Un autobús con un mensaje cargado de odio recorre el Estado español. Odio hacia los/as trans. Mejor dicho, odio hacia los/as menores trans, un colectivo especialmente vulnerable por ser objeto de numerosas burlas, en el mejor de los casos, y del acoso más persistente y cruel, en el peor de ellos. El mensaje que aparece rotulado en su lateral impone una visión del mundo en el que las personas se encuentran biológicamente divididas por géneros y que, por ende, los niños sólo pueden tener pene y las niñas sólo pueden tener vulva. Los propietarios del vehículo son un colectivo llamado Hazte Oír (a los que algunas personas informalmente les han bautizado como Háztelo Mirar), una casposa y anticuada organización ultracatólica, ultraderechista, homófoba y transfóbica, liderada por Ignacio Arsuaga.
Su fanático mensaje no sólo es repugnante, sino que además es falso. Los genitales no rigen la sexualidad y existen niñas con pene y niños con vagina. El bus transfóbico niega la diversidad de identidades, la dignidad de las personas trans y se ceba con todo aquél/la que sea diferente. Por esta razón, algunas personas han pedido que se impida su circulación. Por ejemplo, Ignacio Escolar, director de ElDiario.es, escribió que “el autobús de HazteOir no debería circular, de la misma manera que se debe vetar cualquier publicidad engañosa o determinados mensajes en televisión durante el horario infantil. Debe ser retirado, más aún cuando la mentira de esa campaña puede provocar tanto daño en niños” (“La caspa de Hazte Oír no merece la cárcel”, 1 de marzo).
Hasta la fecha, el autobús ha sido detenido por orden del Ayuntamiento de Madrid (el 28 de febrero) y por los Mossos d’Esquadra a la entrada de Barcelona (donde, por cierto, Arsuaga fue recibido con lanzamientos de huevos y de ketchup) el pasado 17 de marzo. En ambos casos, se dio cuenta a Fiscalía por la posible comisión de un delito de incitación al odio.
Ante esto, personas como Escolar argumentan que “hay que vetar ese autobús, pero también creo que esta campaña odiosa y reaccionaria no debería ser penada como un delito ni perseguida por la Fiscalía. ‘Que tu opinión te lleve a la cárcel es un absoluto exceso de nuestra legislación’, escribí hace unas semanas a cuenta de la sentencia contra César Strawberry. Sigo pensando lo mismo. La libertad de expresión se pone a prueba cuando lo que escuchas te disgusta. Los dirigentes de HazteOir y los grupos ultracatólicos que los financian no se merecen la cárcel. Sí la mayor de nuestras repulsas”.
Frente a posturas de este tipo, ampliamente emuladas en diversos medios de comunicación de izquierdas, se encuentra el posicionamiento contrario. En su artículo “Los Absolutistas de la Libertad de Expresión”, Mar Cambrollé, presidenta de la Plataforma por los Derechos Trans, argumenta lo siguiente: “Que los ‘absolutistas de la libertad de expresión’ estén convencidos de su ‘verdad’ absoluta, no es casual, lo lamentable es escuchar a intelectuales, periodistas, ‘feministas’ y gente ‘progresista’, que condenan los hechos, pero antagónicamente en un acto de malabarismo teórico ejercido desde el supremaCismo, defienden el mal uso de la libertad de expresión. […] El discurso de odio y otros actos del lenguaje diseñados para hostigar, intimidar y menoscabar derechos, se usan rutinariamente para coartar otras libertades como la dignidad, identidad, honor e imagen. Los absolutistas de la libertad de expresión tienden a no considerar o apreciar plenamente esto, probablemente porque la mayoría de ellos nunca se han sentido silenciados por el odio y la intolerancia sistemática” (Píkara, 7 de marzo).
Es fácil entender la crítica de Cambrollé, sobre todo si tenemos en cuenta que un 42% de personas trans de EEUU han intentado suicidarse en algún momento de sus vidas (Vocativ, “Transgender suicide attempts are staggering”, 5 de mayo de 2015) y los brutales casos de acoso que sufren. A pesar de ello, no podemos posicionarnos de su parte en este debate. En primer lugar porque, como antiautoritarias/os, entendemos que no podemos, ni debemos, pedir al poder judicial que actúe a favor de una escalada en la represión judicial, ya que con ello acabamos legitimando los instrumentos represivos que someten a la población y limitan la libertad de expresión. Y en segundo lugar, porque como activistas (al margen de la naturaleza antiautoritaria o no) y, por consiguiente, personas que se enfrentarán de alguna manera con otras, entendemos que corremos el riesgo de sufrir el mismo tipo de represión y que se nos acuse de incitación al odio en el futuro. Como dice la abogada catalana Laia Serra en un reciente artículo titulado “El efecto boomerang de llevar a juicio el discurso de odio”, “antes de reclamar cualquier restricción a la libertad de expresión, hay que pensar en términos estratégicos con un análisis a corto, medio y largo plazo. Cada restricción que se fija genera un precedente que afectará a toda la sociedad, incluido el colectivo reclamante. […] Si vamos bajando el listón de lo que se puede decir y dejamos en manos del legislador y del poder judicial su fijación, acabarán sufriendo la mordaza precisamente quienes reivindicaban su restricción con contundencia” (ElDiario.es, 21 de marzo).
No olvidemos que esto mismo ya se está sufriendo entre las filas de los movimientos sociales. Así, existen personas imputadas por delitos de odio por supuestos enfrentamientos con fascistas (cuya ideología, precisamente, se asienta sobre el odio), al estar motivados por diferencias ideológicas. O es el caso de Drag Sethlas, que se disfrazó en la Gala Drag Queen de Gran Canaria como la Virgen María y como Jesucristo y por ello se le imputó un delito contra los sentimientos religiosos (que, por fortuna, terminó archivándose). Y no hablemos ya del caso de las decenas de tuiteros/as condenadas/os casi a diario en la Audiencia Nacional por enaltecimiento del terrorismo o los raperos que se encuentran en la misma situación.
La respuesta al fanatismo ultracatólico que busca humillar al diferente e imponer su verdad a base de odio debe ser social. “Es necesario movilizar nuestra inteligencia colectiva para decidir cómo respondemos al creciente discurso del odio sin sepultar la libertad de expresión”, dice Serra. Si no, corremos el riesgo de coartar también nuestra libertad, de justificar el cierre de locales con mensajes incómodos para otros/as y de convertir a estos fachas casposos en mártires de la libertad de expresión.
