Lawfare: La guerra judicial con fines políticos

El 26 de noviembre de 2016 Ignacio González¹, expresidente de la Comunidad de Madrid por el Partido Popular (PP), llamó a su colega Eduardo Zaplana², visiblemente molesto porque un “amigo poli” le había informado que le estaba investigando el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, por varios delitos de corrupción que habrían ocurrido durante su presidencia. Lo que González no sabía en ese momento es que tenía el teléfono “pinchado” y que su conversación estaba quedando grabada para la posteridad.

Todos los hombres del Presidente

En conversaciones anteriores ya había quedado claro que González estaba preocupado por su situación y que andaba en contacto constante con varios jueces afines, como Enrique Arnaldo³ –ahora magistrado del Tribunal Constitucional– y el entonces magistrado del Constitucional, Pedro González-Trevijano⁴, así como el entonces Ministro de Justicia, Rafael Catalá⁵. Pero en esta específica llamada con Zaplana buscaba soluciones concretas para poner fin a la investigación de una vez por todas.

La conversación que fue grabada es muy reveladora de la impunidad con la que actúan las personas cuando llegan al poder (máxime si los miembros del resto de estructuras del Estado son políticamente afines), moldeando las instituciones públicas a su imagen y semejanza para salvaguardar sus intereses políticos y personales. El día anterior a la llamada, el Consejo de Ministros había nombrado un nuevo Fiscal General del Estado –José Manuel Maza⁶– y Zaplana le aseguró a Ignacio González que éste pondría al frente de la Fiscalía Anticorrupción a “un fiscal bueno” que le podría ayudar con el embrollo. González expresó que le gustaría que ese fiscal fuera Manuel Moix⁷, que “es un tío serio y bueno” y tenía un amplio historial de servicios prestados al PP en su haber. “Yo creo que a ver si podemos colocar el tema del fiscal Anticorrupción, ¿sabes? Y… yo creo que va a ser él, si sale es cojonudo”, dijo González de él. Y, efectivamente, un par de meses después –en febrero de 2017– Moix fue aupado al cargo, convirtiéndose en el primer Fiscal Jefe de Anticorrupción que nunca antes había trabajado en Anticorrupción. Qué casualidad, el pitoniso González acertó. Sin embargo, Moix solo estuvo 87 días al frente de la Fiscalía Anticorrupción. En mayo de 2017 fue reprobado (junto con Maza y Catalá) por el Congreso precisamente por bloquear estas mismas investigaciones de corrupción del PP y el 1 de junio acabó dimitiendo después de que el medio InfoLibre desvelara unos días antes que poseía una empresa offshore en Panamá que había mantenido oculta.

En la misma conversación entre González y Zaplana, el primero expresó su deseo de que el juez Eloy Velasco⁸ dejara de estar al frente de la investigación de su caso. Ambos recordaron que, pese a que este juez llevaba la pila de tiempo trabajando en la Audiencia Nacional, en realidad él no era el titular de su Juzgado. Velasco se encontraba desde 2008 trabajando en sustitución de Manuel García-Castellón, que a su vez llevaba varios años como juez de enlace: primero, en Francia y, después en Italia. En esos puestos se trabaja más bien poco y se cobra mucho, mucho dinero. Y entonces González le propuso a Zaplana una solución: “Vamos a ver, Eduardo. Tenemos el Gobierno, el Ministerio de Justicia no sé qué y tal. Y escucha, tenemos a un juez que está provisional… Tú lo asciendes… Yo le digo, a ver, venga usted pa acá. ¿Cuál es la plaza que le toca? Onteniente, a tomar por culo a Onteniente y aquí que venga el titular, que ya me las apañaré con el titular, coño. […] Yo le llamo a éste y le digo, oye, ven aquí, el titular aquí, y a este… a tomar por culo. Pero ¿qué te cuesta eso? Y a este tío lo pones a escarbar cebollinos, joder, y ya está”.

El 18 de abril de 2017, Eloy Velasco ordenó la detención de Ignacio González por sus distintas tramas de corrupción (la Operación Lezo, el caso de la financiación ilegal del PP y el uso de fondos públicos para promocionar su imagen). El día 21 el juez le envió a prisión preventiva. Pero, casualmente, tres semanas después se volvió a cumplir una predicción de González –que, recordemos, había propuesto “ascender” y “mandar a tomar por culo” y a “escarbar cebollinos” al juez que le investigaba– y Velasco fue ascendido (por petición propia, eso sí), en mayo de 2017, a la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, un órgano que revisa las sentencias que dicta la Audiencia pero que no participa en las investigaciones, ni tiene el poder de decidir quién va a juicio⁹.

Y, casualmente también, justo en ese momento Manuel García-Castellón solicitó reincorporarse a su plaza de juez instructor en la Audiencia Nacional, de la que era titular. “Ya me las apañaré con el titular”, había dicho González unos meses antes. “Yo le llamo a éste y le digo, oye, ven aquí, el titular aquí”, añadió. ¿Llamó alguien a García-Castellón para que volviera a su puesto? No se sabe. Pero lo que sí sabemos es que, pese a que llevaba 17 años fuera de un Juzgado de Instrucción, a sus 64 años se presentó voluntario para cobrar menos y trabajar mucho, mucho más. Un extraño caso de descenso laboral por iniciativa propia insólito en el mundo judicial.

El 8 de noviembre de 2017, 202 días después de su encarcelamiento, García-Castellón decretó la libertad bajo una fianza de 400.000 euros de Ignacio González. El argumento que dio el juez fue que, en cooperación con las autoridades colombianas y panameñas, se había incautado un botín de 5,4 millones de dólares pertenecientes a González en Colombia y que, al habérselos requisado, sus posibilidades de fugarse y eludir la acción de la Justicia habían disminuido.

