Ley de Montes: echando leña al fuego

El amor del PP por el medio ambiente y la cuestión ecológica es algo que todos/as conocemos de primera mano, es un tema que se toman tan en serio que nombraron a su militante más capacitada para la concejalía de medio ambiente, Ana Botella, allá por 2007. También podemos acordarnos del primo de Rajoy que le dijo que eso del cambio climático no era para tanto. Anécdotas a parte, es lógico que un modelo de desarrollo capitalista tenga como fijación paranoica el aumento del beneficio económico al margen de cualquier cuestión, ya sea laboral, ecológica o los llamados derechos humanos. En tiempos en los que los beneficios amain
an, es tiempo para que la dirección de turno adopte nuevas estrategias para que la rueda de acumulación siga avanzando. Estas estrategias pasan por encontrar nuevos nichos de mercado, nuevos espacios a explotar y sacar rendimiento. Podemos poner el ejemplo del fracking como medida desesperada por encontrar nuevos combustibles o la modificación de la Ley de Costas que hicieron hace unos años que rebajaba la zona protegida de 100 a 20 metros, a ver si entra alguna urbanización más así.

Esto está que arde

Desde diciembre del año pasado conocemos las intenciones del gobierno por modificar la Ley de Montes hasta entonces vigente, la ley fue calificada desde el primer momento desde los movimientos ecologistas como innecesaria, ya que las necesidades de los montes no residían tanto en nuevo marco legislativo, si no en su manutención, aportaciones económicas y dotación de servicios y trabajadores/as. Al final, el pasado 8 de julio se aprobó esta nueva reforma de la ley, la cual si punto más conflictivo es que da la posibilidad de recalificar zonas forestales incendiadas cuando la comunidad autónoma de turno considere que existen “razones de interés público de primer orden”. Esta ambigüedad, hecha adrede obviamente, abre la veda a la construcción desde macrourbanizaciónes a estaciones de esquí, siempre que la comunidad autónoma los declare “proyectos de interés general”, este interés general ya ha sido empleado con anterioridad para construir monstruos de hormigón inútiles en espacios naturales como la Ciudad del Medioambiente (Soria), urbanización Isla Valdecañas (Cáceres), Meseta Sky (Valladolid), San Glorio (Palencia), Puerto de Granadilla (Tenerife) o Marina Cope (Murcia), entre otros muchos, aunque algunos se han conseguido parar en los tribunales. Esta medida es potencialmente peligrosa, ya que puede animar a propietarios de zonas forestales a que sucedan accidentes.

Mientras que la ya antigua ley ponía un periodo de 30 años a la posibilidad de recalificar una zona forestal incendiada, esta acaba de facto con dicho plazo por lo que supone un retroceso enorme. También cabe recordar que el 95% de los incendios son producidos por la acción humana, sobre todo por la quema de rastrojos para obtener pastos de ganado o accidentes por maquinaria agrícola.

Otras perlas de la nueva reforma de la ley tienen que ver con las personas que están encargadas del cuidado de las zonas forestales, los/as guardas forestales. Profesionales que conocen cada palmo de monte y sin los cuales las labores de extinción de incendios o el mantenimiento del terreno sería mucho más difícil y a los/as cuales ahora se les va a impedir denunciar delitos ambientales, pasando a ser meros auxiliares de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ellos/as son los/as responsables de luchar contra los incendios, las construcciones ilegales, el envenenamiento de especies, la caza furtiva… y ahora se les limita su capacidad de acción. Esto sumado a que la reforma de la ley dice que no son obligatorios los planes de gestión para montes, provocará aun más el deterioro de nuestras zonas forestales y aumentará el riesgo de incendios.

Bomberos quemados

A la par de la reforma de la Ley de Montes, y en consonancia con la constante modificación a la baja de las condiciones laborales de los asalariados, las BRIF (Brigadas de Refuerzo contra Incendios Forestales) han dicho basta a la precariedad laboral, que pone tanto en riesgo sus vidas, como las zonas forestales y la vida de las personas afectadas por los posibles incendios.

Su principal reivindicación es de carácter laboral: que sean reconocidos con la categoría laboral que les corresponde. Esta categoría viene definida por un Real Decreto del 26 de noviembre de 2011, y a día de hoy sigue sin cumplirse, siendo contratados bajo categorías laborales inferiores, como: peones forestales, auxiliares o especialistas en extinción. Es como si a un/a cirujano/a lo contratan como enfermero/a, pero no hace las labores de enfermero/a, si no las de un cirujano/a, con todo lo que conlleva en cuanto a condiciones laborales, más aun cuando te estás jugando la vida. Además denuncian la dispersión administrativa y la privatización de servicios, las cuales han fomentado corruptelas a partir de concursos públicos de dudosa fiabilidad que solo han servido para que la élite administrativa de dichas empresas se lucren a costa de los/as trabajadores/as.

Ante todo esto se llevan movilizando durante un año, protagonizando las llamadas “Mareas de Fuego” y distintas huelgas según el territorio que han sido boikoteadas por la administración con servicios mínimos del 75% que impedían en la práctica realizar la huelga por el sistema de rotación y turnos que tienen las BRIF, desde el 27 de julio quedó convocada la huelga indefinida, que hará acto de presencia en Madrid el día 5 de septiembre con una gran manifestación.

Además de las reclamaciones laborales, están poniendo sobre la mesa distintas propuestas para la mejora del servicio que prestan, entre ellas la desprivatización, la contratación anual, el incremento de plantillas, mayor inversión para las zonas de mayor riesgo y la desmilitarización de las emergencias, representadas a través de la UME (Unidad Militar de Emergencia).