La lucha por los derechos de las trabajadoras sexuales

A propósito del sindicato OTRAS

A principios de junio, tras la sentencia emitida por el Tribunal Supremo (TS), los medios de comunicación y redes sociales difundieron la noticia de la “legalización” del sindicato de trabajadoras sexuales OTRAS. Más de dos años atrás, en noviembre de 2018, la Audiencia Nacional había anulado los estatutos de esta organización por considerar que la prostitución no es un trabajo. El sindicato recurrió al TS y éste ahora les da la razón y valida los estatutos iniciales.

Si bien se trata de una buena noticia para el sindicato, la realidad es que dicha sentencia no tiene el alcance o significado que pudiera parecer al leer ciertos titulares enfervorecidos que han circulado al respecto. Como matiza el propio TS,  “Lo que se examina es el contenido de los Estatutos, no el de realidades paralelas o conexas, siendo por completo ajeno a este litigio el debate sobre la legalización, tolerancia o penalización de la prostitución por cuenta ajena, máxime cuando la misma no aparece contemplada en los Estatutos, y con arreglo a nuestro Derecho la celebración de un contrato de trabajo cuyo objeto sea la prostitución por cuenta ajena, debe reputarse nulo«. Es decir, la sentencia acepta los estatutos de OTRAS porque definen su ámbito funcional como el de “actividades relacionadas con el trabajo sexual en todas sus vertientes”, lo que incluye actividades legales como bailes eróticos, pornografía, centros de masaje, etc., sin hacer nunca mención explícita a la prostitución.

Esto significa que, aunque el mero hecho de pertenecer a un sindicato reconocido legalmente les pueda aportar una serie de herramientas muy útiles para organizarse, las personas que ejercen la prostitución seguirán sin poder disfrutar de derechos y libertades sindicales para enfrentarse a sus jefes explotadores, porque su trabajo sigue sin estar reconocido como actividad laboral. Y es que aunque la prostitución en el Estado español no esté penalizada si se ejerce por cuenta propia, sí lo está cuando es por cuenta ajena (proxenetismo).

Así, a pesar de que es legal proporcionar un local para el ejercicio de la prostitución como los clubs de alterne, no se reconoce la relación laboral entre los dueños o administradores de estos locales y las trabajadoras sexuales, lo cual las deja en una posición de indefensión a la hora de negociar sus condiciones laborales, además de privarles de las distintas prestaciones de seguridad social o desempleo.

Centrando el debate en los derechos

Nos guste o no, el debate sobre la prostitución dentro del feminismo sigue estando candente y es necesario abordarlo. Para ahondar en él, nos gustaría recomendar el libro Putas insolentes. La lucha por los derechos de las trabajadoras sexuales (Juno Mac y Molly Smith; editorial: Traficantes de Sueños; Septiembre 2020). Las autoras, Juno Mac y Molly Smith, son trabajadoras sexuales en Reino Unido y pertenecen al SWARM, Sex Worker Advocacy and Resistence Movement (Movimiento de resistencia y defensa de las trabajadoras sexuales).

Su análisis del debate que enfrenta a feministas abolicionistas/punitivistas frente a feministas pro-derechos de las trabajadoras sexuales, no sólo aborda las dimensiones sexual y laboral de la prostitución, sino también una tercera que en muchas ocasiones es (deliberadamente o no) omitida en el debate: las fronteras y leyes de extranjería y su papel central en lo que se suele denominar trata con fines sexuales.

Cargada de testimonios y de ejemplos prácticos, la segunda parte del libro pasa a estudiar las diferentes realidades a lo largo del mundo, desgranando detalladamente los distintos modelos de regulación legal existentes y las consecuencias que cada uno de ellos tiene para la seguridad y supervivencia de las trabajadoras sexuales. Así, nos muestran cómo no solo los modelos de penalización total (como el de Estados Unidos, Kenia o Sudáfrica, entre otros) se cobran la salud y la vida de estas mujeres[1], sino que también los modelos supuestamente benevolentes como el modelo sueco, que sólo penaliza a los compradores, o el regulacionismo de Holanda y Alemania, tienen efectos que perjudican directamente a las trabajadoras y a su seguridad, su bienestar y sus derechos, especialmente a las trabajadoras sexuales migrantes, drogodependientes, trans, pobres… Y es que aunque se pretenda quitar poder a quien abusa, ninguna solución que pase por aumentar el poder policial irá en favor de mejorar las condiciones de vida de las trabajadoras sexuales.

 “Las diferencias de poder entre hombres y mujeres constituye un tipo de desequilibro estructural; las diferencias de poder entre las trabajadoras sexuales y la policía constituye otro. La comentarista feminista sueca Gunilla Ekberg escribe: “Aquellas personas que están a favor de la prostitución por supuesto ignoran la diferencia de poder entre hombres y mujeres”; pero las feministas punitivistas están profundamente dedicadas tanto a ignorar como a reforzar las diferencias de poder entre la policía y las prostitutas. Al intentar erradicar la desigualdad de género que localizan correctamente en la adquisición de sexo, intencionada o accidentalmente fortalecen el poder del Estado para dañar a las prostitutas, que es, por supuesto, en sí mismo, una dinámica profundamente patriarcal”.

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[1] Y no solo mujeres, pero aplicamos el femenino al referirnos a las trabajadoras sexuales por simplificación del lenguaje, al ser mayoritariamente mujeres cis o trans.