Lucha de clases en la Suecia socialdemócrata

Ya ha pasado más de un mes desde el revuelo generado por las elecciones andaluzas. El pacto PP-Cs-VOX está ya más que consumado y, frente al pragmatismo de los populares, muchos ponen como ejemplo de altura política el cordón sanitario a la extrema derecha tejido en Suecia. Fueron la tercera fuerza más votada, pero nadie ha querido pactar con ellos. Gobernará una alianza de socialdemócratas y verdes, en minoría, con apoyos puntuales del centro-derecha y de la izquierda. Nuevamente aparece el ejemplo sueco como paradigma del Estado de Bienestar, del progresismo occidental… Bueno, pues no es oro todo lo que reluce, y al fantástico norte hace mucho que llegó el neoliberalismo, escorando hacia la derecha a todo el arco parlamentario. En este sentido, os presentamos este artículo, escrito por dos activistas (Gabriel Kuhn y Micke Nordin) del sindicato sueco SAC sobre la propuesta de ley “Obligación de Paz”, que prohibirá de facto las huelgas y las acciones de protesta en el lugar de trabajo fuera de unas estrechas condiciones. El texto explica tanto el contexto político de la propuesta, elaborada conjuntamente por los empresarios y las grandes centrales sindicales y apoyada por el Partido Socialdemócrata, como la resistencia liderada por una coalición de sindicatos y activistas independientes.

El resurgimiento de movimientos socialistas (reales o autoproclamados) en el Norte Global ha implicado interpretaciones muy generosas de la vida en los países nórdicos. Suecia, en particular, ha sido a menudo aclamada como un modelo para el “socialismo democrático” propuesto por políticos como Bernie Sanders.

Es cierto que el legado de un importante movimiento obrero como el sueco y los numerosos años de gobierno socialdemócrata hacen que el estado de bienestar sea un poco más resistente aquí que en otros países. Suecia todavía disfruta de unos niveles relativamente altos de sindicalización, fondos gubernamentales para la igualdad de oportunidades en educación, empleo y artes, atención sanitaria universal, educación gratuita… Del mismo modo, también ocupa un lugar alto cuando se trata de la implementación de los derechos de las mujeres y las personas LGBTQ, tiene unas políticas de inmigración relativamente liberales y dedica un porcentaje de su PIB, superior a la media, a proyectos para el desarrollo en el Sur Global. Todo esto, con razón, agrada a quienes abrazan los valores socialistas de igualdad e internacionalismo.

Pero Suecia ha estado marcada por la era del neoliberalismo tanto como cualquier otro estado. En la década de los 90, el Partido Socialdemócrata, que ha gobernado el país con breves interrupciones desde los años 20, abrazó las políticas del Nuevo Laborismo, lo que conllevó un importante proceso de privatización dentro del sector público, incluyendo clínicas, colegios, servicios postales, el sistema de transporte y las viviendas municipales. Este proceso se aceleró de la mano del gobierno de centro derecha que lideró Suecia entre 2006 y 2014. En Estocolmo, el porcentaje de viviendas públicas dentro del mercado inmobiliario se redujo de un 75% en 1990 a un 45% en 2015. Los precios en el mercado privado se han disparado, lo que ha modificado la estructura social de la ciudad. Por otro lado, a nivel estatal, se han endurecido las condiciones de acceso a las prestaciones de desempleo e invalidez, lo que ha reducido sustancialmente el número de beneficiarios. Incluso los, una vez poderosos, sindicatos suecos no han parado de perder influencia, en gran medida debido a que importantes sectores económicos están siendo absorbidos por la economía precaria (desde la mensajería, limpieza y abastecimiento hasta el trabajo cultural, académico o tecnológico).

La propuesta de “Obligación de Paz”

Por si fueran necesarias más pruebas sobre la percepción errónea de Suecia como un país casi socialista, los ataques cada vez mayores a los logros del movimiento de los trabajadores y la traición de clase de la dirección socialdemócrata, en junio del año pasado se presentó una propuesta de ley que rescribe importantes secciones de la legislación laboral sueca. Dicha propuesta lleva el título de “Obligación de paz en los lugares de trabajo con convenios colectivos y en caso de litigio”. Fue concebida en un esfuerzo conjunto de la Confederación de Empresas Suecas y las principales asociaciones sindicales del país, y se convirtió en una propuesta legislativa de la mano del Ministerio de Trabajo sueco, encabezado por el socialdemócrata Ylva Johansson.

