Los esfuerzos prosionistas por acallar la solidaridad con Palestina

A finales de enero del presente año saltó a las noticias que la Audiencia Nacional había citado tres personas (entre ellas la exdiputada de Izquierda Unida, Nines Maestro) para que declararan como investigadas por un delito de financiación del terrorismo, un ilícito que está castigado con penas de prisión que oscilan entre uno y cinco años. Se les acusa concretamente de financiar al Frente Popular para la Liberación de Palestina a través de recogidas de fondos para el pueblo palestino organizadas por la organización Red Roja.

La denuncia se interpuso por una ciudadana norteamericana miembro de Lawfare Project Spain, una red de profesionales que defienden «los derechos civiles y humanos del pueblo judío», y por la Asociación Cultural Judía de Ibiza. Los fondos que habían recaudado se destinaron a enviar ayuda humanitaria a Palestina tras los terribles ataques de Israel sobre Gaza en 2014 y 2015 y fueron entregadas a la conocida activista Leila Khaled, conocida como “la Che Guevara de Palestina”.

Una de las últimas veces que Leila Khaled viajó al Estado español fue en mayo de 2017 para impartir una charla en Barcelona, pero no lo tuvo fácil. En esta ocasión, la Liga Internacional contra el Racismo y el Antisemitismo y la B’nal B’rith Nahmanides presentaron una denuncia contra el Ayuntamiento de Barcelona por su «connivencia con la propaganda terrorista” al subvencionar el acto en el que participó y pidió a la Audiencia Nacional que prohibiera a Khaled entrar en España. La jueza Lamela decidió permitir la entrada a Leila Khaled, sin perjuicio de que “la Policía pudiera intervenir en caso de que tenga indicios de que se cometa algún delito”, cosa que no sucedió.

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La interposición de denuncias por parte de organizaciones pro-israelíes contra colectivos pro-palestinos no es una estrategia en absoluto novedosa, pero desde luego se encuentra al alza últimamente. Quizás se deba al hecho de que este año el certamen de Eurovisión se celebra en Israel, lo cual ha propiciado una reapertura del debate sobre su posición en el orden mundial y ha iniciado algunas campañas de boicot contra el pinkwashing (es una expresión que significa realizar una lavado de cara con una imagen favorable a colectivos LGTBiQ; es una estrategia cuidadosamente seguida por el Estado israelí desde hace décadas, convirtiéndose Tel Aviv en la meca gay indiscutible del Mediterráneo Oriental) israelí. La más reciente ha sido la de promocionar en redes a #ArtistasQueYaDijeronNo a tocar en Israel.

Nada de esto es una cuestión menor, pues Eurovisión es el festival musical más visto del mundo (seguido por más de 200 millones de personas que, por alguna razón que se nos escapa, no tienen nada mejor que hacer un sábado por la noche) y el escaparate perfecto para dar una imagen promocional del país anfitrión (España lo hizo durante la Transición), pero también para iniciar una campaña crítica con dicho Estado.

Por ello, los esfuerzos pro-israelíes por acallar a las voces críticas han redoblado sus esfuerzos en el último año. Y no escatiman en gastos: según publicaba Vicent Almela en un artículo del medio catalán La Directa, “los grupos de presión prosionistas destinan millones de dólares a campañas para desprestigiar a los activistas propalestinos, relacionando sus acciones con inclinaciones antisemitas”.

En junio de 2018, por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento autonómico valenciano aprobó una proposición no de ley de condena a las agresiones y violaciones de derechos humanos contra los palestinos en los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania por parte del Estado de Israel. El texto, que recordaba los sucesos ocurridos en marzo cuando más de 100 personas perdieron la vida en la Franja de Gaza en los enfrentamientos con el ejército israelí, salió adelante. Poco después, decenas de Ayuntamientos en todo el Estado aprobaron mociones, diseñadas por el movimiento BDS (el movimiento BDS, inspirado en la lucha contra el Apartheid sudafricano durante los 80 y 90, promueve boicot, las desinversiones y las sanciones al Estado de Israel como fórmula para acabar con la ocupación de Cisjordania, Jerusalén Este y la Franja de Gaza, lograr el retorno de las 7,5 millones de refugiadas palestinas que no pueden volver a su tierra y obtener el reconocimiento de la igualdad de la ciudadanía árabe-palestina dentro de Israel), declarando sus localidades como “espacios libres del Apartheid israelí”.

En todos estos casos la asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) interpuso demandas contencioso-administrativas contra estas mociones. ACOM se encuentra respaldada por profesionales y empresarios judíos en la que participan inversores como David Hatchwell, presidente de la Comunidad Judía de Madrid y magnate del capital hebreo en España.

ACOM ha convertido la batalla contra las mociones de BDS en el eje de su actividad y, cuando la vía contenciosa-administrativa no logra sus objetivos, en algunos casos no ha dudado en recurrir al Derecho Penal, como lo hizo cuando interpuso una querella contra el alcalde de Tavernes de la Valldigna y otros once concejales por prevaricación después de que decidiesen seguir adelante con el texto del movimiento BDS.

Pero quizás el caso más sangrante de nuestros tiempos recientes sea el de la querella contra ocho activistas que promovieron la defensa de los derechos humanos en Palestina, en el marco del festival Rototom en 2015, cuando pidieron por redes sociales el boicot al cantante sionista Matisyahu. Y es precisamente en el delito que les atribuyen donde encontramos la mayor causa de indignación: les imputan un delito de odio, concretamente de antisemitismo, penado con penas de hasta cuatro años de prisión. Quienes se encuentran defendiendo los derechos humanos y abogando por acabar con la discriminación y el sufrimiento de millones de personas son quienes se encuentran acusadas de incitar al odio.

El opresor se está disfrazando de víctima y criminaliza al oprimido. Parafraseando a Malcolm X, si no estamos prevenidas, corremos el peligro de creernos su discurso.