En los últimos años, García-Castellón ha archivado respecto de Ignacio González –así como de Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes– la causa de la financiación irregular del PP de Madrid y los contratos de empresas de reputación online. No así el Caso Lezo (en el que la Fiscalía le pide 6 años de prisión por amañar dos contratos del campo del golf del Canal de Isabel II), que sigue pendiente de juicio. El juicio de Lezo debería haber comenzado el pasado mes de mayo de 2023, pero se suspendió por la huelga de funcionarios de Justicia. González actualmente trabaja como asesor laboral para el Ayuntamiento de Madrid.

La infranqueable “línea roja” de protección al PP

Desde que desembarcó García-Castellón en su Juzgado en 2017, ha archivado la investigación para 270 investigados en las causas de corrupción Púnica, Tándem, Kitchen y Lezo; un centenar de ellos corresponden a cargos públicos del PP¹⁰. Ello va unido a una firme negativa a investigar a Mariano Rajoy. La Fiscalía Anticorrupción, en un escrito, llegó a afirmar que existe por parte del juez “una rotunda negativa a seguir investigando en esa dirección [a la conexión política de las cloacas], como si se hubiera establecido un cordón o inaceptable línea roja que no se pudiera traspasar en la investigación”.

De esta manera, causas como la del espionaje parapolicial al extesorero del PP, Luis Bárcenas, para asegurarse de que no delatara a la cúpula de su partido, han visto delimitadas sus responsabilidades en personas ajenas al Partido Popular, ya fueran los policías investigados o los políticos Jorge Fernández Díaz y Francisco Martínez (los n.º 1 y 2 de Interior, respectivamente, del gobierno de Rajoy, ambos actualmente ajenos al PP). Así, pese a que constaban reuniones de María Dolores de Cospedal¹¹ -entonces presidenta de Castilla-La Mancha, sin competencias de Interior– con el policía cloaquero Villarejo, el cual entró por el garaje, para no ser visto, a la sede del PP; pese a que éste recibió pagos de Cospedal; y pese a que existía una grabación en la que ella le pide que realice “trabajos puntuales” y que intente evitar que “la libretita” de Bárcenas salga a la luz, García-Castellón archivó la causa para ella por “falta de indicios”¹².

Un tsunami de causas

Este trato laxo con el PP contrasta con la saña con la que García-Castellón se ha empleado contra políticos de izquierda, movimientos sociales y políticos alternativos y el independentismo catalán. Así, en los últimos años, el juez ha imputado a Pablo Iglesias en el caso Dina (causa que fue archivada por el Supremo)¹³; ha procesado por terrorismo a los miembros de un CDR catalán; ha imputado a Monedero con el cuestionable testimonio de un alto cargo del gobierno de Venezuela que quería evitar a toda costa ser extraditado a Estados Unidos, donde le esperaba un proceso por narcotráfico; investigó por blanqueo de capitales y financiación ilegal a Podemos en base al falso informe policial P.I.S.A. [acrónimo de Pablo Iglesias S. A.] (a mediados de 2022 archivó la causa al revelarse que el informe era falso); e investigó a dos anarquistas por terrorismo en la causa de la Operación Arca (la cual finalmente archivó él mismo), entre otros varios casos.

El último despropósito protagonizado por García-Castellón es el de la causa del Tsunami Democràtic. En 2019, tras haberse dictado la Sentencia del Procés –la cual criminalizaba el derecho de protesta si se llevaba a cabo de manera masiva– se dieron varias protestas mostrando su rechazo a la sentencia por toda Catalunya y en algunas ciudades del resto del Estado. Algunas de sus acciones incluyen la pegada masiva de carteles con el lema “Canviem l’estat de les coses”, la ocupación temporal de sedes de Caixabank, una sentada delante de una sede de Iberdrola, el corte de la autopista AP-7 durante 30 horas y, la más notable, una concentración frente al aeropuerto de El Prat que supuso el bloqueo del acceso y la cancelación de algunos vuelos. Varias de estas manifestaciones fueron impulsadas por una plataforma digital llamada Tsunami Democràtic que guarda ciertas similitudes con las protestas de Hong Kong de 2019 y que siempre ha hecho llamamientos a que las acciones sean estrictamente de desobediencia civil no violenta, aunque algunas de ellas acabaron en disturbios. Estos disturbios sirvieron de pretexto para que la Audiencia Nacional, a través del juez García-Castellón, asumiera la competencia para investigar los hechos como un delito de terrorismo. En el marco de la investigación, se ha bloqueado la URL de la web de Tsunami y ordenado al repositorio de software GitHub que eliminara la aplicación del Tsunami Democràtic de su oferta¹⁴. De esta manera, España se convirtió en el tercer país del mundo en realizar una petición de este tipo a GitHub, después de Rusia y China.

