El mes de mayo nos deja las habituales imágenes del caudal de hermandades que practican anualmente la Romería de El Rocío e, inspirados/as por ello, hemos decidido abordar este mes el impacto que este tipo de actividades provoca en el espacio protegido de Doñana.
Nos acercamos a Doñana
Entre Huelva, Sevilla y Cádiz encontramos un enclave privilegiado donde confluyen distintos ecosistemas generando el caldo de cultivo perfecto para hallar una gran biodiversidad y llegando a ser considerada la mayor reserva ecológica de Europa. Doñana es Parque Nacional desde 1969 y junto con su entorno, Parque Natural desde 1989, así como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1994.
Entendemos que estamos ante una zona que goza de gran protección y que está amparada por una legislación restrictiva en pro de la preservación, así como del buen desarrollo de los proyectos de conservación de distintas especies de animales y vegetales que allí tienen lugar, siendo los más emblemáticos los que protegen y promueven la presencia del lince ibérico y del águila imperial.
La excusa de la tradición
A pesar del control sobre el número de visitantes y de todas las actividades que tienen como fin concienciar sobre la necesidad de conservar este espacio en condiciones óptimas, a pesar del esfuerzo personal y económico que supone, cada año llega el Rocío, y con ello, el tránsito de las hermandades atravesando Doñana.
La Romería del Rocío es una de las romerías más famosas y multitudinarias que existen, sumando más de cien hermandades, que tradicionalmente se desplazaban a pie, a caballo o en carretas hasta la Ermita del Rocío, en Huelva, donde se encuentra la imagen de la virgen de Blanca Paloma, cuyas primeras referencias datan del siglo XIV.
Sin embargo, en la actualidad, el aumento del número de transeúntes, desligados en muchos casos del interés por la zona que se traspasa, así como del paso de vehículos a motor, los intereses económicos creados y el ambiente más festivo que religioso, dan lugar a unas situaciones y un maltrato que choca frontalmente con los cuidados que se otorgan al parque a diario, y que generan, con total impunidad un gran impacto sobre Doñana.
El impacto ambiental
Las consecuencias del paso de la romería por Doñana son variadas y por ello, afectan en muchos sentidos al conjunto del parque y del medio ambiente en general. Para empezar podemos hablar del tráfico de animales de tiro que se genera; la tradición, como hemos dicho anteriormente, dicta que el recorrido puede realizarse a caballo y/o en coches de tiro. Desde el punto de vista de algunos colectivos ecologistas, el hecho de eliminar de la ecuación los coches es una pequeña victoria, sin embargo no podemos olvidar el daño que algunos/as rocieros/as causan en las monturas, completamente desligados/as de los cuidados que un caballo necesita, tienden a obviar sus necesidades: descanso y alimentación, por lo que podemos hablar a las claras de maltrato animal, que en multitud de ocasiones termina con el fallecimiento del caballo (hablamos de más de cien caballos muertos entre 2007 y 2014). Y eso sin entrar a cuestionar qué derecho tenemos las personas de apropiarnos de la fuerza de otro ser vivo en nuestro propio beneficio.
Mientras tanto, el aumento de vehículos a motor, principalmente todoterrenos, supone otra amenaza: ruido, humo y daños y erosión del suelo, además de atropellos de animales. Es esta línea “Los intereses económicos que dependen de esta romería han provocado actuaciones peligrosas para la conservación de Doñana, como el caso del asfaltado ilegal del camino rural de Villamanrique de la Condesa a El Rocío, que fue denunciado por la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, por entender que vulnera la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (Directiva de Hábitats).” Dejando claro lo poco que importa la conservación del parque cuando hay dinero de por medio.
También la producción de basuras se dispara, así como el ruido de motores, amplificadores, gritos de día y de noche y los peligros de incendio. Asimismo, los cohetes y petardos lanzados son objeto de numerosas críticas al provocar molestias a vecinos/as y a animales, además de suponer un gran impacto en las zonas protegidas, donde anidan un gran número de aves. Hablamos, en datos del 2010, de que sólo en la provincia de Sevilla pueden transitar en el Espacio Natural de Doñana en esos días unos 35.000 peregrinos, 3.000 tractores y 2.200 todoterrenos.[1]
Para SEO/BirdLife, es necesario estudiar el impacto ambiental acumulado que generan los tránsitos romeros en el espacio protegido, pues “la gestión que se realiza de los tránsitos de las hermandades por el interior del espacio protegido utiliza criterios sociopolíticos, no se basa en ningún estudio científico que demuestre la no afección a la fauna y flora, no se ha definido la capacidad de carga, ni el impacto sobre los ecosistemas.”