El resumen de la propuesta de 68 páginas incluye las siguientes líneas:

“Este texto propone que un empleado no debe participar en una acción colectiva contra un empleador que haya firmado un acuerdo de negociación colectiva con otro sindicato, esto es, un empleador que ya esté obligado por un acuerdo de negociación colectiva. El texto propone que una acción colectiva sólo será legal si su propósito es establecer un acuerdo de negociación colectiva que implique una obligación de paz, y si las demandas vinculadas a esta acción fueron previamente negociadas con el empleador… El proyecto de ley, además, propone una extensión de la prohibición de acciones colectivas durante los litigios. La prohibición actual solo se aplica a los empleadores y los empleados obligados por acuerdos de negociación colectiva cuando participan en casos legales relacionados con estos acuerdos. Este texto propone que la prohibición también se aplique a empleadores y empleados que no estén sujetos a un acuerdo de negociación colectiva.”

En términos sencillos, esto hace que todas las formas de acción colectiva sean consideradas ilegales si no están dirigidas a presionar a los empleadores para que firmen un acuerdo de negociación colectiva en caso de que no lo tuvieran firmado con anterioridad. Y aún en estas ocasiones, los trabajadores y sus organizaciones deberán haber acudido primero a una mesa de negociación.

Las consecuencias para los trabajadores

Para comprender el alcance que tendría esta propuesta si se convirtiera en ley, debemos analizar lo que el Tribunal Laboral Sueco ha clasificado como “acción colectiva” a lo largo de estos últimos años. En un fallo de 2005, el tribunal declaraba que “básicamente cualquier acción, o falta de ella, que pueda tener un impacto sobre la parte contra la que se dirige, puede considerarse una acción industrial”. Esto, en la práctica, puede abarcarlo todo. De hecho, encontramos que, en ciertos casos, el Tribunal Laboral Sueco ha clasificado acciones como el reparto de panfletos o la publicación de artículos de opinión como acciones industriales. Si, como la propuesta sugiere, acciones como estas se van a convertir en ilegales en relación con prácticamente cualquier disputa laboral, entonces las acciones extrajudiciales (o las meras declaraciones) de solidaridad con los trabajadores que han sido acosados o discriminados también serán ilegales.

Las consecuencias de violar el código legal ya están desigualmente divididas entre capital y trabajo. De acuerdo con la legislación laboral sueca, los empleadores pueden evitar procedimientos legales en casos de, por ejemplo, despidos ilegales ofreciendo pagos de compensación. Los trabajadores, sin embargo, no se libran tan fácilmente. Los sindicatos pueden, por ejemplo, ser declarados responsables de todas las supuestas pérdidas que los empleadores sufran como resultado de una acción colectiva ilegal dirigida contra ellos. Una vez que prácticamente todas las acciones industriales sean declaradas ilegales, esto podría arruinar a organizaciones enteras de trabajadores.

También se debe enfatizar que, de acuerdo con esta propuesta, los empleadores no se verán obligados a firmar acuerdos de negociación colectiva con los sindicatos mayoritarios. Queda a su elección decidir con qué sindicatos quieren firmar un acuerdo, y este acuerdo será vinculante para todos los demás. Esto es, esencialmente, una patente de corso para la proliferación de sindicatos amarillos, sindicatos que son iniciados por los empleadores para asegurar que se cumplan las leyes laborales mientras mantienen un control total sobre ellos. En un artículo para el sitio web Transnational Social Strike (TSS), los organizadores de una conferencia de TSS en Estocolmo en noviembre de 2018 describieron este aspecto de la propuesta gráficamente: “Esto significa que un empleador puede invitar a cualquier número de trabajadores sólo para firmar un acuerdo y luego forzar al resto a seguirlo. El dueño podría esencialmente emplear a sus primos o amigos, resolver el peor trato posible y, a partir de ese momento, acusar penalmente a cualquiera que tome acciones contra él”.