Ahora, ¿cómo es posible que se estén investigando los hechos del Tsunami como nada más y nada menos que un delito de terrorismo? Desórdenes públicos, quizás. ¿Pero terrorismo? El origen de esta peculiaridad –que no lo justifica, pero sí lo explica– lo encontramos en la reforma del Código Penal de 2015 –año en el que era ministro de Justicia Rafael Catalá– después de que PP y PSOE firmaran el conocido como Pacto Antiyihadista tras los atentados de Charlie Hebdo en París. Un clarísimo ejemplo de populismo punitivo y de pésima técnica legislativa realizada con urgencia, para tranquilizar a la población ante la “amenaza de Daesh”, de la que fueron partícipes Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. ¿En qué consistieron los cambios? “Aparte de múltiples retoques y ampliaciones, algunas técnicamente muy desafortunadas, se cambió el mismo concepto jurídico de terrorismo”, explica el catedrático de Penal, Manuel Cancio, en un artículo en El País. “En el Código Penal de 1995, era fácil decir qué era terrorismo: la actividad delictiva organizada y violenta que pretendiera subvertir el orden constitucional, generando terror en la ciudadanía. La nueva definición aprobada por los dos grandes partidos en 2015 sustituyó esta definición clara por una cacofonía de diversos materiales de derribo copiados aquí y allá, en la que el elemento más importante es que, para que haya terrorismo delictivo, aparentemente no es necesario que nadie aterrorice a nadie ni lo pretenda. En vez de definir, como antes, el delito como la suma de organización, violencia de intimidación masiva —o sea, terrorismo en sentido estricto— y pretensión de subvertir el orden constitucional, ahora el art. 573 del Código Penal habla de que se pretenda obligar a los poderes públicos a hacer u omitir algo o aterrorizar a la población o alterar el funcionamiento de una organización internacional o desestabilizar gravemente las instituciones sociales o económicas del país (sea eso lo que sea).

Dicho de otro modo: con una interpretación literalista e insensata de la ley, ahora también puede entrar en el ámbito del terrorismo la activista animalista que comete un delito grave de daños al liberar unos animales criados en horribles condiciones en una granja productora de pieles, o al toro de Tordesillas, los bous embolats, a los de la Maestranza o al ganso o la cabra de algún otro lugar destinados a ser despeñados permitiéndolo la legislación aplicable… pues pretende obligar a los poderes públicos. Si un sujeto se introduce en los sistemas informáticos del FMI y los bloquea con la intención de desestabilizar el funcionamiento de esa benéfica organización, no se queda en un mero delito informático, sino que igualmente realiza un delito terrorista conforme a la reforma aprobada por PSOE y PP en 2015. Etcétera. Todos terroristas”.

Gracias a lo laxa que es la definición jurídica de “terrorismo”, García-Castellón lleva cuatro años investigando los hechos del Tsunami –que tuvieron lugar en octubre de 2019– como una suerte de terrorismo light, sin muertos, ni explosivos, ni armas. Al menos, esto era así hasta que a principios del pasado mes de noviembre de 2023 se publicó un borrador de la futura Ley de Amnistía¹⁵, el cual reveló que se amnistiarían todos los delitos, incluidos los de terrorismo, ocurridos en el marco de las protestas del Procés, salvo los que hubieran provocado muertos. Y, en ese momento, por primera vez en cuatro años, García-Castellón viró el timón de la investigación y dictó un auto imputando a un montón de personas una serie de hechos y estableciendo como hipótesis que el Tsunami podría haber provocado una muerte. Se trataría de un hombre, de nacionalidad francesa, que subió andando al aeropuerto de El Prat el día de las protestas y falleció de un infarto.

El juez recogió en su escrito esta hipótesis pese a que en 2019 el Servicio de Emergencias Médicas (SEM) de Catalunya desvinculó la muerte del pasajero de la protesta de Tsunami, ya que el fallecido se encontraba en una terminal cuyos accesos no se encontraban bloqueados por los manifestantes y los sanitarios pudieron acudir con rapidez a atenderlo, si bien no pudieron salvarle la vida. Asimismo, la jueza de guardia de l’Hospitalet aquel día determinó que la muerte había sido natural. Ni siquiera la Guardia Civil había mencionado al finado en su informe. Pero cuatro años después, sin haber realizado ninguna diligencia previa al respecto, García-Castellón se ha abierto la posibilidad de investigar si esa muerte estuvo vinculada a la manifestación.

La introducción en el auto judicial del fallecimiento como una posible consecuencia de las protestas del Tsunami tiene como resultado que todas las señaladas en el documento tengan abierta una causa por posible terrorismo con una víctima mortal, por lo que se trataría de un delito no amnistiable. De esta manera se puede mantener imputados, posiblemente durante años, al eurodiputado Carles Puigdemont y a la secretaria general de ERC Marta Rovira, con las consecuencias personales –su no retorno a Catalunya o su ingreso en prisión si lo hicieran– y políticas –pudiendo llegarse incluso a la ruptura del gobierno de Pedro Sánchez, en beneficio de PP y Vox– que ello conlleva. Además, también se encuentran imputados otros líderes y empresarios catalanes, así como el periodista del medio alternativo La Directa, Jesús Rodríguez, que se encuentra investigado precisamente por hacer su trabajo de informar sobre las protestas.

Es imposible determinar hasta qué punto García-Castellón actúa por motivos ideológicos o si está realmente convencido, en su fuero interno, de que cada decisión judicial que toma es justa. Eso solo lo sabe él¹⁶. Pero lo que es una verdad innegable es que el PP prefiere tenerle donde está y no recogiendo cebollinos en Ontinyent.

Un CGPJ bloqueado sine die

Llegados a este punto, resulta evidente lo importante que resulta situar a jueces afines en posiciones de poder. Un juez amigo, o al menos cercano, puede archivarte un procedimiento en un momento dado, o poner el foco en tus rivales políticos.

