Una cálida mañana del 14 de junio en 1884, la Plaza del Mercado del municipio gaditano de Jerez de la Frontera fue testigo del asesinato de siete campesinos por garrote vil en un cadalso de la ignominia, acusados de pertenecer a «la mano negra», supuesta sociedad secreta anarquista que jamás ha sido corroborada su existencia. El campo andaluz en el último tercio del siglo XIX fue la punta de lanza de la acción obrera y revolucionaria, donde acceden las ideas de comunismo anarquista de Piotr Kropotkin, que son ávidas de generar una pulsión transformadora entre el campesinado que nada tenía que perder salvo siglos de arrastrar pesadas cadenas.
La organización obrera en el siglo XIX, la Federación de Trabajadores de la Región Española
La Asociación Internacional de Trabajadores había entrado a España la década anterior, celebrando su primer congreso obrero en 1870 en Barcelona, y fundando la FRE-AIT, es decir, la Federación Regional Española, que asumió principios bakuninistas. Durante ese trienio se desarrolló un nuevo congreso en Zaragoza (1872), y otro más en Córdoba (1873). Sin embargo, la caída de la Primera República española y la represión al incipiente movimiento obrero, hizo necesaria su resistencia en la clandestinidad, surgiendo innumerables sociedades obreras urbanas y campesinas. Esta situación de grupos secretos partidarios de la acción directa habían sido consecuencia de esa represión, pero se consolidó como la principal vía estratégica en los siguientes años hasta el fin de la década. Con el objetivo de no perder el horizonte en construir grandes movimientos de masas, nace una iniciativa para refundar legalmente dicha organización en 1881 en Barcelona.
De esta manera quedó disuelta oficialmente la Federación Regional Española, y ante el nuevo clima político instaurado por el gobierno del liberal Práxedes Mateo Sagasta, que había prometido la libertad de asociación, se proponía cambiar la política de la comisión federal y salir de la clandestinidad. Partiendo de la propuesta del grupo catalán representado por librepensadores anarquistas como Josep Llunas, Rafael Farga o Antoni Pellicer, se convoca un debate en febrero de 1881 en el barrio de Gràcia. En este encuentro se discuten las distintas vías estratégicas e ideológicas, y se acaba por aprobar una nueva comisión que convocó ese mismo verano el congreso del mes de septiembre de 1881 con el apoyo de cincuenta sociedades obreras de Cataluña que se adhirieron. Allí nacerá oficialmente la Federación de Trabajadores de la Región Española (FTRE), de tendencia colectivista y sobre las bases de una estrategia organizativa frente a las vías insureccionalistas, poco proclives de la acción política y social pública. Se continuaban de esta manera las bases que se habían sentado con la Alianza Internacional de la Democracia Socialista, la necesidad de una organización obrera amplia y visible para construir un movimiento fuerte.
La lucha en el campo andaluz, y la propaganda por el hecho
A «la mano negra» se le acusó de ser una presunta organización secreta de carácter anarquista, y que durante los primeros años de la década de 1880 actuó en el campo andaluz en el contexto de la lucha de clases y la expansión de las ideas comunistas libertarias. A esta supuesta sociedad secreta se le atribuyeron diversos homicidios, incendios de cosechas y de edificios. La denominada «propaganda por el hecho» había sido mencionada ya en 1876 por los italianos Errico Malatesta y Carlo Cafiero entendiendo este concepto como la acción directa colectiva, es decir, motines, manifestaciones, huelgas, pero no mencionándose en ningún caso los atentados individuales. La acción revolucionaria debe propagarse mediante el ejemplo y la acción, y será pocos años después cuando algunos individualistas como Johann Most comienzan a utilizar esta clase de acciones desvinculadas de una lucha social amplia. Estas acciones se daban en un contexto de ilegalización de las organizaciones anarquistas, en total clandestinidad y como una vía de resistencia ante la falta de recursos para generar una organización más estable.
Los primeros años de la década de 1880 fueron de grandes sequías en el campo andaluz y muy malas cosechas, lo cual provocó hambruna y conflictividad social; se produjeron asaltos a establecimientos, robos e incendios ante la situación de desesperación. Más allá de estos actos como consecuencia de una expresión de malestar social de las clases populares, se organizaron asaltos a fincas y motines de protesta ante la subida de los precios. En noviembre de 1882 hubo un motín urbano en Jerez de la Frontera donde intervino la Guardia Civil y el Ejército, deteniendo posteriormente a sesenta obreros, Estos raramente acababan enfrentándose directamente a las fuerzas represivas ni a los guardas de las fincas. Pero los propietarios de tierras andaluces comenzaron a temer debido a que la población jornalera cada vez se veía más abocada a la limosna, el robo o la muerte.