La propuesta de “Obligación de Paz” es a su vez engañosa. Un ejemplo concierne a las consecuencias para la igualdad en el empleo. Bajo el encabezado “Consecuencias para la igualdad entre hombres y mujeres”, la propuesta afirma que “más hombres que mujeres” se verán afectados por ella. La razón esgrimida es “la división de género dentro de las industrias del transporte y la construcción”. Dejando de lado la inquietante sugerencia de que una mayor igualdad de género puede alcanzarse recortando los derechos de los hombres en lugar de ampliando los de las mujeres, esta afirmación simplemente no es cierta. Un informe de la Oficina Nacional de Mediación, que es regularmente citada a lo largo de la propuesta, establece claramente lo contrario: “Durante el período en cuestión [2000-2016], la mayoría de los casos de tales conflictos [que involucran acciones colectivas] ocurrieron entre limpiadores (alrededor de 50), seguidos por trabajadores de hoteles y restaurantes (45), estibadores (35), trabajadores de la construcción (30), en el negocio minorista (30) y en la industria pesada (20).” En resumen, las industrias más afectadas si esta propuesta se convierte en ley serán industrias dominadas por mujeres. Esto está en clara contradicción con lo que la propuesta afirma.

También es cuestionable como esta propuesta puede conciliar con el convenio 87 de la Organización Internacional de Trabajadores, titulado “Libertad de asociación y protección del derecho a la organización”. Dicho convenio, ratificado por Suecia en 1949, requiere que todos los países firmantes “tomen todas las medidas necesarias y apropiadas para garantizar que trabajadores y empleadores puedan ejercer libremente su derecho a la organización”. Además, declara que “la ley de un país no debe ser tal que impida las garantías previstas por este convenio”. Ahora, en la práctica, el derecho de los trabajadores suecos a unirse a una determinada organización laboral carecerá de significado si dichas organizaciones no tienen derecho a actuar. El dilema se vuelve particularmente obvio si miramos cómo la “libertad de asociación” se define en el artículo 11 de la Convención Europea de Derechos Humanos, ratificada por Suecia en 1953: “Toda persona tiene el derecho a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de asociación con otros, incluyendo el derecho a formar y unirse a sindicatos para la protección de sus intereses”. Sí, los trabajadores deberían poder unirse a sindicatos para la protección de sus intereses, no sólo por el gusto de hacerlo.

Si, como sugieren sus autores, la proposición “Obligación de Paz” se convierte en ley el 1 de enero de 2020, los sindicatos independientes que aún no han llegado a acuerdos de poder compartido con la clase dominante (o que no tengan interés en siquiera firmar dichos acuerdos) no podrán actuar como sindicatos. El SAC, por ejemplo, se opone a firmar acuerdos de negociación colectiva debido a las estipulaciones que éstos ya tienen actualmente de acuerdo con la ley laboral sueca, como, por ejemplo, los acuerdos anti-huelga y otras restricciones en sus actividades.

Si la propuesta de “Obligación de Paz” se convierte en ley, la acción industrial prácticamente desaparecerá de un país en el que ya se ha convertido en rara dada la institucionalización socialdemócrata del movimiento obrero. Desde los años 80, el número de días de huelga ha ido decreciendo constantemente. En 1986, aún se registraron 682.652 días de huelga. En 2017, fueron 329. El SAC, con una modesta afiliación de 3.000 miembros, a menudo encabeza esta lista anual.

El contexto político del compromiso de clase: Rehn-Meidner

Las huelgas de 2017 en el puerto de Gotemburgo, lideradas por el Sindicato Sueco de Trabajadores Portuarios, son a menudo consideradas como los eventos que desencadenaron la propuesta de “Obligación de Paz”. Al Sindicato Sueco de Trabajadores Portuarios, uno de los mayores sindicatos independientes de Suecia, se le han negado los derechos de negociación colectiva desde que se escindió del Sindicato Sueco de Trabajadores del Transporte en 1972. Esto ha provocado repetidos conflictos laborales en el puerto de Gotemburgo, el más grande de todo Escandinavia. Las supuestas pérdidas en la industria sueca causas por las huelgas de 2017 se estimaron en alrededor de 500 millones de dólares.