Pues bien, el órgano en el Estado español encargado de nombrar a los jueces del Tribunal Supremo –el tribunal que establece cómo se interpretan las normas, fija jurisprudencia y juzga a aforados– y de la Audiencia Nacional –que se encarga de investigar y juzgar los asuntos más peliagudos, como corrupción y terrorismo– es el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el “gobierno de jueces”. Además, el CGPJ también nombra a dos de los magistrados del Tribunal Constitucional – que es el órgano que decide si una ley es, o no, constitucional –. Por ejemplo, el encaje constitucional de la Ley de Amnistía se decidirá en el futuro por el Tribunal Constitucional.

El nombramiento de los 20 vocales que componen el CGPJ se tiene que aprobar por mayorías de 3/5 en las Cortes españolas, lo cual obliga a que los dos grandes partidos –PP y PSOE– lleguen a acuerdos cada cinco años para decidir qué personas lo conforman. Tradicionalmente, se ha acordado que el partido con mayoría de escaños tenga una mayoría –progre o conservadora, según el momento histórico– en el Consejo y que el partido minoritario se encuentre también en minoría en el mismo.

La última vez que se renovó el CGPJ fue en 2013, durante el gobierno de la mayoría absoluta de Rajoy. En 2018, cuando expiraba el mandato del Consejo, el PP y el PSOE pactaron una composición nueva que mantenía la mayoría conservadora, con Manuel Marchena como Presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ. El senador del PP y exdirector general del Cuerpo Nacional de Policía, Ignacio Cosidó¹⁷, lo celebró en un grupo de WhatsApp de su partido diciendo que este nombramiento les permitiría a los populares “controlar la Sala de lo Penal desde detrás”. Además, respondiendo al malestar de sus compañeros de que se hubiera nombrado vocal del CGPJ al juez de la Audiencia Nacional de corte progresista, José Ricardo De Prada –ponente de la Sentencia del caso de corrupción de la trama Gürtel que metió varios varapalos al PP–, Cosidó expresó que era parte del acuerdo con el PSOE pero que, “en cualquier caso, sacar a De Prada de la Audiencia Nacional es bueno, mejor de vocal que poniendo sentencias contra el PP”. Más claro, agua. Y añadió: “Ha sido una jugada estupenda que he vivido desde primera línea. Nos jugábamos las renovaciones futuras de dos tercios del Supremo y cientos de nombramientos en el Poder Judicial, vitales para el PP y para el futuro de España”.

Una vez se hicieron públicos los mensajes de Cosidó, Manuel Marchena renunció a formar parte del Consejo y el PSOE se echó atrás en el acuerdo. Y así, el mandato de cinco años del CGPJ caducó. En 2019 empezó a gobernar Pedro Sánchez tras la moción de censura a Rajoy –motivada, precisamente, por todos los escándalos de corrupción del PP a los que hemos hecho referencia– y posteriormente ganó las elecciones. En 2020 empezó a gobernar el PSOE con Unidas Podemos. Y sin embargo, desde que gobierna Pedro Sánchez (quien ostenta la mayoría que le otorga el bloque de investidura), el PP se ha negado por sistema a pactar la renovación del CGPJ. Sabiendo que cualquier negociación debería traducirse en una mayoría progresista, el partido conservador ha preferido mantener el bloqueo y que sus vocales se atrincheren, de forma numantina, en el poder.

A lo largo de los últimos años, los reproches entre el PP –liderado por Casado primero y Feijóo después– y el PSOE por este bloqueo han sido constantes. Esta lucha descarnada evidencia, mejor que cualquier otra cosa, que la Justicia no es objetiva, que los jueces no aplican la ley como meros técnicos, sino que se encuentra altamente politizada y que la ideología tiene un peso aplastante en las decisiones judiciales. Luego los dos grandes partidos lo niegan, se llevan las manos a la cabeza cuando lo ponemos de manifiesto y defienden con uñas y dientes la imparcialidad de la judicatura. Y, sin embargo, ahí están, peleándose por colocar en puestos relevantes a sus jueces afines.

En la actualidad, el bloque conservador mantiene una mayoría en funciones en el CGPJ, en el Supremo y en la Audiencia Nacional. Y no parece que, al menos en el corto plazo, se vaya a renovar.

El lawfare: la guerra judicial

Así, llegamos al año 2023 con un CGPJ con el mandato caducado hace cinco años y una judicatura mayoritariamente conservadora enfrentada al Gobierno de Sánchez. A principios de año la tensión fue creciendo y los jueces lanzaron un órdago mediante una huelga de Justicia que comenzó unas semanas antes de las elecciones autonómicas. Muchas voces se quejaron entonces de que esto podía suponer una injerencia electoral por parte del Poder Judicial. Por su parte, la entonces ministra de Justicia intentó impedir que la huelga tuviera lugar, aumentando la tensión entre el Ejecutivo y los jueces.

Unos meses después, el PSOE y Junts hicieron público su acuerdo de investidura: amnistía para todos los delitos cometidos en el marco del Procés (salvo el terrorismo con resultado de muerte) y una referencia explícita a intentar acabar con el lawfare. Seguramente esto último quedará en un simple brindis al sol, en una mera declaración de intenciones, pero lo cierto es que se mencionó expresamente la existencia de lawfare en el Estado español.

“Lawfare” es un término anglosajón, fruto de juntar las palabras “law” (ley) y “warfare” (guerra). Viene a significar la instrumentalización de la Justicia con fines políticos; la utilización de los organismos judiciales para hacer la guerra contra los enemigos de uno.

El lawfare lo pueden practicar jueces, que buscan anular a algún rival político con alguna condena judicial injusta; o fiscales ejerciendo una acusación infundada o desproporcionada; o policías deteniendo a personas que no han cometido delitos o imputándole hechos que no ha cometido; o cualquier persona o colectivo denunciando hechos que no son ciertos, o acusando por delitos que no se corresponden a lo ocurrido.