En conclusión
Cada año hay denuncias de grupos ecologistas y cada año, desde las administraciones, se proponen distintas soluciones que no dejan de ser parches: limitar el tránsito de coches, de personas, sistemas de recogida de basuras… con el compromiso de las hermandades, dado que muchas entienden que, si cruzan la línea roja, se terminará prohibiendo el paso por Doñana.
Al final, la religión vuelve a imponerse. La tradición y la superstición pueden campar a sus anchas, hacer y deshacer a su antojo, pues para eso son un puntal de nuestra preciada Europa (frente a esos medievales que pueblan el otro lado del Mediterráneo). Lo que nadie debería de hacer, arrasar cual Atila a su paso por un espacio de alto valor medioambiental, lo pueden realizar un grupo de exaltados/as, pues ellos lo hacen en honor a la Virgen. Y el colofón lo pone el espectáculo televisivo que todos los años nos tragamos en el telediario del día en cuestión, saltos, empujones, conatos de avalanchas y lanzamientos de niños/as pequeños/as (que, como es esperar, acaban llorando ante semejante locura) al salir La Imagen de la iglesia en su peregrinación por la aldea del Rocío.
Mientras tanto, otras amenazas acechan
Al recopilar información sobre el Parque Natural de Doñana, hemos podido encontrar muchas noticias sobre las diversas amenazas que ha sufrido el parque en los últimos años debido al desarrollismo sin freno y a la cantidad de infraestructura que la industria necesita para mantenerse, que, siguiendo la lógica capitalista, antepone el beneficio económico sobre la conservación ambiental.
Por suerte, y por mediación de los organismos europeos, la mayoría de estos proyectos han sido cancelados o están temporalmente parados: la creación de un oleoducto iba a traer consigo un incremento de barcos petroleros, con el consiguiente riesgo de vertido, la amenaza del fracking, nuevas redes de carreteras bordeando el parque (con la consecuente deforestación), a pesar de que el número de linces que mueren atropellados es un disparate teniendo en cuenta todo lo invertido en su cría y conservación, o el proyecto de dragado del Guadalquivir para aumentar el tráfico fluvial en el puerto, que acarrea la destrucción del estuario, que no solo funciona como el hábitat de multitud de especies, sino que es sustento de cientos de familias que viven del cultivo del arroz, etc.
Reminiscencias de la tragedia de Aznalcóllar, que hemos abordado en otros números anteriores (nº 31, agosto de 2013 y nº15, mayo de 2015, artículos dedicados a la minería), en la que se produjo un vertido de residuos tóxicos en las inmediaciones del parque (concretamente en la provincia de Sevilla), el 25 de abril de 1998, causado por la rotura de la presa de la balsa de contención para los residuos de pirita de la mina de Aznalcóllar (Boliden Apirsa S.L.), a 60 km del parque: La rotura produjo de forma inmediata el vertido al río Agrio y al Guadiamar de dos mil millones de litros de lodos, con alto contenido en elementos metálicos procedentes del proceso de flotación de la pirita, y otros cuatro mil millones de aguas ácidas cargadas de metales pesados en disolución. El vertido afectó a un tramo de 62 kilómetros de longitud de la cuenca del río Guadiamar, con una anchura variable de entre 500 y 1000 metros, desde Aznalcóllar hasta Entremuros, en el límite con el Parque Nacional de Doñana, donde quedó retenido casi la totalidad del vertido por una serie de muros de contención. El vertido acababa a su paso con la vida en el cauce del río, afectando a flora, fauna piscícola, cangrejos, anfibios y otra fauna acuática, viéndose también dañadas varias colonias de aves, donde los nidos fueron arrastrados por el agua.[2] Tras diez años de proceso judicial y unos 89 millones de euros invertidos en limpieza, el alcance de la contaminación de suelos, lodos y aguas sigue siendo grande, manteniendo la presencia de los elementos metálicos vertidos, muchos de ellos bioacumulables, cuya presencia queda garantizada a lo largo de toda la cadena alimenticia.
