Las muertes de Mame Mbaye y de la libertad de expresión

El 15 de marzo de 2018 Mame Mbaye huyó de una redada policial mientras ejercía su trabajo como mantero en el centro de Madrid. Poco tiempo después, falleció sobre el asfalto de Lavapiés, tras haber sufrido un paro cardiaco. «Moría después de salir huyendo de la policía municipal tras una persecución que había tenido lugar unos minutos antes. Una persecución que ya era habitual. Casi diaria. Porque Mame era mantero y eso es lo que solía hacer, salir corriendo cuando veía a la policía«, explican las abogadas Eduardo Gómez y Marta Herrero. Como extranjero en situación irregular en España, Mame no tenía derecho a recibir asistencia sanitaria y nunca se le había detectado la enfermedad cardiovascular que, al parecer, tenía. «Si Mame hubiese podido acudir al médico con la normalidad de cualquier ciudadano, este le hubiera dicho que no era bueno que corriese. Que si lo hacía ponía en peligro su delicado corazón. Pero claro Mame era mantero, sin papeles, negro, pobre y tenía que correr. ¿Qué iba a hacer si no?«, relatan Eduardo Gómez y Marta Herrero.

Esa noche la indignación tomó las calles de Lavapiés, donde se produjeron manifestaciones en recuerdo de Mame, así como cargas policiales, disturbios y quema de contenedores. Vecinas del barrio –muchos de ellos senegaleses– y activistas antirracistas de toda la ciudad expresaron su rabia por el trato dispensado por las instituciones públicas a las personas extranjeras y racializadas en una noche que se saldó con varias detenciones[1] y algunos heridos de gravedad[2]. «Hubo desórdenes en Lavapiés, se quemaron contenedores, se lanzaron sillas a la policía, se apedreó el coche del cónsul senegalés cuando intentó visitar el barrio y se denunció en redes sociales el racismo institucional que emanaba a raudales de todo lo que envolvía el caso de la muerte de Mame, como envuelve las vidas de otros muchos extranjeros sin papeles, y muchas veces incluso con ellos. Por unos días Lavapiés estuvo cerca de convertirse en Clichy, ese barrio de los suburbios parisinos donde en 2005 prendió la chispa de una revuelta que mantuvo en jaque al gobierno de la ciudad, y de la propia República, durante tres semana y puso en la agenda pública la enorme grieta que separaba, y separa, a los municipios y barrios más deprimidos de Francia del resto del país«, explican Gómez y Herrero.

Pero la indignación no se quedó en Lavapiés. Muchas personas denunciaron el racismo institucional también por otros medios, como las redes sociales, artículos y entrevistas. Poco después, algunos sindicatos policiales se querellaron contra varias personas –entre ellas la concejala “anticapi” Romy Arce y otros tuiteros– por delitos de injurias y calumnias contra la policía, los cuales tuvieron que acudir ante un juez de instrucción en Plaza Castilla y explicar el sentido de sus mensajes.

Algunos meses después, la causa se archivó para Arce y varias tuiteras más, al no quedar acreditado que sus palabras, achacando la muerte de Mame al racismo institucional, fueran dirigidas a injuriar a la policía. Sin embargo, la causa no se archivó para Malick Gueye, el portavoz del Sindicato de Manteros y Lateros de Madrid –quien había concedido una entrevista a 20Minutos tras la muerte de Mame– y el periodista Fonsi Loaiza[3] –quien había tuiteado al respecto de la muerte del mantero.

El 1 de octubre de 2021, más de tres años después de los trágicos hechos, Malick y Fonsi fueron juzgados en el Juzgado de lo Penal nº 20 de Madrid. Finalmente, Malick fue absuelto, entendiendo el juez que sus declaraciones se emitieron con el fin de denunciar “la situación en la que se encuentra el colectivo de inmigrantes en situación irregular en el barrio de Lavapiés”. De este modo, se concluye que no puede demostrarse una intencionalidad vejatoria hacia la policía sino una crítica a la política de extranjería en la que “da lugar o permite situaciones de marginalidad, generadora de violencia social”. Sin embargo, condenó a Fonsi Loaiza como responsable de un delito de injurias graves por sus tuits responsabilizando la muerte de Mame  la labor policial. “Los mensajes vertidos no encuentran amparo en el ejercicio de la libertad de expresión. Se ha producido un exceso en dicho ejercicio, en cuanto se atenta contra la dignidad, crédito, fama o prestigio de la Policía Municipal de Madrid, a la que se alude en general, pero con referencias específicas a los agentes que hipotéticamente pudieron perseguir al acusado, considerándola autora de un asesinato”, señala la sentencia. Además, apunta que la información no se caracteriza por ser veraz y se expresa con desprecio hacia la verdad. La pulcritud de la actuación policial, por tanto, se convierte en una verdad judicial incuestionable. Y quien lo haga sufrirá las consecuencias.

Este caso no es más que una muestra más de todos los delitos de opinión cuya judicialización va en aumento en el Estado español. Sindicatos policiales se dedican a denunciar a quien “se excede en su crítica a los cuerpos policiales” por injurias contra la policía y, en algunos casos, por delitos de odio. Abogados Cristianos hace lo propio contra quien ofende los sentimientos religiosos de los feligreses[4] o “busca imponer la ideología LGTBiQ” en instituciones o en las aulas[5]. Vox anunció que se querellará por delito de odio contra quienes les acuse a ellos de propagar el odio. Y no podemos olvidar que distintas unidades policiales monitorizan las redes buscando enaltecimientos del terrorismo en las redes que denunciar.

En un mundo cada vez más interconectado es muy fácil descubrir que están diciendo otras personas, ofenderse y denunciarlo. Se trata de una dinámica que hay que eliminar, o de lo contrario la libertad de expresión desaparecerá para siempre.

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[1] A finales de octubre de 2021, dos jóvenes fueron juzgados por supuestamente participar en esos disturbios. La Fiscalía les pedía 7 años de prisión y finalmente conformaron una pena de 1 año para evitar entrar en la cárcel.

[2] Como el caso de Arona Diakhate, que recibió un golpe de porra en la cabeza mientras se encontraba apoyado en una farola, sin haber hecho nada para provocar a los agentes. Quedó inconsciente y se le tuvo que intervenir de urgencia en el hospital.

[3] Loaiza es autor del libro Siempre Saltando Vallas: Deporte femenino y medios de comunicación.

[4] Por ejemplo, existe una causa abierta en un juzgado de Alcalá de Henares contra unas personas que protestaron en la catedral contra los cursos para curar la homosexualidad que dispensaba el Obispo de Alcalá.

[5] Recientemente, una jueza de València estimó una solicitud de medidas cautelares de Abogados Cristianos, obligando a retirar una serie de libros de temática LGTBiQ del currículo escolar. La decisión fue finalmente revocada por otro juez.