La politóloga Arantxa Tirado lo explica perfectamente en su libro El Lawfare: Golpes de Estado en nombre de la Ley (Akal, 2021). En este ensayo explora cómo se ha utilizado el lawfare para socavar el poder, la imagen y las posibilidades de reelección de los líderes de la izquierda en Latinoamérica. Se trata de una guerra híbrida, que busca, mediante la combinación de operaciones judiciales, mediáticas, políticas y económicas, la reconfiguración de la geopolítica hemisférica o de la política local. Si en décadas precedentes los golpes de Estado clásicos sirvieron para impedir que la izquierda gobernante desplegara su agenda política desde las instituciones o, incluso, llegara a ocuparlas, hoy el lawfare ejerce una misma función, pero amparándose en la legalidad.

La reacción judicial

Nunca hemos vivido un enfrentamiento tan palpable, abierto y sostenido en el tiempo entre el Poder Judicial y los otros Poderes del Estado desde que hizo mención al lawfare en el acuerdo alcanzando entre los dos partidos. Esto ha generado pronunciamientos y movilizaciones insólitas impulsadas, en casi todos los casos, por las asociaciones judiciales y fiscales conservadoras¹⁸ -si bien la asociación progresista Jueces y Juezas para la Democracia también se ha quejado por la mención a la falta de imparcialidad judicial– y por el propio CGPJ, liderado por un grupo de vocales propuestos por el PP que ejercen una oposición activa al Gobierno.

Así, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria (aglutina a 1.340 de los 5.343 miembros de la judicatura) y de tendencia conservadora, difundió un comunicado en el que consideró que la amnistía es “el principio del fin” de la democracia. Ese pronunciamiento llegó cuando ni siquiera se conocía el contenido de la proposición de ley pactada entre el PSOE y sus socios parlamentarios, solo la intención de presentarla. Con la misma anticipación se expresó el CGPJ que, recordemos, se encuentra en funciones, donde los vocales conservadores forzaron la celebración de un pleno extraordinario del que salió una declaración institucional contra la medida de gracia. El texto, al que se opusieron los vocales progresistas del órgano, sostiene que la amnistía supone la “abolición” del Estado de derecho y lo convierte “en objeto de mercadeo al servicio del interés personal” del Perro Sánchez.

Algo más paciente fue el Tribunal Supremo, que tuvo la decencia de esperar al mismo día que el PSOE registró la proposición de Ley de Amnistía para emitir su propio comunicado. “El Estado de derecho en el que se fundaron la Unión Europea y nuestro orden constitucional exige el absoluto respeto a la división de poderes”, se quejó. Amparándose en ese comunicado, varios jueces decanos de toda España convocaron concentraciones frente a las sedes de los tribunales de Justicia contra las alusiones al lawfare (o, en el caso del juez decano de Sevilla, al “laufare”).

Así las cosas, los jueces se encuentran en la difícil posición de sostener que son imparciales y que no se inmiscuyen en la política parlamentaria mientras publican comunicados contra proposiciones de ley y contra acuerdos políticos suscritos por partidos y se manifiestan contra ellos. Muy coherente todo.

Es necesario señalar que los jueces no salieron a protestar cuando el PP aseguró que “controlaría el Tribunal Supremo por la puerta de detrás”, ni cuando dijo que “nos jugamos cientos de nombramientos de jueces vitales para el PP”. No lo hicieron cuando el exportavoz del PP, Rafael Hernando, llamó “pijo ácrata” al juez Santiago Pedraz por despotricar en un auto de la “clase política”. Tampoco protestaron cuando los tribunales determinaron que los crímenes del franquismo no se podían investigar porque habían sido amnistiados. Pero sí lo han hecho por la tramitación de una Ley de Amnistía al independentismo catalán o por el acuerdo político entre dos partidos.

En los últimos meses, la derecha política se ha puesto totalmente de lado de la judicatura, apoyando de forma unánime que son seres de luz absolutamente imparciales. Bueno, casi unánime. ¿Recordáis el juez progre Ricardo De Prada, ése que redactó la Sentencia del Caso Gürtel? ¿Ése sobre el cual Cosidó escribió un WhatsApp diciendo que estaba mejor de vocal en el CGPJ que en la Audiencia Nacional escribiendo sentencias contra el PP? Pues el pasado 12 de diciembre, tras un mes de protestas contra el lawfare por parte de jueces y políticos conservadores, el senador del PP, José Antonio Monago, le acusó de provocar la caída del gobierno de Rajoy en 2019: “El mayor caso de ‘lawfare’ que se ha conocido en la historia política de España, bueno, lo mecieron ustedes. Porque un juez, el juez de Prada, introdujo en una sentencia un párrafo a propósito de la sentencia sobre la ‘Gürtel’, que provocó la caída del Gobierno del señor Rajoy”. Y esta vez los decanos de los Juzgados de España no convocaron ninguna concentración en protesta por esta mención al lawfare, ni al “laufare”.

Por su parte, miembros del gobierno como el ministro de Justicia, Félix Bolaños, o el de Interior, Grande-Marlaska, han salido en defensa de los jueces, con declaraciones defendiendo la imparcialidad de la judicatura y la no existencia del lawfare. Una actitud muy de PSOE, la de no confrontar con los sectores más reaccionarios del Estado que se están revolviendo contra las políticas de tu partido y permitir que sigan controlando las instituciones.

