Montañas de usar y tirar: la fiebre de la minería a cielo abierto

Mientras el ritmo imparable de producción y consumo del capitalismo sigue su curso – incluso en estos tiempos que llaman de “crisis”-, la búsqueda incesante de recursos que alimenten a la máquina va cada vez más lejos, desarrollando nuevas técnicas de extracción que tiempo atrás ni siquiera se consideraban como opción (no por lo sofisticadas, sino por lo costosas y monstruosas). Así, yacimientos de gas, petróleo o minerales que se habían abandonado porque su extracción ya no resultaba rentable, son reabiertos ahora a la desesperada empleando técnicas cada vez más destructivas del medio ambiente y peligrosas para la salud humana. Tiempo atrás hablábamos en esta publicación de una de ellas, la extracción de gas “no convencional” mediante la fractura hidráulica. Ahora queremos dedicar unas líneas a la minería a cielo abierto, que ha destruido ya enormes territorios en el Estado español y en el resto del mundo, y cuya expansión constituye una seria amenaza en cada vez más lugares.

Esta técnica consiste en la excavación de grandes oquedades en la montaña, generalmente mediante perforaciones y megadetonaciones para romper la roca, de forma que queda expuesto a la superficie el yacimiento que contiene el mineral comercial deseado (carbón o metales como el cobre, el oro y los metales tecnológicos como el litio, tantalio, etc). Las toneladas de material estéril excavado se apilan en escombreras, y el material aprovechable pasa por diferentes procesos (frecuentemente contaminantes) para extraer el mineral.

Galiza es una mina

En el mes de enero la Xunta de Galiza sometió a información pública los expedientes de diversos proyectos mineros en los ayuntamientos de Xinzo de Limia, Forcarei, Corcoesto, Castrelo de Miño, Ramirás y Cartelle (solamente algunas de las muchas solicitudes recibidas en los últimos años), revelando sus intenciones con un lema tan cristalino como el de “Galiza es una mina”.

El más conocido de los proyectos previstos es el de Corcoesto, por ser el de mayor magnitud y el más catastrófico para el territorio. Este proyecto afecta a los ayuntamientos de Carvallo, Cabana de Bergantiños, Ponteceso, Coristanco y principalmente a las parroquias de Cereo y Valenzá. La Xunta ha concedido un permiso a la multinacional canadiense Edgewater para reabrir una antigua mina de oro que había sido cerrada por una empresa inglesa en 1910 por su baja rentabilidad.

Edgewater pretende ampliar el área de extracción a 700ha, en las cuales la empresa estima que obtendrá unas 34 toneladas de oro (no más que la carga de un camión) en el total de los ocho o diez años de actividad previstos. Pero el verdadero objetivo de la minera va mucho más allá de este relativamente bajo beneficio. Como la propia empresa declara en el proyecto de Corcoesto, su «objetivo prioritario [es] la obtención de los derechos mineros disponibles, tanto alrededor del Proyecto Corcoesto, como en otras zonas a lo largo del cinturón aurífero Malpica-Tuy, en las que se conocen numerosos indicios de oro (…) que por su reducido tamaño sólo podrían ser económicamente explotados en el caso de poder beneficiarse de una planta de tratamiento ya en funcionamiento y próxima«, como sería la de Corcoesto. De conseguirlo, la cantidad a extraer se ampliaría casi cuatro veces, y con ella los efectos devastadores sobre el territorio a lo largo de todo el cinturón, de unos 140km de longitud. De hecho, la empresa ya ha solicitado otras once concesiones en la zona. La estrategia de hacerlo por fases pretende evitar alarmar a la población y provocar su rechazo, y sobre todo ocultar el tremendo impacto ambiental acumulado de toda la explotación, solicitando Declaraciones de Impacto Ambiental parciales cuya aprobación sería más fácil.

La Xunta, por su parte, con la creación de empleo como excusa para todo, le está dando todo tipo de facilidades a la multinacional para el Proyecto Corcoesto, permitiéndole llevar a cabo sus investigaciones previas en una finca sin licencia para ello (que fue finalmente clausurada tras una denuncia vecinal), aprobando la Declaración de Impacto Ambiental, y allanando el terreno mediante la propaganda mediática. De aprobarse también la solicitud -admitida ya a trámite- de ser considerado proyecto industrial estratégico, la empresa lo tendría aún más fácil para esquivar normativas urbanísticas y ambientales.

El precio del oro

Los efectos de la minería a cielo abierto van mucho más allá de los obvios que supone el sinsentido de ponerse a abrir cráteres inmensos en una montaña. Aparte de la destrucción directa de grandes superficies de hábitat de numerosas especies, esta brutal alteración de la morfología del terreno afecta también a los acuíferos y cursos de agua, y acarrea unos fuertes procesos erosivos sobre el material apilado en escombreras (que, considerando que la razón habitual de extracción de oro es de entre 1 y 5 gramos por cada tonelada de material, podemos hacernos a la idea del inmenso volumen que ocupará), los cuales impiden que se recupere la cobertura vegetal y pueden colmatar los cursos de agua cercanos.