Sin embargo hay un asunto que preocupa sobre los demás y se trata de la explotación ilegal del acuífero que mantiene las marismas de Doñana por parte del sector agrario de la zona, ocupado mayoritariamente en el cultivo de fresas.
El regadío y los pozos ilegales
El 60% de la producción de fresón de España, proviene del entorno de Doñana, con unas 6.000 hectáreas de cultivo, provocando un severo impacto sobre la calidad y la cantidad de agua disponible para los humedales del parque, especialmente porque la mitad del agua utilizada procede de pozos ilegales, excavaciones que no cuentan con autorización alguna y que abastecen campos procedentes de la deforestación de pinares. Estos campos, provocan por tanto, la fragmentación de los hábitats de las poblaciones de animales, obstaculizando los corredores naturales de la fauna terrestre (efecto barrera) y comprometiendo el mantenimiento de la biodiversidad.
Los aportes del acuífero al arroyo de La Rocina, una de las principales fuentes de agua para las marismas, han descendido en un 50% en los últimos treinta años y un tercio de los cultivos se encuentran en suelo público, abastecidos por unos 2.000 pozos ilegales.
Ante este problema, donde una vez más, el ser humano elige el beneficio económico por encima del medioambiental, la administración andaluza aprobó en diciembre de 2015 el Plan de la Corona Forestal, para poner orden en la expansión de cultivos y cerrar pozos ilegales. Un año después, el plan seguía parado, en parte debido al freno que tratan de poner desde la Plataforma para la Defensa de Los Regadíos del Condado de Huelva, lobby de empresarios (por llamar de alguna manera a esos ladrones expoliadores de agua y terrenos protegidos) y alcaldes, en su mayoría del PP, que piden (y en algunos casos consiguen) amnistía frente a dicho plan: El caso es que la amnistía ya se aplicó, aunque parcialmente, en el Plan de la Corona Forestal, que daba legalidad a las explotaciones anteriores a febrero de 2004, consolidando más de 4.000 hectáreas de riegos ilegales y descatalogando más de 2.000 hectáreas de montes públicos, según WWF. Ahora los regantes ilegales quieren dar otra vuelta de tuerca al grifo del agua de Doñana y que la amnistía sea total. Argumentan que Huelva tiene reservas suficientes de agua, pero el descenso de los niveles del acuífero ya provoca un importante efecto barrera aislando a Doñana de otros espacios naturales como el Río Tinto o Sierra Morena. Tanto es así que la Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción contra España por el mal estado del acuífero de Doñana y por la forma en la que está afectando a sus ecosistemas[3].
Ha sido en marzo de este mismo año cuando se ha escrito el último capítulo (de momento) de esta historia: la ministra en funciones, Fátima Báñez, ha autorizado el uso de aguas superficiales a los regantes mediante el trasvase desde la demarcación Tinto-Odiel-Piedras hasta la cuenca del Guadalquivir, justificándolo de la siguiente manera: “hoy los regantes ganan y con ellos gana todo Huelva porque el agua crea empleo al fortalecer el sector agrario, que en el último año ha creado más de 9.000 empleos y ha crecido un 15 %”. La autorización conlleva la prohibición expresa de utilizar aguas subterráneas, así como que el agua que se derive no podrá tener ningún uso distinto al del regadío. Los pozos ilegales comienzan, por fin, a cerrarse, sin embargo, la palma se la llevan los/as de siempre, pues los cultivos extensivos de regadío permanecen y a los problemas ya comentados arriba, se suman los del trasvase del río, más aún en una época seca como la que estamos viviendo, donde no sabemos qué nos deparará un verano que posiblemente destaque, una vez más, por el récord de temperaturas mayores.
[1] Las notas en cursiva provienen del artículo “Romería de El Rocío” de wikipedia
[2] Extraído de www.wwf.es/que_hacemos/donana/aznalcollar_y_el_corredor_verde/
[3] Extraído de elcorreoweb.es/andalucia/guerra-del-agua-en-donana-BK1286267