El lawfare en el Estado español

El pasado mes de noviembre, el exletrado del Tribunal Constitucional Joaquín Urías publicó un artículo en CTXT en el que decía que “el lawfare existe. En España hay jueces que dictan decisiones por motivaciones políticas y eso sí rompe el Estado de derecho”. Una jueza le escribió por Twitter diciendo que si no decía qué jueces eran los que dictaban esas decisiones era por evitar delinquir. A esto respondió Urías lo siguiente: “Una magistrada me reta a nombrar jueces que hacen lawfare. Vale. Ahí van: (1) Vicente Ríos, contra Mónica Oltra. (2) Manuel García Castellón, contra Podemos, los CDR y Puigdemont. (3) La Sala Segunda del Supremo, presidida por Marchena. (4) Pablo Llarena, por el Procés. Opinar no es delito, señora”.

A este nivel hemos llegado. Jueces insinuando que puede ser delito decir que hay jueces que toman decisiones con fines políticos. El fin de la crítica y la instauración del pensamiento único.

“La evidencia empírica de que disponemos indica de manera inequívoca que en España se practica el lawfare”, explica el catedrático de Derecho Constitucional, Javier Pérez Royo, en eldiario.es. “¿O no fue lawfare la persecución judicial de Juan María Atutxa, presidente del Parlamento Vasco, que fue condenado por la Sala del artículo 61 de la LOPJ de manera jurídicamente aberrante? La sentencia sería anulada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero, para entonces, ya se había puesto fin a su carrera política. ¿O no ha sido lawfare la persecución de la que han venido siendo objeto los dirigentes de Podemos? ¿O la condena de Arnaldo Otegui con vulneración del derecho a un juez imparcial, que también fue anulada por el TEDH tras haber cumplido los seis años en la cárcel? ¿O la pretensión del Tribunal Supremo de repetir el juicio contra Arnaldo Otegui con el argumento de que este tiene derecho a ser condenado sin vulneración de derechos fundamentales? ¿O la persecución de la que fue objeto Victoria Rosell, que la apartó del Congreso de los Diputados? ¿O la de Mónica Oltra? ¿O la de Rodrigo Torrijos, dirigente comunista sevillano perseguido durante más de diez años en cuatro causas distintas, en ninguna de las cuales se llegó a dictar un auto de procesamiento firme?”.

De todos los casos mencionados por Pérez Royo, quizás el más evidente sea el de Vicky Rosell. Hasta Óscar Puente, actual ministro de transportes, lo citó como ejemplo de que el lawfare existe. Rosell había sido jueza en Canarias antes de entrar en Podemos y pedir una excedencia para presentarse a las elecciones. El juez conservador Santiago Alba la sustituyó en su juzgado, asumió una causa por presunto fraude fiscal contra el empresario Miguel Ángel Ramírez y retorció su finalidad con la pretensión de buscar supuestas irregularidades en la instrucción de la entonces candidata de Podemos y favorecer así la querella que contra ella había presentado el exministro del PP, José Manuel Soria. Por suerte, Ramírez grabó una conversación con el juez Alba en la que éste le pidió que prestase declaración contra Rosell y, a cambio, se compromete a archivar la causa en su contra por cuestiones formales. Si no llega a existir esa grabación, posiblemente Rosell hoy estaría en la cárcel –como lo está actualmente el juez Alba– y el intento de lawfare habría triunfado.

Podemos estirar como un chicle la lista de Pérez Royo para mencionar infinidad de otros casos. Como el de Pamela Palenciano, denunciada porque supuestamente su obra de teatro sobre el maltrato incita al odio contra los hombres; o la anarquista catalana Núria Pórtulas, acusada de terrorismo sin pruebas; o el concejal de Ahora Madrid, Guillermo Zapata, acusado de enaltecimiento del terrorismo por tuitear unos chistes sobre Irene Villa; o el actor Willy Toledo, acusado por “cagarse en Dios”; o las compañeras feministas de Sevilla acusadas por organizar la procesión del Coño Insumiso; las malagueñas del Chumino Rebelde; o el cantautor Javier Krahe, acusado por hacer un sketch sobre cómo cocinar un Cristo…

En su libro Lawfare: La estrategia de represión contra el independentismo catalán (Catarata, 2022), Damiá del Clot detalla tramas, conjuras, confabulaciones, corruptelas, intrigas, complots y conjuraciones que configuran el lawfareen el Estado español. Lo mismo hace el magistrado emérito del Tribunal Supremo de corte progresista José Antonio Martín Pallín en La Guerra de los Jueces (Catarata, 2022). En ¿Cloacas? Sí, Claro (Roca, 2021), el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, relata en primera persona el montaje judicial que sufrió –y sufre– en el que un investigado en prisión provisional le atribuyó un delito de blanqueo a cambio de salir en libertad. Relata, por ejemplo, que cuando la policía registró su despacho no incautó nada, pero salieron del mismo cargando cajas vacías de cartón para que los medios les grabaran saliendo con las manos llenas.

En Lawfare Urbano: Ofensiva judicial contra la Barcelona de Ada Colau (Icaria, 2023), Josep María Montaner analiza cómo determinados lobbies pasaron a la guerra contra la anterior alcaldesa de Barcelona. Prueba de ello es que a mediados de diciembre de 2023, un Juzgado de Barcelona archivó la querella del fondo buitre Vauras contra Colau argumentando que únicamente se habían querellado contra ella por “discrepancias políticas” y buscando “el efecto mediático que supone involucrar a un político en un procedimiento penal”. Un reconocimiento explícito de la existencia de lawfare.

¿Existe el lawfare de izquierdas?