Pero aún más preocupante es la contaminación generada por esta actividad. Además del polvo residual que se dispersará por el aire hasta un diámetro de 30km depositándose sobre cultivos, poblaciones y cualquier cosa que haya alrededor, las voladuras y excavaciones exponen a la superficie materiales tóxicos y peligrosos como el arsénico contenido en la arsenopirita, que en Corcoesto se halla en grandes cantidades. Según un informe del Instituto de Investigacións Mariñas del CSIC y la Universidade de Vigo, la contaminación por arsénico causada por la antigua mina continúa hoy en día, encontrándose altas concentraciones en el río Anllóns que baña la comarca y en el estuario que forma en su desembocadura. Si una pequeña mina de galerías ha liberado tales cantidades, no hace falta ser científico para saber el efecto que puede tener una explotación de 700 ha a cielo abierto.

Por otra parte, estos materiales liberados, al entrar en contacto con el aire y el agua sufren procesos de oxidación que alteran los minerales y generan acidez, bajando el pH del suelo y del agua (proceso conocido como drenaje ácido). Y por si fuera poco, el tratamiento al que es sometido el mineral para extraer el oro se basa en la utilización de toneladas de cianuro de sodio, otro peligroso tóxico que correrá el riesgo de liberarse al medio.

Supuestamente los elementos contaminantes procedentes del lavado del material y del proceso de cianuración serán contenidos durante años en balsas impermeabilizadas. Balsas como las que reventaron en Aznalcóllar y en Ajka (Hungría) ocasionando catástrofes naturales irreparables. La realidad es que, como en cualquier otra industria, la empresa sabe muy bien que a menores costes, mayores beneficios, y todo lo que se pueda ahorrar en materiales, mantenimiento de las balsas, controles de contaminación, etc., es más que seguro que se lo ahorrará.

Si bien es cierto que tras los desastres ocurridos históricamente la legislación en cuanto a los residuos mineros ha establecido límites y medidas de seguridad (sobre todo con el Real Decreto 975/2009, creado tras Aznalcóllar), éstas nunca serán suficientes ni podrán evitar totalmente la filtración de contaminantes al terreno, la erosión, acidificación y demás consecuencias de la actividad. Igualmente, la restauración del terreno a la que obliga la legislación no es más que otro argumento para justificar la devastación, y en muchos casos es esquivada por las empresas, que prefieren dejar la zona arrasada y perder el aval minero a pagar lo que cuesta una restauración, o que evitan la misma declarando la mina en “suspensión de labores” temporal en vez de clausurarla. En el caso de Corcoesto, Edgewater se ha comprometido a acondicionar durante dos años la zona con bosques, prados, una plantación de árboles frutales y un lago artificial. Un escenario idílico si no fuera porque lo más probable es que la destrozada morfología del terreno no permita que las plantaciones prosperen (menos aún si tras esos dos años se abandona la zona a su suerte) y porque olvidan el detalle de la contaminación del suelo, el agua y, en consecuencia, de toda la cadena alimenticia.

Una amenaza en expansión

La situación en Galicia no es un caso aislado. La excusa tan recurrida en estos tiempos de la creación de empleo, junto con el tremendo alza del precio del oro (de 700 a 1700 dólares en los últimos quince años) han hecho aumentar los proyectos de este tipo que hace unos años no eran viables económicamente o eran rechazados. El ejemplo quizás más conocido en el Estado español es el valle de Laciana, en León, en el cual han proliferado en las dos últimas décadas numerosas minas de carbón a cielo abierto, muchas de ellas sin licencia y actualmente condenadas por la UE y por el Tribunal Superior de Castilla y León a clausurar su actividad (tras haber destrozado ya el valle y haber mantenido la explotación impunemente durante años). Pero más allá de Corcoesto y Laciana existen muchos otros proyectos similares, como la mina de oro aprobada en los municipios asturianos de Belmonte, Salave, Tapia de Casariego, Castropol y El Franco, o la que afectará al paraje de Valurcia en Palencia.

Si este panorama no está pasando del todo inadvertido es por la importante labor de difusión que están realizando numerosos colectivos y plataformas de rechazo a la minería a cielo abierto que han surgido en los últimos años, tanto desde los territorios afectados como desde fuera de ellos (como es el caso de SOS Laciana, surgido desde Madrid). Las movilizaciones parecen estar empezando también a tomar fuerza al menos en Galicia, donde la campaña contra el proyecto de Corcoesto reunió el pasado 2 de junio a más de 12.000 personas en Santiago de Compostela, en una manifestación convocada por la plataforma ContraMINAcción.

Sin embargo, nos gustaría destacar un ejemplo un poco más lejano: la lucha contra la mina de oro de Skouries en Grecia, cuya actividad está planeada para empezar en 2015. En los últimos meses la resistencia contra este proyecto y la represión a la misma han alcanzado niveles a los que no estamos acostumbrados/as por aquí. Ante los sabotajes y ataques incendiarios a la maquinaria de la mina y demás acciones contra la misma, la represión policial ha ido en aumento, realizando brutales asaltos con gases lacrimógenos y redadas a varios domicilios en la población de Ierissos, foco de la resistencia. Esta represión, lejos de lograr la desmovilización que pretendía, ha despertado la solidaridad con los/as detenidos/as y una mayor determinación de defender la zona, levantando barricadas para impedir el paso de maquinaria y antidisturbios, y asaltando la abandonada comisaría de policía de la localidad y quemando en la calle todo su contenido. Reflexionar sobre las distintas luchas por la defensa del territorio y analizar sus límites y potencialidades daría para muchas más páginas y no es la pretensión de este artículo, pero nos parecía importante al menos introducir un ejemplo como éste de una comunidad en lucha activa, continua y firme por la defensa de su propio territorio.