Los ajustes del capitalismo. Represión y gasto social en la cárcel

enero 2013Guardado en: Cárcel

No supone nada nuevo recalcar que vivimos en un sistema social jerárquico y piramidal en el cuál unas personas se benefician de toda una serie de privilegios (económicos, sociales, culturales, etc.) que genera la explotación de la mayoría de la población. Tampoco que esos “privilegios” se van diluyendo desde las capas más altas, las élites de la sociedad, que tienen absolutamente todos hasta aquellas que situadas en los estratos más bajos, o directamente en la exclusión y la marginalidad, no tienen absolutamente ninguno. Lo que sí parecemos olvidar a veces es que cuando una parte de la sociedad se ve afectada por un determinado problema, como en este caso la “crisis” financiera, los desahucios o la falta de empleo, se produce una reacción en cadena que termina por machacar a quienes están por debajo. A modo de representación gráfica, si en una escalera se “caen” los que están en el tercer escalón arrastran y aplastan a los que están en el segundo y en el primero.

Resulta evidente que a quienes antes de esta “crisis” no tenían empleo o casa no les perjudica “directamente” este problema, lo cual no significa que no se vean dramáticamente afectados por él. Sin caer en la victimización, seamos conscientes de cómo afectan las medidas que nos imponen el Estado y el Capital a todas las personas que nos rodean y que, como nosotras, están explotadas y oprimidas. Uno de los colectivos a los que más afecta la represión y la reducción del gasto social, llevadas a cabo por el Estado en los últimos tiempos, es el de las personas presas, entre otras cosas porque además de sufrir como todas las agresiones y las crudezas del sistema capitalista se encuentran a disposición y merced del Estado y sus hordas mercenarias.

El Tribunal Constitucional ha sentenciado recientemente que es legal que la Administración descuente el coste de la manutención de aquellas personas presas que reciban del Estado una pensión no contributiva. Aunque esta sentencia en principio sólo se refiere al preso que interpuso los recursos judiciales desde que en 2005, y el resto de años que estuvo preso, la Junta de Andalucía le descontase entre 150 y 300 euros de la pensión no contributiva que recibía por una incapacidad, es preocupante el precedente que sienta este fallo a la hora de que las administraciones decidan rebajar los subsidios no contributivos al resto de personas presas, enfermas internas en hospitales o pensionistas que coman en comedores sociales o centros de acogida. Sin embargo, el desmantelamiento del entramado de ayudas sociales asistencialistas es sólo la otra cara de la moneda de la opción que toma el capitalismo en situaciones de descontento social. Por un lado la violencia directa más explícita y por el otro el chantaje. Por eso es fundamental no contentarnos con pedir que no nos masacren más, sino generar nuestras propias soluciones a nuestros problemas.

No cabe duda de que, además de ajustar las cuentas siempre sobre las espaldas de las más desposeídas, esto supone otro paso en el proceso de desarrollo del capitalismo hacia una privatización completa de los “servicios sociales”. Como ya están haciendo con la sanidad, ¿qué otra cosa supone el copago más que acostumbrarnos a que tenemos que pagar por los derechos-servicios que recibimos?, el cobro de la manutención puede ser un avance hacia la privatización del sistema penitenciario. Aunque hoy en día nuestro sistema penitenciario sigue siendo público, y esto no quiere decir que público sea mejor que privado sino que privado da más miedo que público, podemos intuir, sin errar demasiado, un acercamiento al modelo francés de gestión mixta de las cárceles. El sistema penitenciario francés, a diferencia del anglosajón que tiende hacia la privatización completa, desde 1986 pone en manos de empresas privadas ciertos servicios que pueden generar beneficios y mantiene bajo responsabilidad de la Administración las funciones de seguridad y vigilancia.

Por si no fuera bastante el sufrimiento que genera en las personas presas, y sus familiares y allegadas, la propia privación de libertad, estamos viendo desde hace tiempo cómo se llega a niveles críticos de desatención a su salud, incluso a su vida. Durante el año 2012 han muerto estando bajo custodia del Estado 66 personas, 5 de ellas pendientes de confirmación. Casi el doble de las que se tiene constancia en el 2011. Y estas son sólo de las que se tiene conocimiento.

Teniendo en cuenta los serios problemas relacionados con la drogodependencia dentro de las cárceles, además de las consecuencias psicosomáticas de la prisionización, la desatención sanitaria que sufren las personas presas es de extrema gravedad. Recientemente hemos sabido que en algunas cárceles del Estado español se ha suprimido la asistencia sanitaria nocturna, lo que, unido a la falta de especialistas, supone un gran riesgo para la salud y la vida. A menudo el personal médico de guardia no está en la propia cárcel y por tanto la ayuda de emergencia a veces tarda demasiado en llegar.

Las muertes no resueltas, mal explicadas o deliberadamente ocultadas están a la orden del día en las cárceles españolas, bien lo saben las asociaciones que trabajan día a día por sacar a la luz la información y que se topan con “secretos de sumarios”, vaguedades o desplantes directos ya sea por teléfono o en las puertas de las prisiones.
Esta política deliberada de ocultismo sobre las llamadas “muertes no naturales” forma parte de la estrategia de impunidad que lleva a cabo el Estado con sus mercenarios. Las personas presas son mucho más vulnerables a la violencia y la represión del sistema. Lo que en la calle sería inaceptable, tras los muros de las prisiones y las comisarías se tolera porque se ignora, o se quiere ignorar.

Esta es sólo parte de la realidad que se vive dentro de las cárceles españolas. Realidad que nos afecta directamente, no sólo por afinidad o vínculos afectivos, sino porque es la misma represión que se ejerce fuera sólo que potenciada exponencialmente por la situación de vulnerabilidad de las presas. El sistema capitalista ataca a quienes se posicionan frente a él, ya sea por llevar a cabo una actividad política directamente en contra, por no encajar en sus normas morales y sociales o por no acatar sus leyes. Eso nos sitúa en el mismo bando, el de las reprimidas, y la solidaridad y el apoyo mutuo son imprescindibles para nuestra supervivencia. Si la situación se está volviendo cada vez más dura para las personas que hasta ahora “disfrutaban” del Estado de, supuesto, Bienestar, para aquellas que siempre lo han sufrido se torna crítica.

No debemos permitir que el silencio y el olvido contribuyan a la impunidad de policías y carceleras, pero tampoco limitarnos a pedir que dejen de atacarnos, o que se haga “justicia” cuando nos atacan. Necesitamos mecanismos que den respuesta a las necesidades reales de las personas presas, más allá de un discurso anticarcelario pasivo, sin dejar que las reivindicaciones, legítimas, de unas mejores condiciones de vida caigan en el reformismo y atenúen la lucha contra la cárcel. Nuestra solidaridad y nuestro apoyo deben buscar formas que rompan con las dinámicas segregadoras que genera el capitalismo y no pretender recuperar el Estado del Bienestar y los pequeños, y dudosos, privilegios que este genera.