Por lo general, la mayor parte de los ejemplos de lawfare vienen por parte de la derecha, lo cual no es de extrañar, ya que la mayoría de jueces, fiscales, policías y abogados son conservadores. Pero ello no quiere decir que la izquierda institucional e incluso la que se presenta como alternativa no sea en ocasiones partícipe de este fenómeno.

Por citar ejemplos recientes, en las últimas semanas el PSOE denunció a Abascal por decir “habrá un momento en el que el pueblo colgará a Sánchez por los pies” y al promotor de las protestas en Ferraz que golpeó a una piñata con la imagen del presidente del gobierno. En ambos casos pretende que se califiquen los hechos como delitos de odio –pese a que son un delito que fue creado para proteger a minorías vulnerabilizadas–.

Por mirar a la izquierda del PSOE, recordemos también que, en febrero de 2016, dos titiriteros anarquistas fueron detenidos durante los carnavales de Madrid, por realizar una obra de teatro que fue malinterpretada. La derecha mediática –en particular el ABC– les vinculó en su portada con la entonces alcaldesa, Manuela Carmena (Ahora Madrid), con el titular “El nuevo carnaval de Carmena enseña a los niños a enaltecer a ETA”. Sin embargo, lo que a menudo se olvida es que las primeras personas que fueron corriendo al Juzgado de Guardia y presentaron una denuncia contra estos compañeros fueron, precisamente, concejalas de Carmena. Eso también es lawfare.

Y ya no digamos si nos remontamos a la época del Govern Tripartit en Catalunya, en la época en la que Joan Saura (Iniciativa per Catalunya-Verds) era conseller d’Interior. Recordamos con horror cómo se criminalizó el movimiento okupa y estudiantil.

Tampoco se salva el independentismo de participar en el lawfare. Por ejemplo, en julio de 2011, miles de activistas del 15-M de Barcelona se concentraron frente al Parlament de Catalunya para protestar por los recortes sociales que iban a ser aprobados por el Govern de Artur Mas (CiU) ese día. El Parlament se querelló contra las activistas por un delito contra las altas instituciones y varios cargos entonces de Convergència y ahora de Junts que actualmente están sufriendo la represión del Estado testificaron en el juicio que se celebró en la Audiencia Nacional contra quienes entonces protestaban.

El lawfare que no vemos en los medios

Los ejemplos de lawfare contra personas públicas que podemos citar son casi ilimitados. Pero preferimos hacer una mención final a las personas anónimas, a quienes no salen en las portadas de los periódicos pero también sufren la represión con fines políticos, que son muchísimas más. Nos referimos a las tuiteras antifascistas imputadas por enaltecimiento del terrorismo o por delito de odio por expresar su opinión; a raperos encarcelados por sus letras; a titiriteros que hacen teatro con mensajes rebeldes; a quienes son multadas por exhibir una bandera de Palestina en un estadio; a quienes ponen el cuerpo para parar un desahucio y luego son acusadas de agredir a la policía; a las anarquistas que sufrieron acusaciones infundadas de terrorismo; a quienes son detenidas en manifestaciones y un largo etcétera.

En un sistema político, económico y social injusto, quienes se rebelan contra él, quienes se salgan de la norma, van a ser represaliadas y disciplinadas. Así se mantiene el orden social. Y eso también es lawfare, aunque no tenga como finalidad cambiar el color del Gobierno de turno.

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1Ignacio González, que fue presidente de la Comunidad de Madrid tras la dimisión de su predecesora, Esperanza Aguirre, estuvo imputado en las tramas Púnica y Lezo, por cuestiones como pagar con fondos públicos a un empresario por mejorar su imagen, blanquear y malversar dinero público del canal de Isabel II, recibir como regalo un ático de lujo en Estepona, y un largo etc.

2Expresidente de la Comunitat Valenciana y exministro de Trabajo y portavoz del Gobierno de Aznar, Zaplana deja tras de sí un legado de importante saqueo para las arcas públicas: aprobó unas campañas publicitarias de Valencia con la imagen de Julio Iglesias que resultaron en penas de prisión para varios directivos de su gobierno por malversación, creó el parque de atracciones Terra Mítica que supuso un agujero de 360 millones para su Comunitat y varias condenas de corrupción a sus socios y en 2018 fue detenido por blanqueo, cohecho, delitos fiscales, etc. e ingresó en prisión preventiva. De su etapa como portavoz del Ejecutivo de Aznar resaltamos que fue el responsable de comunicación del Gobierno tras los atentados del 11-M, el promotor de la idea de que ETA los había llevado a cabo y difusor de teorías de la conspiración. Un tremendo asco nos produce su recuerdo.

3Fue miembro del Consejo General del Poder Judicial, a propuesta del PP, hasta el año 2001. Posteriormente, trabajó como abogado y fue investigado por supuestamente ayudar a Jaume Matas a blanquear dinero. De ideología ultraconservadora, se ha manifestado contra el derecho al aborto, la eutanasia y contra las leyes de memoria histórica. Además, es negacionista climático. En 2021 fue nombrado magistrado del Tribunal Constitucional a propuesta del PP. En 2023 redactó una ponencia declarando la inconstitucionalidad de la Ley del Aborto de Zapatero, que fue rechazada por la mayoría del Tribunal (el cual estimó la constitucionalidad de la ley).

4El anterior presidente del Tribunal Constitucional. Promovió las sentencias que decretaron la inconstitucionalidad del estado de alarma durante la pandemia.

5Como ministro de Justicia lideró la aprobación de la Ley Mordaza y la reforma del Código Penal, ambas en 2015, que se crearon para perseguir a los movimientos sociales e introdujeron la cadena perpetua en nuestro sistema penal. En 2017 fue reprobado por el Congreso de los Diputados por su participación en maniobras destinadas a obstaculizar causas judiciales abiertas contra el PP por corrupción, como la Operación Lezo (que afectaba a Ignacio González).