La autenticidad de los documentos encontrados supuestamente por la Guardia Civil en una finca, probablemente en manos ya de la guardia municipal jerezana años atrás, y que sustentaron según las fuerzas represivas la existencia de este grupo de «la mano negra» es muy dudosa su existencia, ya que correspondía a un lenguaje propio de la década anterior en clandestinidad, y no la resolución tomada por la FTRE recientemente. Aprovechando el sensacionalismo de la prensa liberal para difundir estos escritos, se constituyó una perfecta artimaña para atemorizar a la opinión pública, y sobre todo, para actuar represivamente contra jornaleros organizados. Tras haberlo justificado documentalmente, llegaron los hechos y crímenes supuestamente atribuidos a «la mano negra», generando una atmósfera de terror y de demencia abominable contra organizaciones anarquistas. Si bien estas habían tenido tendencias hacia el ilegalismo, pero el propio órgano de prensa ácrata andaluz, «Revolución social», denunciaba el amarillismo intencionado de esta prensa liberal gubernativa.
Los sucesos de «la mano negra», represión y desarticulación del movimiento obrero
Se acusaba a «la mano negra» de haber perpetrado varios crímenes, primeramente el 4 de diciembre de 1882, tan solo dos días más tarde de la primera oleada de detenciones, fue asesinado un matrimonio de venteros en el camino del municipio de Trebujena. Y dos meses más tarde, el 4 de febrero de 1883, en el municipio de San José del Valle, se encontró el cuerpo muerto de un joven campesino arrendatario llamado Bartolomé Gago, conocido después como el «crimen del Blanco de Benaocaz» o «crimen de la parrilla», que supuestamente fue asesinado el mismo día de los venteros. Si bien estos crímenes carecían de un sentido político alguno directamente relacionados siquiera con motines populares o acciones anarquistas, la prensa y sobre todo el gobierno los relacionó rápidamente con la Federación de Trabajadores de la Región Española.
El propósito era doble, primeramente imposibilitar una organización obrera fuerte en el campo andaluz y evitar una huelga agraria; y en segundo lugar vincular a la FTRE con el terrorismo y la acción violenta, presentándola como una entidad perniciosa. Esta federación se defendió corroborando una línea estratégica societaria y organizativa amplia, desvinculándose de cualquiera de los crímenes de los que se la acusaba. Esta defensa federal ahondó igualmente las diferencias entre el sector legalista y el clandestinista en el seno de la federación, si bien la organización clandestina no implicaba obligadamente la realización de acciones individualizadas, ni mucho menos crímenes de los que eran acusados. Una organización clandestina de obreros rurales en un contexto de persecución como en el campo andaluz, habitualmente se reunía para propagar una mejor conciencia de clase y la autodefensa de los jornaleros.
En junio de 1883 el tribunal de Jerez condena a muerte inicialmente a siete personas, y a otras ocho a penas de prisión mayor. Esas condenas fueron revisadas por el Tribunal Supremo en abril de 1884 declarando la pena de muerte a todos los acusados menos uno, sin embargo, nueve vieron conmutada esa pena, y finalmente fueron siete los asesinados por garrote vil en la Plaza del Mercado de Jerez el 14 de junio de 1884. Casi dos décadas después de estos juicios aún quedaban algunos presos encarcelados, así que el periódico anarquista madrileño Tierra y Libertad inició en enero de 1902 una campaña anticarcelaria en favor de los condenados, y se consiguió que el gobierno los liberase en marzo de 1903, conmutando la prisión por el destierro.
El debate en torno a la existencia de «la mano negra» ha generado mucha controversia, siendo algunas de las versiones más verificables que tal organización no pareció existir, sino pequeños grupos inconexos e influenciados por el comunismo anarquista que protagonizarían pequeñas acciones entre la rebeldía y el pillaje común, pero no está corroborado que perpetrasen estos homicidios atribuibles a ninguna organización anarquista. Aunque no se pueda negar la violencia y conflictividad en el campo andaluz en esa década, pero todo apunta a que actos individualizados, sirvieron para justificar una campaña muy convenientemente explotada por las autoridades, quienes crearon un montaje policial para romper las bases organizativas de la Federación de Trabajadores de la Región Española, y sembrar la división en el campo andaluz.
Esta conspiración clandestina creada seguramente por algunos mandos de la Guardia Civil tuvo como consecuencia la decadencia de la FTRE, quien celebró su Congreso de Valencia en octubre de 1883 con muchos menos delegados que en el anterior encuentro. Este congreso fue crítico con la confusión generada adrede por la prensa y el gobierno liberal para vincular los crímenes del campo andaluz con la organización. La federación se desmarcó de actos individualizados, ya que se apostaba por una organización obrera pública temiendo su ilegalización nuevamente. Esto marcó unas mayores diferencias ideológicas y de estrategia en el seno federativo que llevaron a una decadencia y la disolución definitiva de la FTRE viéndose las graves discrepancias internas entre la vía ilegalista, y aquella que quería organizar una lucha de carácter sindical. La historia no nos puede resultar ajena a los debates en el seno del movimiento libertario ya que no atender a nuestra memoria se convierte en un hecho de irresponsabilidad política con el presente y la potencialidad revolucionaria actual.