La Policía Local de Valencia ha impuesto una multa de 4.200 euros al propietario del restaurante La Lusitana Tasca, ubicado en el barrio de El Cabanyal, por repartir comida gratis a familias sin recursos durante el confinamiento por el coronavirus. Así lo ha denunciado Javi, el propio damnificado, en un vídeo en redes sociales.
En él explica que, al declararse en estado de alarma y tener que cerrar su establecimiento, se dio cuenta de que tenía mucha comida en stock y quiso donarla a colectivos y gente vulnerable del barrio. «El día 17 de marzo hicimos un reparto de 84 raciones de comida para familias que vinieron al local a recogerlas cada 10 minutos manteniendo la distancia de seguridad y todos nosotros con nuestros EPIS (equipos de protección)», relata.
A las 16.30 horas finalizaron la entrega e, indica, se personó la Policía Local. «Vinieron con un tono amenazante y le dijeron a una compañera voluntaria que se dejara de hacer la buena samaritana y a mí me amenazaron con cerrarme el negocio», asegura.
En El Salto la noticia se explica de esta manera:
“Cuando se declara el estado de alarma, tras cerrar mi local, nos damos cuenta de que tenemos mucha comida y quería donarla a diferentes colectivos y personas vulnerables del barrio”, relata Javier Marquez, dueño de La Lusitana Tasca, en el barrio del Cabanyal. “Me puse en contacto con asociaciones, el centro de salud, la trabajadora social y la Policía Local para saber cuál era la mejor forma de llevarlo a cabo, y así lo hicimos”, añade, haciendo referencia a las 84 raciones de comida que repartieron él y otras voluntarias durante el día 17 de marzo en coordinación con la Asociación Brúfol y el Espai Veïnal del Cabanyal.
“Sabíamos que la situación se estaba poniendo muy complicada porque en el barrio hay mucha gente que vive al día, por lo que decidimos ponernos a cocinar y realizar este reparto a familias del barrio a través de la asociación”, explica Lorena Sánchez, una de las voluntarias que colabora de forma habitual con la asociación Brúfol y que ha sido multada con 600 euros. Así, durante toda la mañana y hasta pasado el mediodía, un representante de cada familia se acercaba al local, con un intervalo de 10 minutos y manteniendo las distancias de seguridad, para recoger los alimentos.
Familias que o bien estaban conectadas con algunas asociaciones del barrio o que incluso la propia trabajadora social derivaba desde el centro de salud para que acudieran a recibir alimentos ante la situación de vulnerabilidad que se vio fuertemente agravada con el estado de alarma. “Yo era conocedora del reparto de comida que iban a hacer desde un primer momento y comprobamos que se cumplía con toda la legislación en cuanto a higiene, seguridad, distanciamiento. Yo misma he derivado a muchas familias para que fueran asistidas por la asociación Brúfol y Espai Veïnal, no solo en ese momento sino también después, y he colaborado con ellos de forma habitual”, reconoce Araceli, la trabajadora social del centro de salud Marítim Serrería I, que también defiende a las personas afectadas por las multas y reclama que sean anuladas.
“Varias patrullas habían venido a ver qué estábamos haciendo y confirmaron que efectivamente se trataba de un reparto de comida y que no había ninguna actividad comercial, sino una red de alimentos y de apoyo mutuo”, explica Sánchez, “pero ya casi finalizando el reparto, acudió un policía local que se personó con su superior y nos identificaron, a mí y a otra compañera, sin decirnos que seríamos multadas”. Además, según denuncian en un comunicado conjunto firmado por más de diez organizaciones y colectivos, entre ellas Espai Veïnal del Cabanyal, Asamblea Feminista de València (Poblats Marítims-Algirós) y Orriols Convive, “uno de los agentes en tono amenazante verbalizó ‘haré lo posible por que te cierren el negocio” refiriéndose al dueño del establecimiento y “’déjate de hacer la buena samaritana’ hacia una de las vecinas voluntarias”.
Tanto las voluntarias como el propietario del restaurante y las asociaciones implicadas en el reparto defienden estar amparados por el artículo 6 del Real Decreto 463/2020 del B.O.E. del 14 de marzo, donde se establecía la posibilidad de circular con libertad de movimiento cuando la causa fuera “la asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o especialmente vulnerables”. “Entendemos que familias que están pasando hambre entran dentro del grupo de personas especialmente vulnerables y con ese criterio nos dispusimos a hacer estos repartos”, señala Sánchez, y agrega: “Estábamos cubriendo una necesidad que la administración debería haber garantizado”.
“Durante la pandemia hemos seguido utilizando este restaurante como almacén y punto de distribución de alimentos que donaba gente del barrio y gente incluso de fuera del país”, resalta Javier, “y queremos denunciar colectivamente que esto es un abuso de autoridad y decirle al Ayuntamiento de València que esto ha sido completamente un error, porque lo único que hemos hecho ha sido ayudar a las personas que no tenían nada en el barrio del Cabanyal”. Joan Ribó, alcalde de València, se ha posicionado en Twitter este mediodía y ha anunciado que “se revisarán los hechos y se actuará conforme a la ley y a la lógica humanitaria”.
