Recientemente se han puesto de moda en televisión programas de investigación en los que se analizan las cárceles extranjeras que encierran presos/as españoles/as entre sus rejas. Estos programas denuncian la situación en la que se encuentran fuera de nuestras fronteras y han consiguiendo que la gente se lleve las manos a la cabeza por las condiciones en las que se ven obligados/as a vivir en estos lugares tan hostiles.
Sin embargo, sería mucho más polémico y revelador (aunque menos patriótico), que estos programas investigaran sobre lo que ocurre en las instituciones penitenciarias “marca España” como lo son los CIE (Centros de Internamiento para Extranjeros).
Según la definición oficial, un CIE es un establecimiento de carácter no penitenciario donde se retiene de manera cautelar y preventiva a extranjeros/as sometidos a expediente de expulsión del territorio nacional.
En la práctica, son cárceles para personas que no han sido condenadas por delito alguno, privándolas de sus libertades y derechos fundamentales, sin una regulación clara, generando una completa indefensión.
Las personas encarceladas en los CIE, son extranjeras/os procedentes de países que no pertenecen a la Unión Europea, que se encuentran de manera irregular sobre el territorio español. Son, en su mayoría, procedentes de países de América Latina, Magreb y del África subsahariana, de escasos recursos económicos y que, en muchos casos, llevan muy poco tiempo dentro de nuestras fronteras. A menudo, cuando son detenidas no se encuentran en procedimientos de expulsión, sino que son detenidas/os por estar indocumentados/as y el expediente de expulsión se inicia una vez detenidos/as, encarcelándoles en un CIE durante 60 días para luego ser expulsados/as o puestos en libertad con una orden de expulsión administrativa que les obliga a vivir en una situación perpetua de ilegalidad.
Nuestro país castiga a las personas que han nacido fuera de nuestras fronteras, encerrándolas, desprotegiéndolas y arrebatándolas de su dignidad y derechos, pues una vez encarceladas, son obligadas a vivir hacinadas, en malas condiciones de luz, ventilación y salubridad, separándoles de sus hijos/as (que en ocasiones son llevados/as a centros de acogida de menores) e incomunicándolas, sin acceso a intérpretes ni organizaciones que puedan informarles acerca de sus derechos o ayudarles en los procesos administrativos. Tampoco se respetan sus cultos religiosos y se las somete a tratos vejatorios, humillaciones y torturas. Y, por supuesto, no se las ofrece un servicio médico ni regular ni de calidad (el Ministerio del Interior contrata los servicios médicos de empresas privadas), provocando el empeoramiento de la salud de las/os internas/os, el agravamiento de sus enfermedades, e incluso, la muerte.
Este sistema perpetúa desigualdades, y para visibilizar nuestro rechazo, diferentes colectivos de Carabanchel y Aluche han organizado unas jornadas durante los meses de noviembre y diciembre con el objetivo de informar sobre los CIE y de manifestarnos en contra de su existencia.
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