Todo se remonta a 1997, en plena cresta de la ola del boom inmobiliario, cuando Ministerio de Fomento, Comunidad Autónoma y Ayuntamiento, todos en manos del PP, se pusieron de acuerdo para desarrollar un nuevo plan urbanístico para la ciudad de Madrid: la Operación Chamartín. Esta operación urbanística tendría intención de ser desarrollada en los años siguientes por un consorcio público-privado, donde el BBVA ejerce el rol dominador. Un plan urbanístico con objetivo de desarrollar la zona norte de la ciudad de Madrid más allá de los límites de la M-30, ampliando el Paseo de la Castellana y dejando a su alrededor un reguero de viviendas, zonas verdes, rascacielos y el soterramiento de la estación de trenes de Chamartín. Con el desarrollo de los acontecimientos a la par que el desarrollo de la crisis económica, y algunas trabas legales, el proyecto se estanca hasta que en 2011 se sucede un replanteamiento respecto del plan original. El proyecto de 1997 se transforma en Distrito Castellana Norte, actual marco en el que nos encontramos, distinto proyecto pero con los mismos agentes involucrados, Ayuntamiento, Comunidad y BBVA, y sobre todo con las mismas intenciones: pelotazo urbanístico y desarrollo basado en el ladrillo con la intención de construir más de 17000 viviendas y 25 rascacielos para oficinas.
Puesta en marcha y desarrollo
Con todas las demoras que ha sufrido el proyecto y los esfuerzos, económicos, que han supuesto para el BBVA, parece que el plan se tambalea. El cambio de gobierno en el Ayuntamiento ha creado cierta incertidumbre entre los promotores del proyecto, puesto que el actual partido de gobierno, Ahora Madrid, llevaba en su programa el “impulsar la paralización de la operación Chamartín”. A esta cuestión habría que sumarle que si antes del 31 de diciembre de este mismo año no se llega a un acuerdo, el proyecto estará sentenciado. Por esta serie de razones el BBVA se ha lanzado a una campaña de promoción del proyecto, invirtiendo grandes cantidades de dinero en publicidad en los medios de comunicación y, por otra parte, el partido Ciudadanos promovió en la Asamblea de Madrid la derogación de la ley que impedía la construcción de edificios de más de 3 alturas, lo que está claramente orientado a allanar el camino a los grandes planes urbanísticos.
Esta apuesta continuada por el desarrollo del sector de la construcción como motor del desarrollo económico no es más que una muestra del modelo económico en el que vivimos y un reflejo de quienes mandan realmente en la ciudad. Hemos vivido toda una burbuja económica del sector del ladrillo, con todos los dramas sociales que ha provocado la avaricia económica de constructoras y la banca, y aun así parece que las grandes inversiones económicas siguen encaminadas a engordar ese modelo productivo que no hace sino crear empleos de baja remuneración, precarios y que no constituyen un valor social positivo para la ciudad. Una ciudad donde el Ayuntamiento va modificando su discurso en torno a la Operación Chamartín en función de quién y cuándo hable, que igual propone abrir espacios de debate ciudadano en torno a este plan urbanístico, como aprueba un proyecto inmobiliario de lujo en el barrio de Chamberí, con disensos en el seno de Ahora Madrid.
Desde el movimiento vecinal se ha mostrado un rechazo rotundo a la operación. Con una ciudad donde existen más de 250.000 viviendas vacías o 1,7 millones de metros cuadrados de oficinas vacías, ¿qué necesidades vecinales cubre esta operación urbanística? Definitivamente ninguna. Las entidades vecinales de los barrios involucrados alertan de las consecuencias negativas de un plan de este tipo; advierten del posible aislamiento de barrios enteros ante una muralla de rascacielos o el aumento de la contaminación que provocará el saturar con mayores desplazamientos en vehículos a la zona. Frente al proyecto de ciudad del BBVA, los/as vecinos/as presentan sus propias propuestas e ideas para hacer una ciudad más habitable. Los barrios del norte, alrededor del Nudo Norte de la M-30, sufren problemas de tráfico desde hace años, por lo que promueven ampliar la inversión en la red de transporte público o la falta de dotaciones básicas para algunos de los barrios de reciente creación como Sanchinarro, Las Tablas o Montecarmelo donde existe un déficit de colegios, ambulatorios o zonas deportivas. También apuestan por la promoción de la vivienda de protección oficial, fomentar el alquiler de vivienda por encima de hipotecas o la rehabilitación de viviendas.
Urbanismo como ideología
Después del crack del ladrillo, de destapar decenas de tramas de corrupción ligadas a empresas constructoras, del drama de los desahucios, de los chantajes hipotecarios de la banca… ¿A quién se le ocurriría en su sano juicio la promoción de un proyecto urbanístico como la Operación Chamartín? Un proyecto que reproduce todos los males de un modelo productivo fracasado. Una ciudad donde es un banco, el BBVA, quien diseña el desarrollo urbano de una parte importante de la ciudad, es una ciudad a los intereses del capital. Pues es el capital quien planifica por y para sí mismo, ni las miles de viviendas ni las decenas de rascacielos surgen con la intención de facilitar las vidas a sus vecinos/as, la intención no es otra que aumentar los espacios de donde la banca extrae beneficios. Por ello la oposición a estos planes es tan importante, por la contradicción de intereses entre quienes habitan un barrio y quienes acuden a él solo a poner la mano, coger el dinero y entregar unos cuantos sobres. El modelo de ciudad es un campo de batalla más, no son casualidad fenómenos como la gentrificación o la promoción de áreas para los negocios, una ciudad para sus vecinos/as no necesita de estas inversiones, las políticas neoliberales han provocado la expulsión de las capas más humildes a las periferias, mientras convierten el centro de la ciudad, y cada vez más sus barrios, en escaparates para el consumo.