Sin embargo, dicho conflicto en el puerto de Gotemburgo sirvió como mera excusa para que las clases dominantes avanzaran en sus posiciones. Ya en 2005, la Confederación de Empresas Suecas había publicado un informe con el revelador título de “El modelo sueco ha capitalizado”. Sus autores lamentaban la injusta ventaja de la que supuestamente gozaban los sindicatos suecos en su relación con la industria, o, para utilizar el lenguaje oficial del informe, “el desequilibrio entre los socios en el mercado laboral”.

A través de una campaña llamada “Advantaje Sweden”, la Confederación de Empresas Suecas ofrecía sus propuestas para rectificar este desequilibrio percibido. Un comunicado de prensa de abril de 2005 dejaba las cosas muy claras: “Hoy en día es muy sencillo para los sindicatos convocar huelgas… Pero el orden en el mercado laboral es importante para el poder competitivo de las empresas suecas, así como para que Suecia se mantenga como un país atractivo para las empresas. Nuestra campaña aborda las condiciones bajo las cuales pueden operar las empresas en Suecia y las oportunidades de trabajo futuras. Si Suecia no proporciona un sistema adecuado para su mercado laboral, muchas compañías se abstendrán de establecer y desarrollar sucursales aquí”. Las medidas que se consideraban necesarias para establecer un “sistema adecuado para el mercado laboral” incluían “una regla de proporción, es decir, la exigencia de que una acción colectiva y su objetivo deben ser proporcionales a las consecuencias y efectos que tiene para empresas y terceras partes”; una “prohibición de acciones solidarias, esto es, una medida para garantizar que empleadores de terceros no puedan involucrarse en los conflictos de otras partes”; una “prohibición de aquellos conflictos con efectos sociales perjudiciales”; una “prohibición de que los sindicatos realicen acciones laborales contra empresas en las que no tienen miembros”; y, como era de esperar, una “prohibición de acciones laborales para organizaciones sin acuerdos de negociación colectiva en lugares de trabajo con acuerdos de negociación colectiva ya existentes”.

Para poder comprender como los socialdemócratas pueden respaldar tales propuestas (o, al menos, algunas de ellas), debemos entender el calado tan profundo que tiene el compromiso de clase en la sociedad sueca. Éste se cementó por primera vez con el Acuerdo de Saltsjöbaden de 1938 entre la Asociación de Empresarios Suecos (precursora de la actual Confederación de Empresas Suecas) y LO, la mayor de las confederaciones sindicales del país, vinculada aún con el Partido Socialdemócrata. Aunque más importancia tiene si cabe en la actual situación el modelo de posguerra Rehn-Meidner, que lleva el nombre de Gösta Rehn y Rudolf Meidner, dos economistas de LO.

Dicho modelo estaba en sintonía con las políticas keynesianas de estimular el crecimiento económico y salvaguardar la estabilidad política mediante la intervención estatal en las políticas fiscales y en el mercado laboral. Ayudó a mantener la inflación baja, el empleo alto y los ingresos divididos de forma más o menos equitativa. Pero su éxito dependía en gran medida del boom económico experimentado en Europa tras la II Guerra Mundial, y no tenía previsiones para las crisis económicas. Esto también afectó a uno de sus aspectos clave, la llamada “política salarial de solidaridad”, que trataba de prevenir las diferencias significativas de salarios entre diferentes industrias. Las compañías que no pudieron mantener los niveles salariales requeridos por la política tuvieron que cerrar, lo que, a su vez, derivó en una fuerte concentración del poder industrial. A finales de los años 70, el 80% de los miembros de LO trabajaban para 20 compañías altamente rentables. A menudo se pasa por alto que Suecia es el hogar de algunas de las empresas más ricas y poderosas de Europa. A día de hoy, el 10% de la población sueca posee el 70% de la riqueza del país, un porcentaje significativamente mayor al de gran parte del resto de países europeos. En unión con las habilidades diplomáticas de los políticos del país, la rentable industria exportadora sueca fue fundamental en el desarrollo del estado de bienestar sueco.

