Las leyes de piedra o la inderogabilidad de la reforma laboral

Este mes se cumplen dos años de la firma del acuerdo de investidura entre PSOE y Unidas Ponemos que dio lugar al autodenominado Gobierno más progresista de la historia. El 30 de diciembre de 2019, dentro del primer bloque de compromisos pactados, en el punto tercero, ambos partidos afirmaban que “Derogaremos la reforma laboral. Recuperaremos los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012”. Unos meses después, y ya con un escenario muy distinto al tratarse de la negociación de la primera prorroga del estado de alarma provocado por la crisis del coronavirus, volvía a prometerse la derogación. Derogación, que según el texto del acuerdo suscrito con EH Bildu, sería íntegra, o al menos así se recogía en el acuerdo firmado entre los dos partidos de la coalición gubernamental y el vasco de 20 de mayo de 2020: “Las fuerzas políticas que suscriben este acuerdo se comprometen a derogar de manera íntegra la reforma laboral del año 2012 impulsada por el Partido Popular. La derogación deberá ser efectiva antes de la finalización de las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno en materia económica y laboral derivadas de la crisis originada por el Covid-19”. Pero, como en el refrán, poco duró la alegría en la casa del pobre: a la pocas horas, el PSOE se desdijo de lo firmado y manifestó que solo se tocarían tres aspectos: el despido por ausencias justificadas, la prioridad aplicativa de los convenios de empresa y la duración de los convenios.

A pesar de las protestas y amenazas de Pablo Iglesias, entonces vicepresidente y líder de Podemos, y de una pasividad asombrante del partido abertzale (deben estar más acostumbrados a las traiciones del PSOE), la derogación ya no sería íntegra ni inmediata. Desde ese día de mayo de 2020, seguimos sin ningún cambio normativo pero con miles de declaraciones de los partidos de coalición intentando apuntarse el tanto de ser los reformadores de la reforma laboral.

Pues va a ser que no

Una de las últimas declaraciones que hace unos días llamaron la atención pero que fueron enterradas rápidamente por la vorágine informativa, fueron las de Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y sucesora en la vicepresidencia y liderazgo de Pablo Iglesias. Con una argumentación que pretendía ser muy jurídica, arrojó un jarro de agua fría a los (pocos) que aún creían que Unidas Podemos pretendían derogar íntegramente la reforma laboral: «¿Técnicamente se puede derogar la reforma laboral del Partido Popular? No, porque fue una reforma expansiva que afectó a más de 20 preceptos del Estatuto de los Trabajadores, a varios reales decretos y directivas». Estas palabras nos sorprendieron, no porque alejaran de manera definitiva la vuelta a los derechos laborales arrebatados por el PP en 2012 (las que aquí escribimos contábamos ya con ello), sino por la nueva excusa puesta por la ministra de Trabajo y antigua abogada laboralista. De acuerdo con la RAE, derogar nos es más que “Dejar sin efecto una norma jurídica o cambiar parte de ella”, por lo que nos cuesta entender qué impide, teniendo la mayoría necesaria en el Parlamento, anular una norma que ha extendido la precariedad, la reducción salarial, el miedo y la desmovilización entre las trabajadoras. Por eso, acudimos a gente que sabe y nos topamos con un artículo en El Diario de Garbiñe Biurrun, profesora y magistrada del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el que afirmaba que “que no se diga que «técnicamente la reforma no se puede derogar». Claro que se puede. El BOE lo aguanta todo, incluso lo que es más justo, algo que no siempre ocurre. Y podría –no digo que sea lo mejor a estas alturas– retomarse en su literalidad el Estatuto de los Trabajadores vigente el 9 de febrero de 2012 y preverse una transitoriedad que evite problemas aplicativos. E incluso volverse a los 45 días de indemnización por año trabajado para el caso del despido improcedente o injusto, algo que técnicamente carece de cualquier complejidad. Pero, por lo escuchado y leído, esto parece no estar ya, incomprensiblemente, en el ánimo del Gobierno”

En estos tiempos de incertidumbre, nos gustaría que se mantuvieran las costumbres. Queremos ser engañadas como siempre, con el PSOE haciéndolo sin vergüenza ni escrúpulo alguno y con su izquierda escudándose en la correlación de fuerzas o en que no es el momento, pero no utilizando tecnicismos legales más falsos que una promesa electoral.

¿Y entonces?

En el momento de escribir estas líneas, pasado el plazo de 1 de diciembre que se había autoimpuesto la ministra de Trabajo, seguimos sin el texto que (no) derogará la reforma laboral de 2012. Pero las distintas declaraciones y las políticas laborales de los dos años de Gobierno de coalición nos permiten hacernos una idea de poco va a cambiar.

“No vamos a tocar el despido” decía Yolanda Díaz hace un mes. Eso significa que no se van a cambiar las causas que justifican los despidos objetivos (por lo que se podrá seguir alegando una previsión de pérdidas o reducción de ingresos para echarte a la calle) y que los despidos improcedentes seguirán teniendo una indemnización reducida lo que supondrá que las empresas podrán quitarse de en medio de manera barata a quienes traten de hacer efectivos sus escasos derechos en el curro.