 millones un paquete de 495 pisos a Lazora, sociedad de inversión inmobiliaria (SII) -que, por tanto, tributa al 1%- entre cuyos accionistas figuran la gestora de pensiones de Telefónica, Saba­dell y BBVA.

Pero, evidentemente, no acaba aquí la cosa, entre otras cuestiones, cabría destacar las importantes deudas acumuladas con las diferentes comunidades de vecinos/as, lo que ha generado, por ejemplo, cortes de luz en algunos edificios; o el creciente deterioro de sus viviendas al no realizarse un mantenimiento regular y las reparaciones oportunas.

También cabría destacar el hecho de que mientras se reduce drásticamente la plantilla, ciertos servicios de estos organismos se externalizan a empresas amigas. En el IVIMA, las funciones de gestión ahora están en manos de la empresa Hermanos Alonso Garrán (HAG), en la que militaba como viceconsejero, Fernando Villayandre, que poco después sería nombrado director gerente del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED); y las funciones de recaudación fueron adjudicadas a Iconsa y Conurma, vinculadas a la trama Gürtel. Para rematar, no podemos olvidarnos de la donación de 800 viviendas a la Iglesia, a través de Cáritas.

Una vez más, comprobamos como la línea que marca la diferencia entre el sector privado y público es demasiado delgada. La existencia de determinados organismos con cierta fachada de servicio público y social, pero que suponen un jugoso negocio al sector privado y a la clase política, no es una novedad. Pero si ya de por sí, está situación nos genera una rabia considerable, un sentimiento de estupidez, el hecho de que estos/as liberales, aquellos/as que enarbolan la bandera del sector privado, del no intervencionismo estatal, sean los/as que utilicen los presupuestos públicos para nutrir sus bolsillos y los de sus amigos/as, le añade un plus extra de mala leche al asunto. Pero con esto, tampoco queremos dejar en buen lugar a aquellos/as que, al contrario, defienden a ultranza el Estado del Bienestar, el Estado en su versión paternalista. Nos mostramos críticas/os con estos dos modelos pues ninguno plantea una crítica a cuestiones básicas, y por ello, en esencia no difieren tanto. Repetimos lo que hemos dicho hasta la saciedad, tan sólo la gestión de recursos y la toma de decisiones por nuestra parte, de una forma directa, sin delegar en nadie, puede garantizar la construcción de una realidad realmente alternativa a la existente.