Cuando, en la década de los 70, el crecimiento económico empezó a declinar y la producción que requería mano de obra intensiva comenzó a migrar hacia países de salarios más bajos, el modelo de Rehn-Meidner dejó de ser viable. El aumento de la competencia internacional significó que los salarios en las industrias suecas orientadas a la exportación ya no podrían aumentar a tasas anteriores si se quería evitar la relocalización. La política salarial de solidaridad se abandonó y las industrias orientadas a la exportación empezaron a establecer los estándares salariales del país. Esto también incrementó el poder de los sindicatos en dicho sector. En este contexto, el Sindicato de Trabajadores del Metal IF Metall se convirtió en un jugador especialmente poderoso. Tanto el actual primer ministro provisional de Suecia, Stefan Löfven, como el presidente de LO, Karl.Petter Thorwaldsson, proviene de las filas de IF Metall.

La resistencia: “Strike Back”

Mientras LO y otras grandes confederaciones sindicales se acomodan a los intereses comerciales (IF Metall, por ejemplo, condenó explícitamente las huelgas del puerto de Gotemburgo), se va generando una resistencia entre sus bases. Sin embargo, el poder de esta resistencia de base es limitado considerando que los líderes sindicales desaprueban cualquier crítica pública a la propuesta de “Obligación de Paz”, y mucho menos, acciones de protesta. Pero la resistencia de los sindicatos y activistas independientes sí que va en aumento. Liderados por una coalición denominada “Strike Back”, varias manifestaciones y acciones directas han tenido lugar a lo largo de todo el país desde verano. El 25 de agosto de 2018, dos mil personas se reunieron en Estocolmo para un día de acción que incluyó marchas, bloqueos y un mitin frente a la sede central de LO.

Pero no se equivoquen, la importancia de este conflicto no se limita de ninguna manera a Suecia. Las razones por las cuales los derechos de los trabajadores portuarios suecos, junto con los de los sindicatos independientes, están bajo ataque tienen mucho que ver con la creciente importancia de la logística en el sistema capitalista, en el que las cadenas globales de producción y la fabricación just-in-time se han vuelto esenciales. Las huelgas de Gotemburgo golpearon el núcleo del capitalismo neoliberal. El capital, tanto en Suecia como más allá, quiere desesperadamente evitar los efectos de onda de estas luchas. Leyes como las establecidas en la propuesta de “Obligaciones de Paz” pueden convertirse en un modelo para una legislación similar en otros países. Estamos entrando en una nueva fase de lucha de clases internacional.

En caso de que la propuesta se convierta en ley, será necesario que las organizaciones sindicales radicales, como el SAC, redefinan su rol. Pueden quedar impotentes como sindicatos, pero no como organizaciones de trabajadores militantes. De hecho, la intensificación de la lucha de clases puede abrir nuevas oportunidades para la movilización en los próximos años. Así es como un miembro de SAC terminó su discurso en un mitin en diciembre de 2018:

“Siempre lucharemos por nuestros derechos. De hecho, puede haber una gran libertad en participar en acciones colectivas fuera de la ley. Si la ley no nos protege, debemos asegurarnos de que tampoco proteja a las empresas y a los jefes que ganan dinero a nuestra costa. ¡Pensad en lo liberador que podría ser no informar debidamente a la Oficina Nacional de Mediación sobre acciones de huelga! Y pensad en lo agradable que sería evitar el derroche sin fin en los tribunales laborales y otros obstáculos formales que jefes y políticos emplean para mantenernos a raya… En una año a partir de ahora, el derecho a huelga puede ser historia, ¡pero las huelgas seguirán vigentes!”

_______________________

Gabriel Kuhn y Micke Nordin son miembros del Comité Central del sindicato Sveriges Arbetares Centralorganisation (SAC). Este artículo se publicó originalmente en CounterPunch bajo el título de “Lucha de clases en Suecia”.

Si deseas leer más sobre la historia y el estado actual de la socialdemocracia en Europa Occidental os recomendamos el excelente texto “If you want a better capitalism”, una entrevista sobre socialdemocracia con Gabriel Kuhn.