6Antes de ser nombrado Fiscal General del Estado, Manuel Maza fue magistrado del Tribunal Supremo y portavoz de la asociación conservadora de jueces. Desde su posición como juez del Supremo emitió votos particulares controvertidos, como oponerse a la liberación de presos de ETA tras la anulación de la Doctrina Parot por parte de Estrasburgo, o a favor de condenar al juez Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo. Como Fiscal General destacó por iniciar el procedimiento judicial del Procés, presentando querellas contra líderes políticos y sociales catalanes tras el referéndum del 1 de octubre de 2017.

7Manuel Moix fue Fiscal Jefe de Madrid durante varios años, en los cuales su actuación favoreció a varios cargos del PP. Por citar algunos ejemplos, participó en la investigación y archivo del caso del espionaje de la Comunidad de Madrid (el espionaje de rivales políticos de Esperanza Aguirre financiado con fondos públicos); en el caso del directivo de Caja Madrid, Miguel Blesa, intentó que los correos de Blesa no se pudieran usar como prueba contra él; asimismo, pidió 30 años de inhabilitación al juez Elpidio Silva por meter a Blesa en prisión preventiva; en el caso de las muertes por avalancha del Madrid Arena dejó fuera de la acusación a los responsables políticos del Ayuntamiento de Madrid; en el caso de la investigación por corrupción al PP por el saqueo del Canal de Isabel II (el conocido como Caso Lezo), archivó 3 veces – en 2007, 2009 y 2010 – la investigación sin hacer indagaciones de ningún tipo (ésta es la causa por la que Eloy Velasco finalmente envió a prisión preventiva a Ignacio González); en el caso de Esperanza Aguirre, acusada de desobedecer las órdenes de un policía municipal de Madrid y salir huyendo en su coche, pasó el asunto a una simple falta (contra el criterio de la Audiencia Provincial de Madrid) y permitió que prescribiera.

8Eloy Velasco es un juez conservador – de hecho, trabajó para la Conselleria de Justicia de la Generalitat Valenciana de Zaplana entre 1995 y 2003 – al que no tenemos mucho aprecio en este medio por su papel en el encarcelamiento e investigación de anarquistas en causas como la Operación Piñata o la Operación Columna, o de las activistas que rodearon el Parlament de Catalunya en 2011 en protesta por los recortes. Sin embargo, hay que reconocerle que su ideología de derechas no le ha pesado a la hora de investigar y encarcelar a empresarios importantes como Gerardo Díaz Ferrán (expresidente de la patronal) y a miembros del PP Ignacio González o Francisco Granados, lo cual le ha generado enemigos entre personas de su misma cuerda.

9La decisión de mandar a Velasco a la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, además de tener la ventaja de que se le apartó del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional desde donde investigaba tramas de corrupción como Púnica, Lezo, etc., garantizó una mayoría conservadora en la Sala de Apelaciones que revisa las sentencias dictadas por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

10El periodista Pedro Águeda (eldiario.es) llama a esto “lawfare reversible” en un artículo. Ana Pardo de Vera explicó en Público que “el PP no necesita amnistía, tiene a García Castellón”.

11Expresidenta de Castilla-La Mancha, exsecretaria general del PP y exministra de Defensa.

12El programa n.º 58 de La Base, el podcast de Pablo Iglesias – emitido en Público, antes de la fundación de Canal Red – es un monográfico sobre el juez García-Castellón.

13Dina Bousselham, exasesora de Pablo Iglesias cuando era eurodiputado, sufrió un robo de su móvil y poco después, parte de su contenido fue publicado en Ok Diario. El contenido de su tarjeta fue hallado en la casa de Villarejo cuando fue registrada por la policía. García-Castellón intentó imputar un delito de daños a Iglesias por supuestamente intentar destruir la tarjeta cuando se recuperó.

14En un primer momento, GitHub cumplió con la orden enviada por la Audiencia Nacional, pero después de que Pirates de Catalunya presentara una demanda ante el TJUE contra España y la Comisión Europea, la aplicación se recuperó.

15En el mes de octubre, un periódico de Ourense invitó a García-Castellón a una charla, en la que fue presentado por su amigo Julio Ariza, exdiputado del PP, fundador de Intereconomía e impulsor de Vox. En dicha charla García-Castellón expresó, matizando que lo hacía “en calidad de ciudadano y no de juez” su desacuerdo con la Ley de Amnistía y con el independentismo catalán.

16Al parecer, el Tribunal Supremo también lo sabe, pues recientemente ha archivado una querella que interpuso Podemos contra García-Castellón por prevaricación.

17De ideología ultraconservadora y religiosa, se le considera un miembro del “ala dura” del PP. Fue un importante difusor de las teorías de conspiración del 11-M. En 2008 declaró que los musulmanes son “un riesgo para la democracia española” por las “incompatibilidades” que presenta su modelo de vida con “el nuestro”. Por nuestra parte, las anarquistas difícilmente olvidaremos el papel que jugó Cosidó, al frente de la Policía Nacional en 2013 y 2014, en la criminalización del anarquismo y su vinculación con el terrorismo. “El terrorismo anarquista se ha implantado en nuestro país”, dijo en junio de 2014.

18A estas manifestaciones de repulsa por parte del CGPJ y asociaciones judiciales se han sumado también Colegios de Abogados, de Médicos y distintas asociaciones profesionales cada vez más bizarras y más desvinculadas de la Justicia.